Asociaciones de defensa del consumidor convocaron para hoy a un “bocinazo y cacerolazo” contra los incrementos en las tarifas de servicios públicos.

La concentración en Capital Federal será a las 20 en el Obelisco y las entidades llamaron a replicar la protesta en diferentes puntos del país, ya que el aumento se concretó a nivel nacional. La convocatoria también se realizó mediante las redes sociales bajo la consigna “#14J” y “#NoAlTarifazo”.

“Vamos a protestar por este formato de tarifas que está afectando muy seriamente a los consumidores. Ni las últimas decisiones del gobierno pueden llegar a tener incidencia benévola hacia el consumidor”, criticó el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano.
En ese sentido, llamó a “no pagar” las facturas de gas porque la Cámara de La Plata dispuso la nulidad del cuadro tarifario.

“La factura de gas no hay que pagarla. No hay ninguna obligación jurídica, ni siquiera por el tema de los cortes del suministro, sencillamente porque no se va a cortar el servicio”, enfatizó el dirigente. Evaluó que aunque en los próximos días llegue una refacturación con el nuevo tope, habría que “esperar la resolución final” de la Corte Suprema, que este miércoles le dio días al gobierno para presentar informes sobre el ajuste de tarifas del servicio público del gas.

“Hay que esperar porque tampoco sabemos qué vamos a pagar. Es que el cuadro tarifario del gas fue declarado nulo por la Cámara de La Plata y el tope del 400% es difícil de calcular”, enfatizó, en declaraciones radiales.

Esto a pesar de que el gobierno oficializó ayer el tope del 400% al ajuste en el gas. El Poder Ejecutivo dijo recorrer un “camino del progreso”, pero admitió que debió aplicar una “etapa dura de sinceramiento” de la economía.

El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, evaluó: “Estamos defendiendo a los consumidores, por eso no estamos de acuerdo con este tarifazo que se llevó a cabo de un día para el otro”.

La administración de Mauricio Macri considera que con la presentación del recurso extraordinario, el fallo judicial de la Plata queda en suspenso, por lo cual decidió publicar en el Boletín Oficial este miércoles el nuevo límite en las facturas, pero las entidades de consumidores creen que se debe esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia a la cual le llegó el pedido de per saltum.

Por su parte, el Frente Popular Darío Santillán consideró: “Ante los desproporcionados e injustos aumentos en los servicios de luz, gas y agua impuestos por el gobierno en todo el país, salimos a la calle para frenar el tarifazo”.
En un comunicado, criticó: “Que ahorren energía los shoppings y las grandes mineras”.

De la manifestación también participarán el Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente (MODECUMA), la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), la Asociación de Consumidores Libres (ACL), la Asociación de Defensa de usuarios y Consumidores (DEUCO), el Instituto de Defensa del Usuario y Consumidor (INDUCAM) y la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo de Argentina (FEMUDECO).
Asimismo varios partidos de la oposición, entre ellos el Frente para la Victoria, anunciaron su apoyo a la protesta.

Diario Popular

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Todos unidos contra el tarifazo de Cambiemos

Por primera vez desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, toda la oposición se unió para enviarle un fuerte mensaje político al Gobierno nacional. Los senadores aprobaron ayer cuatro proyectos en contra del tarifazo de gas implementado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el presidente Mauricio Macri. Con el impulso del Frente para la Victoria-PJ, el Peronismo Federal y el resto de los bloques opositores se alcanzaron sobradamente los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esas iniciativas, que se aprobaron por 42 votos a favor y sólo 13 en contra, todos de Cambiemos. Los senadores del FpV-PJ le reclamaron al Gobierno que cumpla el fallo de la Cámara Federal de La Plata y que suspenda el aumento hasta tanto se realicen las audiencias públicas y se expida la Corte Suprema de Justicia.

La sesión de ayer en el Senado pretendía ser una jornada positiva para el oficialismo, ya que en la agenda figuraban dos proyectos de ley que venían consensuados de la Cámara de Diputados. Sin embargo, antes de comenzar el tratamiento del programa de fomento para pymes y la ley de autopartes, el FpV-PJ metió en la discusión la cuestión de las tarifas y le provocó la peor derrota legislativa en lo que va de su gestión. El único antecedente similar hasta ahora fue la ley antidespidos, que había logrado 48 votos a favor en Senado. Sin embargo, en aquella oportunidad Cambiemos no había quedado en soledad sino que había recibido el apoyo de algunos dirigentes del peronismo disidente como Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Roberto Basualdo. Esa iniciativa tampoco había recibido el respaldo de todo el arco opositor en Diputados, donde un sector de la oposición se ausentó o se abstuvo de votar.

