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Lo que se anunciaba como una sentencia cantada en el controvertido proceso judicial sobre la masacre de Curuguaty finalmente se confirmó ayer con la lectura del fallo por parte del Tribunal de Sentencia, condenando a los campesinos acusados por la muerte de 6 policías a elevadas penas de prisión, convalidando, en gran medida, la cuestionada investigación realizada por la Fiscalía.

La sentencia dictada por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero, condenando a Rubén Villalba a 30 años de prisión, más 5 por seguridad; Luis Olmedo, a 20 años de cárcel; Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez, 18 años; Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López, a 6 años; Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería, a 4 años, deja sensaciones de decepción y de indignación en un amplio sector de la ciudadanía, que esperaba una actitud más ecuánime de los magistrados ante las reiteradas y fundamentadas críticas a la labor fiscal, vertidas no solamente por grupos cercanos a los acusados, sino incluso por organismos especializados a nivel internacional.

El propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2013, había recriminado al Paraguay por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la manera en que se estaba encarando la investigación fiscal del caso Curuguaty, exigiéndole “investigar los hechos y garantizar la imparcialidad del proceso”.

Más recientemente, durante el 32 periodo de sesiones, el Paraguay fue sometido al Examen Periódico Universal por las Naciones Unidas, oportunidad en que pidió que se realicen “investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente” en el caso Marina Cué, exigiendo la formación de una “comisión independiente” para investigar la muerte de los 11 campesinos, además de las de los 6 policías. Llamativamente, los representantes del Gobierno paraguayo han respondido ante la sede de las NNUU, en Ginebra, que “ya se están investigando las muertes de los campesinos” en Marina Cué, lo cual, según el desarrollo del cuestionado juicio sobre el caso Curuguaty, es falso.

Aunque ahora quedan instancias de apelaciones a nivel local y también ante la Justicia internacional, el Poder Judicial paraguayo ha dejado pasar, una vez más, la brillante oportunidad de recuperar parte de su deteriorada imagen.

Al no haber podido garantizar una investigación ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto agrario ocurrido en la historia reciente, la Justicia paraguaya deja un preocupante precedente: Se ha llegado a la etapa de juzgamiento y con altas penas tras un proceso de investigación de muchas inconsistencias.

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