Apenas el 4 de junio, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega mostró los dientes al cuerpo diplomático acreditado en Managua y a los organismos internacionales que realizan labores de observación nacional. En el discurso que pronunció durante la convención nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde se encumbró como candidato a la presidencia por séptima ocasión, llamó a los observadores “sinvergüenzas” y a los embajadores “injerencistas”, al anunciar: “Aquí se acabó la observación; váyanse a observar a otros países”.

De ese día a la fecha, transcurridas tres semanas, se suscitaron ya tres incidentes diplomáticos, algunos calificados “de gravedad” en comentarios extraoficiales, entre el gobierno de Managua y México.

El más reciente se destrabó apenas ayer, cuando los cuatro ambientalistas mexicanos que fueron detenidos y aislados durante 48 horas por la policía nicaragüense en una comunidad del sur del país y expulsados en plena noche por un puesto fronterizo del norte, hacia Honduras, llegaron poco después del mediodía del martes a Tegucigalpa, acompañados por el cónsul de México en Honduras Ludwig Pedro Barragán.

Solo entonces, los jóvenes Salvador Tenorio Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz, Eugenio Paccelli Chávez Macedo y Daniel Espinoza Giménez (quien detenta además la nacionalidad española) pudieron hablar con sus padres en México. Desde el sábado, cuando fueron arrestados por la Policía Nacional en la comunidad La Fonseca, departamento de Nueva Guinea, las autoridades nicaragüenses negaron información sobre el lugar de reclusión de los cuatro mexicanos, un joven costarricense, Byron Reyes Ortiz, y Ana Laura Rodríguez, una chica argentina, a sus respectivas embajadas y a las familias.

A pocas horas de su detención, el pasado sábado 25, el presidente Daniel Ortega atizó la angustia y el temor de las familias de los seis jóvenes cuando declaró en Managua, sin que mediara una investigación previa, que serían procesados por posesión y manipulación de explosivos. A todos se les incomunicó, les negaron asistencia consular y no se informó sobre su lugar de retención. La embajada de México interpuso dos notas diplomáticas exigiendo acceso a los cuatro connacionales, sin que obtuviera respuesta. Tras 48 horas sin información, la cancillería mexicana emitió una “alerta de viaje” contra Nicaragua.

Francisca Ramírez, destacada dirigente campesina de la región sureña de Nueva Guinea, que se opone activamente a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua que atraviese por el Lago de Managua, también fue detenida, pero ella fue liberada a las pocas horas.

No fue sino hasta el lunes por la tarde cuando se informó que los cuatro mexicanos, la argentina y el costarricense no estaban “detenidos” sino “retenidos” en el Instituto de Migración y Extranjería en la capital. Sin embargo, los seis estaban en Nicaragua con sus papeles migratorios en regla. De hecho, tenían prevista la salida del país en pocos días. Los cuatro mexicanos, todos de 25 años, son egresados de la carrera de Ciencias Medioambientales, del campus de la UNAM en Michoacán.

Ese día, ya por la noche, antes de que el incidente escalara a un conflicto diplomático mayor con cuatro países distintos, las autoridades migratorias nicaragüenses informaron que los jóvenes extranjeros habían sido deportados sin notificar, como corresponde, a las respectivas representaciones diplomáticas. En realidad, señalan fuentes cercanas al caso, fueron expulsados ilegalmente. Los cuatro mexicanos salieron en el mismo autobús propio en el que habían hecho su recorrido y pernoctaron dentro del vehículo, cerca del puesto fronterizo hondureño, en espera de que el cónsul mexicano Ludwig Pedro Barragán llegara por ellos desde Tegucigalpa, a cinco horas de distancia.

Julieta Giménez Cacho, madre de Daniel Espinoza Giménez, relató que “finalmente, luego de tres días de angustia” pudieron hablar con su hijo. Él y sus compañeros se encontraban bien, “sanos y salvos y solo con ganas de darse un duchazo”. Refirieron que durante su cautiverio fueron despojados de todas sus pertenencias, menos los pasaportes. A sus celulares les quitaron el chip, con lo que quedaron incomunicados y nunca les dieron razones de su arresto. El pequeño autobús que compraron con recursos propios para poder realizar la caravana fue desmantelado, pero sigue funcionando. Les robaron equipo y herramientas de trabajo.

Por el momento, los cuatro permanecerán bajo protección del consulado de México en Honduras.

