En la tarde de ayer se reanudó el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana. Antes del inicio de la reunión, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, adelantó que el Ejecutivo aceptó emitir un decreto que garantice que lo ocurrido en Enatex no se repetirá en otras empresas privadas o públicas, que abrogará la ley del Estatuto del Funcionario Público y las empresas públicas quedarán bajo el paraguas de protección de la Ley General del Trabajo. El gobierno se comprometió a garantizar los derechos de ex trabajadores de Enatex gestantes o cercanos a jubilarse.

Sin embargo, la autoridad señaló que falta por definir si se abroga el decreto 2765 que cerró Enatex o si se cambian algunos artículos; y el régimen laboral en el que trabajarían los funcionarios de la empresa.

El primer acuerdo consensuado es que se puede emitir una disposición, un decreto supremo, en el que se establezca que lo acontecido con Enatex no tiene aplicación en ninguna empresa privada ni en ninguna pública que esté bajo el régimen de la Ley General del Trabajo.

“Esto significa que debe generarse un marco de protección y respeto a los derechos laborales y sindicales, y una aplicación estricta de la CPE y la Ley General del Trabajo al sector fabril”, declaró Aguilar.

El segundo acuerdo con el que partió la reunión con la COB es que se debe abrogar la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público paraderivar pronto en la Nueva Ley del Servidor Público, que rija el ámbito de los trabajadores del sector público.

Ese criterio fue consensuado para poder tener un nuevo régimen laboral para los servidores públicos, que responda a las transformaciones estructurales del Estado boliviano.

Lo tercero es que las empresas del Estado que están bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, “se mantendrán y serán respetadas en su configuración jurídica y se respetarán las formas establecidas en esa, tanto en el Régimen Laboral como en el sindical”.

El cuarto elemento es que aspectos ligados a temáticas sociales, a ex trabajadoras en estado de gestación, a ex trabajadores de Enatex con discapacidad y personas en edad de jubilación puedan tener un tratamiento especial que les de protección dentro de su condición o situación.

A eso se añaden aspectos complementarios, como la obtención de vivienda social y la promoción de crédito productivo, para  trabajadores o ex trabajadores que tuvieran interés en un emprendimiento propio.

Al inicio de la reunión todavía había disparidad de criterios en la abrogación o no abrogación del Decreto Supremo 2765 que eliminó la empresa. El Ejecutivo planteó no abrogarlo, pero “hay la posibilidad, si hay consenso, de modificar algunos artículos para adecuarlos a lo solicitado por la COB”, dijo el ministro.

El aspecto central del debate que no encontró acuerdos, es el del régimen que se aplicará al funcionamiento de Senatex. “Hemos explicado que no puede ser en las mismas condiciones de Enatex, por la situación económica difícil y de insostenibilidad”, declaró Aguilar.

La COB plantea que se mantenga en el marco de la Ley General del Trabajo. “Este es el aspecto que hoy esperamos resolver”, finalizó el ministro.

El Deber