Durante la década de 1960, la Doctrina de la Seguridad Nacional acompañó el aluvión de inversiones extranjeras en América Latina. La ideología industrialista de militares como Mosconi, Savio o Perón fue reemplazada por una ideología liberal y el problema de los militares argentinos pasó a ser el “enemigo interno” y el “avance del comunismo”, que en la Argentina incluía también el peronismo proscripto. El falso eslogan era “desarrollo y seguridad”. Pero el desarrollo necesitaba de fábricas y universidades, justamente los espacios donde se propagaba el comunismo.

En este contexto, el 28 de junio de 1966 el presidente Arturo Illia fue expulsado por un golpe militar liderado por el general Juan Carlos Onganía, entrenado en West Point. El gobierno de facto clausuró el Congreso y la Corte Suprema y disolvió los partidos políticos. Las universidades fueron el único sector que manifestó públicamente su oposición.

Un mes más tarde, el 29 de julio, la dictadura sancionó el decreto ley 16.912, que puso fin a la autonomía universitaria, que se proponía “eliminar las causas de acción subversiva”, y que obligaba a los rectores y decanos de las ocho universidades nacionales a asumir como interventores. Los rectores de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y Litoral decidieron renunciar. Los rectores de las universidades del Sur, del Noreste y de Cuyo aceptaron asumir como interventores.

En la UBA, además del rector Hilario Fernández Long, nueve decanos decidieron renunciar. En algunas facultades se realizaron asambleas como manifestaciones de oposición. Como represalia, la misma noche del 29 de julio, policías armados, conducidos por el jefe de la Policía Federal, irrumpieron en algunas facultades de la UBA. Los incidentes más graves se registraron en Filosofía y Letras, Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). Se dispararon gases y, al grito de consignas antisemitas y anticomunistas, profesores y estudiantes fueron golpeados –algunos heridos de gravedad– y la gran mayoría fueron detenidos.

El gobierno norteamericano protestó porque el matemático del MIT, Warren Ambrose, que se encontraba como profesor invitado en la FCEN, había recibido los bastonazos y había sido encarcelado. Ambrose había decidido quedarse junto a Rolando García, el decano de la FCEN, durante la asamblea convocada para resistir el decreto de la dictadura.

A los pocos días, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de EEUU, Lincoln Gordon –que había dado su fervoroso apoyo al golpe de Estado de 1964 en Brasil–, sostuvo ante la prensa que el ataque a la universidad había sido justificado, porque allí se encubrían agitadores profesionales. En las páginas de New York Times Gordon explicaba que algunas universidades latinoamericanas se habían convertido en “asilos de gángsters”, de “estudiantes crónicos” o de “agitadores profesionales”. Sin embargo, otro artículo de esos días del New York Times, sostenía: “Reclutadores universitarios listos para ubicar profesores”. Allí se contaba cómo algunas de las universidades como MIT y Harvard, así como sociedades científicas y académicas de Estados Unidos, “han establecido contacto con profesores argentinos en las últimas dos semanas para colaborar con su plan de partida”.

El 29 de julio de 1966 es una bisagra en la historia argentina: allí se pone de manifiesto que el modelo de universidad pública, que de forma incipiente comenzaba a mostrar la potencia de la ciencia y la tecnología asumida como compromiso social, no era compatible con el papel asignado a la Argentina en la división internacional del trabajo. Retrospectivamente, “la noche de los bastones largos” hoy puede verse como el preludio de las políticas de terrorismo de estado que sobrevendrían en la Argentina con la dictadura cívico-militar de marzo de 1976.

Investigaciones posteriores sostienen que luego del 29 de julio de 1966 renunciaron en la UBA alrededor de 1380 docentes e investigadores y que el mayor número pertenecía a la FCEN. Más de 300 científicos emigraron hacia otros países. A partir de ese momento la fuga de cerebros iba a ser un mal crónico de nuestro país hasta 2003.

Al presente, el retorno de la Argentina a un proyecto neoliberal, que en poco meses ha iniciado un profundo proceso de desindustrialización, a contramano de los aprendizajes de las “economías del conocimiento”, comienza a reproducir las condiciones socioeconómicas para volver a desarticular las actividades de producción de conocimiento.

Ahora bien, para los científicos y tecnológicos, que en los últimos años recuperaron la autoestima y el sentido social de sus profesiones, parece claro que la solución ya no es, como en 1966, la migración, sino la defensa de los avances materiales, sociales y culturales logrados por la democracia argentina, que dan sentido a la ciencia y la tecnología como vehículos inexorables para el desarrollo económico y la justicia social.

(*) Profesor de historia de la ciencia y la tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Argentina