Tres semanas, tres incidentes

Apenas en este mes el gobierno nicaragüense ha protagonizado tres incidentes de persecución a mexicanos. El primero fue el arresto –también con incomunicación, desprotección consular y presuntamente con tortura—de otro joven, Jobani Torres, quien realizaba una pasantía profesional en una empresa minera en el norte de Nicaragua. Por ausentarse de su trabajo, la policía nacional lo detuvo, lo acusó de “simular un secuestro” para dañar la imagen internacional del gobierno y 12 días después, el día 17, lo deportó. Cuando compareció ante el juez, Torres mostraba signos de golpes en la cara. Las autoridades aseguraron que “se autolesionó”. A los funcionarios consulares mexicanos nunca se les permitió verlo o hablar con él sino hasta el día de la audiencia, cuando se decidió su deportación inmediata.

El 24 de junio, una académica mexicana, Viridiana Ríos, se presentó en la embajada mexicana asegurando que la policía la perseguía. En efecto, apenas ingresó a la sede, la misión diplomática fue rodeada por patrullas y decenas de elementos policiacos se apostaron en todas sus puertas y bajo todas las ventanas. Ríos había llegado la víspera, con el fin de realizar una investigación académica sobre pobreza y desarrollo para el Centro Wilson. Es diplomada de Harvard. Fue necesario que el embajador Miguel Ríos la trasladara bajo protección de la bandera mexicana al aeropuerto para que pudiera salir ese mismo día del país.

La detención y expulsión de los cuatro mexicanos fue el tercer incidente.

Estos roces diplomáticos y expresiones de intolerancia ante lo que Managua percibe como “gestos injerencistas” de ciudadanos extranjeros ocurren en momentos en los que la relación bilateral es sólida, al menos en el terreno económico, por el interés de inversionistas mexicanos de desarrollar negocios en Nicaragua. Solo este año las inversiones de México ascienden a mil 200 millones de dólares.

La duda de algunos de estos empresarios mexicanos es si esta “hipersensibilidad” del régimen orteguista hacia la presencia extranjera, particularmente la mexicana, no les generará en algún momento un roce o un problema.

Nadie se meta en la zona del canal”: el mensaje

La abogada ambientalista Mónica López Baltodano, que intervino legalmente para conocer el paradero de los jóvenes, explicó al diario digital Confidencial que lo que el gobierno de Daniel Ortega pretendió “es enviar un mensaje” a nacionales y extranjeros de que se abstengan a mostrar solidaridad con los campesinos que serán afectados por la construcción de un canal interoceánico que partirá en dos el país, atravesando y dañando el lado de Managua. La zona de Nueva Guinea queda, precisamente, en la ruta del futuro canal y ahí se ha desarrollado un fuerte movimiento social de oposición a este megaproyecto que, según investigaciones independientes, generará una catástrofe a la zona lacustre y una oleada de despojos de tierras a lo largo de su trazo.

Sin embargo, los seis muchachos de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir recorrían Centroamérica totalmente ajenos a ese movimiento. Su labor se centra en la divulgación de métodos de subsistencia autosustentable y fueron a la región a capacitar a las comunidades en el uso de tecnologías ecológicas.

Francisca Ramírez, destacada líder campesina de la región de Guinea, fue detenida junto con los ambientalistas, que eran sus huéspedes. Ella fue liberada a las pocas horas.

Explica que en un primer momento la llegada de la caravana fue motivo de “mucha alegría” para su comunidad, ya que en los talleres se aprendieron ecotécnicas de utilidad para este tipo de áreas rurales subdesarrolladas: “Nos enseñaron a construir hornos para cocinar con apenas una rajita de leña, y no deforestar. Nos enseñaron a usar una licuadora sin electricidad, con una bicicleta; a moler sin molino, a mejorar el abono orgánico”.

El pretexto para la intervención policiaca fue un accidente menor, cuando uno de los jóvenes que tomaban el taller de hornos provocó un flamazo y se infligió quemaduras leves. A raíz de esto, patrullas de la Policía Nacional se apersonaron en el local de la organización campesina y detuvieron a Francisca y a los activistas extranjeros.

En efecto, el joven costarricense Byron Ortiz, perteneciente a una comunidad indígena de su país, declaró una vez que estuvo a salvo en Costa Rica que durante su cautiverio los policías que los interrogaron les preguntaban insistentemente “qué sabíamos del canal”.

La Jornada