Ante las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) considera que el “combo de sentencias” son una clara acción confrontativa al pueblo salvadoreño.

“Es una acción irresponsable que evidencia, a nuestro juicio, una intencionalidad en contra de la estabilidad política y social de nuestro país, es una bofetada, un golpe bajo. Descargan este tipo de sentencias con lo que pretenden desestabilizar a nuestro país, no es otro el propósito el que tienen”, externó Medardo González, secretario general del FMLN.

El dirigente político argumentó que la Sala de lo Constitucional no permitió que el Gobierno tuviera fondos para enfrentar a los criminales. “Creen que deteniendo esos fondos la gente va a descargar su enojo contra el Gobierno, en contra de nuestro partido”, dijo González

Para el FMLN los magistrados se “metieron en algo que nadie les pidió”, esto en referencia a la que los magistrados legislaron sobre la legalidad de los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, “de un plumazo, violentando la Constitución de la República desarticulan la Asamblea Legislativa”, explicó González.

De igual forma, González cuestionó la actitud de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que previo a las elecciones legislativas y municipales de 2015 emitieron una serie de sentencias y resoluciones concernientes al proceso electoral.

“Hubo nueve resoluciones relativas al tema de elección, sobre las fotos, las papeletas, hubo una cantidad de normativas que modificaron y cambiaron, por qué no sacaron una sentencia relativa al tema que ahora argumentan, sino que hasta ahora simplemente dice que no habrán diputados suplentes, violentando la Constitución de la República”, dijo González.

Ante este tipo de situaciones, el FMLN instó a la sociedad en general a “poner atención”, ya que con este tipo de sentencias “de la democracia podemos pasarnos a la dictadura de los jueces, al autoritarismo”, aseveró González.

Con respecto a la Ley de Amnistía, el máximo dirigente del FMLN expresó que el partido de izquierda “siempre estuvo a la par de las víctimas, a la par del pueblo salvadoreño, así nos mantuvimos y así nos mantenemos. Pedimos la inconstitucionalidad de esa Ley, porque pedíamos justicia”, dijo González.

Para el FMLN es importante buscar la “reconciliación y la paz” y para ello es necesario ejecutar un proceso de restauración a las víctimas, por lo que se debe encontrar la verdad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

“El FMLN busca una justicia restaurativa, no como justicia penal. En este tema de la Ley de Amnistía, en el 2000, la Sala de lo Constitucional declaró que todos los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra podrían ser judicializados en el país”, indicó González.

De 14 mil 700 casos presentados a la Comisión de la Verdad, la misma solo resolvió menos de 30, por lo que durante el primer gobierno del FMLN se crearon dos comisiones una de Reparación y Resarcimiento de las Víctimas y otra de Búsqueda de Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado, con las que se pretende iniciar la ruta de la justicia restaurativa.

“En la dirección del FMLN siempre hemos tenido la postura ética y moral de que si algún exceso cometimos pedimos perdón a la sociedad salvadoreña. Creemos que hay que trabajar una ley de restauración y reconciliación de las víctimas, el FMLN siempre ha estado porque sea reconocida la verdad”, concluyó González.

Diario Co Latino


Organizaciones en campaña contra los magistrados

Organizaciones cercanas al FMLN anunciaron el inicio de acciones que buscan destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por considerar que sus últimas resoluciones son un “boicot” para las finanzas del Gobierno.

Criticaron la sentencia de la Sala que este miércoles declaró inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos y las medidas cautelares que frenaron el recargo del 13 % a la electricidad que estaba realizando el Gobierno.

La campaña que busca la destitución está siendo encabezada por el Foro Nacional de la Salud, la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (Redes) y la Asociación de Radios y Programas Participativos (Arpas) y de la Mesa de Gestión de Riesgo. Todas estas organizaciones están aglutinadas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (Asgoju).

La coordinadora del Foro Nacional de la Salud, Margarita Posada, dijo que en total son más de 35 organizaciones las que estarían apoyando estas acciones. Las organizaciones han adelantado que harán “todo lo que implique campaña de incidencia política” para lograr desbaratar a la Sala de lo Constitucional. Además, no descartaron realizar marchas y concentraciones.

Han anunciado que en la próxima semana también presentarán un escrito ante la Asamblea Legislativa para solicitar la destitución de los magistrados. Argumentan que han violentado el marco constitucional al dejar sin efecto jurídico a los diputados suplentes a quienes la Constitución los faculta para suplir a los propietarios.

Plantearon que están solicitando que los diputados procedan con la destitución, porque los magistrados Rodolfo González y Belarmino Jaime fueron electos a partir de un acuerdo en Casa Presidencial y no producto del debate en la Asamblea Legislativa.

Las organizaciones dicen que la Sala tiene una actitud de “golpear” la institucionalidad con sentencias contra elección de funcionarios.

Sentencias de la Sala han adversado decisiones políticas.

ENERO DE 2013:Eelección de funcionarios

Declaró inconstitucional la elección de tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), incluido el presidente de la institución, Gregorio Sánchez Trejo.

ABRIL DEL 2015: Nombramiento de presidente de CNJ

Fue declarado inconstitucional el nombramiento de Tito Zelada al frente del Consejo Nacional de la Judicatura. La Asamblea no probó la independencia partidaria de Zelada.

JULIO DEL 2016: Ley de amnistía de 1993

Declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993 y declara que todos los crímenes señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad pueden ser perseguidos penalmente.

JULIO DEL 2016: Suspendió acuerdo de reforma

Emitió medidas cautelares que frenaron un acuerdo de reforma a la Constitución que permitían la ampliación de los períodos de los alcaldes y diputados por cinco años.

El Mundo