En un duro discurso, el jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, argumentó ayer que el aumento tarifario impacta de lleno “en el sector de salarios de clase media, sectores que no pueden pedir la tarifa social”. El senador por Río Negro aseguró que aún con el límite del 400 por ciento implementado en los últimos días, el aumento “es muy fuerte, difícilmente sostenible” para los usuarios. Además, le advirtió al macrismo sobre el peligro de la judicialización de los conflictos políticos y le achacó los errores de comunicación del ministro Aranguren. Como si se tratara de una lección de supervivencia electoral, Pichetto les señaló que gran parte de los afectados por las decisiones de los últimos meses pertenecen a la clase media, que los acompañó para ganar la elección presidencial en 2015. Al retomar la palabra sobre el final de la sesión, el jefe del bloque del peronismo insistió con una advertencia sobre su rol de opositor responsable: “No se puede tener a Aranguren suelto metiendo aumentos de 1800 por ciento. Nuestro nivel de adaptación como oposición se acota mucho”, afirmó Pichetto, que encabeza el sector más conciliador del peronismo.

El proyecto de comunicación que lleva la firma de 18 integrantes de la bancada FpV-PJ –además de pedir que suspenda la medida hasta que se pronuncie el máximo tribunal– reclama que el nuevo esquema tarifario sea implementado con “gradualidad, tranparencia y razonabilidad” y que se contemple la necesidad de fijar tarifas diferenciadas para las distintas regiones del país, “a los efectos de evitar asimetrías que impacten negativamente en su desarrollo”.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que la decisión del Ejecutivo está “generando una gran angustia y una enorme preocupación en grandes sectores de la sociedad argentina”. Sobre el tope máximo fijados en 400 por ciento y la implementación de la tarifa social, sostienen que son “absolutamente insuficientes” para moderar los “brutales efectos” de la medida. Además, alertaron sobre el impacto en “la estructura de costos de todo el sistema productivo” del país, “poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo” y generando dudas sobre la continuidad de distintos emprendimientos.

El senador Mario País (FpV-PJ) solicitó, además, que se trate en comisión un proyecto de ley que declara la nulidad de las resoluciones, en sintonía con el planteo de Héctor Recalde en la Cámara baja.

En el Senado se aprobaron además otros tres proyectos de declaración y comunicación, redactados por senadores Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista) y Myriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino). “Estamos hablando de un derecho humano esencial, que es el derecho a la energía”, afirmó Solanas y consideró que “la ciudadanía se pronunció el año pasado en defensa de una mayor calidad institucional y republicana y en ese sentido se lo está burlando”. Odarda, que ingresó al Senado por la Coalición Cívica, había pedido al gobierno que retrotraiga los aumentos en toda la Patagonia. “Los vicegobernadores de las siete provincias patagónicas ya pidieron la nulidad del aumento”, remarcó.

Si bien ninguna de las cuatro iniciativas son proyectos de ley –por lo que sus alcances concretos son reducidos– el mensaje político del Senado en contra del tarifazo fue contundente. Incluso aliados frecuentes de Cambiemos como el peronismo federal votó en conjunto contra rechazo al tarifazo. Aunque sin romper su habitual silencio, hasta Reutemann, que hizo campaña con Macri y compartió la boleta electoral con el Presidente votó a favor. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) fue incluso un poco más allá y se sumó al pedido de renuncia de Aranguren, tal como hizo días atrás el titular del PJ, José Luis Gioja y el gobernador de su provincia, Alberto Rodríguez Saá. “Esto amerita pedir la renuncia de Aranguren por desconocer las resoluciones judiciales de un poder del Estado”, sentenció la senadora, en referencia al fallo judicial y la apelación del Gobierno.

En soledad, Cambiemos intentó defenderse en la voz del radical Angel Rozas, jefe del interbloque. El senador chaqueño reiteró buena parte de los argumentos esgrimidos por el oficialismo en los últimos meses. Sostuvo que “ganase quien ganase las elecciones” de todas maneras se debía modificar el esquema tarifario. Rozas trató de convertir en virtud la la marcha atrás oficial de colocar el tope para los aumentos y remarcó que “el Gobierno ha dado suficientes muestras de diálogo y participación”. “El gobierno de Cambiemos ya ha dado pruebas de tener humildad y capacidad de corregir medidas erráticas o erróneas”, remató el senador radical. De todas maneras, hasta los propios dirigentes de la UCR han cuestionado la forma en que se implementaron los aumentos en los servicios de luz, gas y agua.

Página 12