El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ordenó el cierre de la mesa del diálogo entre la comisión de alto nivel con los educadores, denunció la dirigente magisterial Yadira Pino.

Pino aseguró que los educadores intentaron presentarse a reanudar el diálogo, pero se encontraron con las puertas cerradas y con las amenazas y acusaciones por parte del presidente Varela de estar aplicando chantaje y de mantener como rehenes a los estudiantes.

La ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez reconoció que el gobierno decidió suspender la mesa del diálogo al argumentar que en medio de un paro de labores no existe el ambiente para negociar.

Los docentes acordaron ayer un paro de labores de 72 horas hasta que el Gobierno apruebe designar el 6% del producto interno bruto para destinarlo en aumentos salariales a docentes, pagos de insumos y de reparación de escuelas.

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Docentes prevén extender paro

Mientras los gremios magisteriales evalúan declarar hoy una huelga indefinida, el Ministerio de Educación (Meduca) y la Confederación de Padres de Familia de la República de Panamá solicitan enviar los estudiantes a los planteles.

Diógenes Sánchez, vocero de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, informó que desde que decretaron la huelga no han sido contactados por las autoridades del Gobierno.

Según Sánchez, si el presidente de la República, Juan Carlos Varela, los llama estarían “dispuestos” a asistir a la mesa de diálogo sin que ello signifique suspender la medida. De no haber respuesta a sus demandas, dijo que la huelga se va a declarar “indefinida”.

Por su parte, Mario Rodríguez, director general del Meduca, subrayó que tras inspecciones a las regiones educativas se ha comprobado que si bien hay una gran ausencia de docentes, la de los alumnos es aun mayor.

Ante ese escenario, instó a los padres y madres de familias a enviar a los estudiantes a las escuelas.

QUEJAS TRAS DESCUENTO

Las acciones de protestas de los maestros no se hicieron esperar ayer para expresar su rechazo a la decisión de Meduca de solicitar a la Contraloría General de la República la fiscalización de la asistencia en los planteles, así como la entrega de una bonificación por cumplir con impartir las clases.

De hecho, cientos de educadores marcharon desde la Escuela República de Venezuela, en el corregimiento de Calidonia, hasta las inmediaciones de la Contraloría, en donde cerraron parcialmente la avenida Balboa.

Allí, un grupo integrado por 14 maestros entregó al contralor, Federico Humbert, un documento con sus peticiones. Además, solicitaron detalles respecto a la petición de Meduca de tomar en cuenta la asistencia en los centros escolares.

Al terminar el encuentro, Humbert comunicó a los educadores que no había órdenes de descontar y se ofreció como mediador en el conflicto educativo.

Las manifestaciones de los docentes también se hicieron sentir en el interior del país con marchas, reuniones y protestas en provincias como Coclé, Herrera, Panamá Oeste y Veraguas.

Incluso, las clases en esas regiones también fueron bastante irregulares.

Por ejemplo, en Coclé los docentes que apoyan la huelga se reunieron durante la mañana en el parque Rodolfo Chiari, desde donde emprendieron una caminata.

Mientras que en Veraguas los profesores ejecutaron un piquete en las inmediaciones de las oficinas de la Contraloría General de la República de esa provincia, ubicadas muy cerca de la terminal de transporte en calle décima de Santiago.

También en Herrera se concentraron en el parque Unión y luego se manifestaron frente a la dirección regional de Educación.

Finalmente en Panamá Oeste, su trinchera fue la Escuela Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera, en la que se estima había cerca de 3 mil educadores concentrados.

Yadira Pino, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, señaló que las bases magisteriales han acogido ampliamente el llamado a huelga y que se mantendrán en la lucha para garantizar una educación pública, gratuita y de calidad.

En tanto, Christian Sánchez, director de Recursos Humanos del Meduca, aseguró que hasta la tarde de ayer no se tenía un balance oficial respecto a la efectividad de la huelga. No obstante, apuntó que hacen monitoreos a través de las diferentes regiones educativas del país con el fin de emitir un informe.

Por otro lado, agregó que cuando esto sucede el docente está obligado a presentar una justificación y, de no ser así, se debe acatar el reglamento de la institución, lo que implica el descuento.

El funcionario también aclaró que el tema de la bonificación que fue ofrecida por el Meduca para los docentes que asistan a ofrecer sus clases aún se está evaluando cómo se reconocerá.

EXIGEN DIÁLOGO

La actuación de los docentes ha sido rechazada por diferentes sectores de la sociedad, entre ellos la Confederación de Padres de Familia de la República de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), los cuales hicieron un llamado al diálogo.

En una conferencia de prensa, Eleazar Gómez, presidente de la Confederación de Padres de Familia, reclamó tanto al Ejecutivo como a los educadores que se convoque a un gran diálogo por la educación en el que participen las partes interesadas, incluyendo a los padres.

Gómez precisó que tras un encuentro efectuado ayer con la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez, se les garantizó que se atendería a cada niña, niño y joven que asistiera a los planteles. En ese sentido, pidió a los acudientes a que envíen a sus hijos a las escuelas.

Por su parte, Apede envió un comunicado en el que solicitó a los representantes de los gremios docentes que reconsideren su decisión de continuar con la huelga.

Asimismo consideró que “es inconcebible que los gremios docentes estén promulgando una huelga, cuando deberían dar el ejemplo de que la solución de los conflictos debe ser agotada por la vía del diálogo y no por presiones de fuerza que son lesivas a un derecho universal”.

Los educadores exigen un presupuesto anual del 6% del producto interno bruto (PIB) al sistema educativo, un aumento salarial de $600, pagos atrasados, mejoras en los planteles y la eliminación de las escuelas rancho. Mientras que el Ejecutivo propone destinar 5.5% del PIB, aumento salarial de $300 y hacer efectivo los pagos atrasados en tres meses.

(Con información de Urania Molina, Vielka Corro, Sandra Rivera, Zabdy Barría, Eric Montenegro, Ismael Hernández)

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