El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría General del Estado (PGE), remitió a Chevron-Texaco una comunicación en la que insta a la petrolera a buscar un mecanismo que permita al Ecuador cumplir con el laudo internacional dictado en el caso conocido como Chevron II, sin desatender al mismo tiempo las obligaciones que bajo la Ley ecuatoriana podría generarle la notificación de la orden de embargo sobre dicho crédito.

Esta notificación fue dictada por la Presidencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, que conoce el juicio planteado por comunidades indígenas en contra de la petrolera estadounidense. Según un comunicado de prensa difundido por la Procuraduría, el Estado ecuatoriano propuso depositar el valor de dicho laudo en una cuenta en garantía hasta que la justicia determine si los fondos debían ser pagados a Chevron o atender el embargo solicitado por las comunidades amazónicas que litigan con la petrolera. Esto porque esta situación es parte de un conflicto entre terceros y no depende de una decisión del Estado ecuatoriano.

La Procuraduría destacó que la negativa de Chevron ha imposibilitado el diálogo. Sin embargo, pese a esto, el Ecuador ratifica su voluntad de cumplir tanto con sus obligaciones bajo el derecho internacional, como lo hizo recientemente con la compañía Occidental, como de aquellas derivadas de la aplicación del derecho y la justicia nacionales.

El caso conocido como Chevron II se relaciona con siete demandas comerciales que Texaco presentó en los años noventa del siglo pasado en contra del Estado ecuatoriano y ante las cortes ecuatorianas. Chevron, que se fusionó con Texaco en 2001, presentó una demanda arbitral aduciendo que la demora en la resolución de las cortes del Ecuador había producido una violación del Tratado Bilateral de Protección y Promoción de Inversiones (TBI) suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, por lo que solicitó una indemnización de aproximadamente 1.200 millones de dólares.

Si bien el Tribunal Arbitral encontró al Ecuador responsable de la violación del TBI, atendió los argumentos de la defensa ecuatoriana y concedió una fracción solicitada que equivale a 96 millones de dólares más los intereses generados hasta la fecha efectiva de pago.

El Ciudadano