Después de 23 años de impunidad, el pasado 13 de julio la Corte de Constitucionalidad de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, negociada entre las partes en conflicto durante la Guerra civil que duró de 1980 a 1993, y que dejó en la impunidad los crímenes de guerra.

Tanto el Ejército, la derecha salvadoreña a la que sirvió, como la izquierda ex combatiente han puesto el grito en el cielo pues dicen que tal decisión pone en peligro la paz del país, que se sustenta en la intocabilidad de las partes contendientes.

¡Valiente paz! Se erige sobre la impunidad de miles de desapariciones, asesinatos, masacres y crímenes de lesa humanidad contra individuos y poblaciones enteras cuyo esclarecimiento han pedido los familiares de las víctimas durante más de dos décadas.

Que la derecha se oponga a ser juzgada es caso conocido no solo en ese país sino en América Latina en general. Pero que la izquierda asuma el mismo papel es un verdadero despropósito.

Ahora resulta que según la izquierda salvadoreña, quienes piden justicia le hacen el juego a la derecha continental que utiliza la estrategia de golpes blandos, y ponen en riesgo al mismísimo presidente de la República, quien aducen podría ser llevado a juicio por haber sido uno de los lideres principales del movimiento guerrillero de los años 80.

Es difícil que tal cosa suceda pero podría pasar, es una opción entre otras. Si es así, que se defienda, como deberá hacerlo la derecha salvadoreña.

Efectivamente, que tal cosa sucediera sería un fuerte golpe para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FNLM), actualmente en el poder, pero no hay vuelta de hoja: para poder erigir sociedades de derecho, algo que tanta falta hace en Centroamérica, deben fortalecerse las instituciones de justicia y las leyes deben aplicarse de forma pareja a toda la ciudadanía. No puede haber justicia para unos y no para otros; no puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda categoría.

Tampoco dudamos que esta resolución de la Corte de Constitucionalidad pueda ser parte de una estrategia continental contra los gobiernos de izquierda; una vez que hemos visto lo que ha sucedido en Brasil, lo que está pasando en Venezuela y en otras partes del continente concluimos que hay razones suficientes para pensarlo así.

Pero los proyectos progresistas de América Latina no pueden sustentarse sobre bases falsas, y la impunidad de los crímenes de guerra es una base falsa, vengan estos crímenes de donde vengan. No hay proyecto progresista, de izquierda o revolucionario que pueda sustentarse sobre premisas de ese tipo. Si para mantenerse en el poder hay que pasar sobre la justicia y el respeto a los derechos de la ciudadanía, el proyecto no vale la pena. La izquierda debe sustentar la superioridad de su proyecto en una moral y una ética distintas a las de sus oponentes.

Esa ha sido, además, una de las mayores y más fuertes tradiciones del pensamiento progresista y revolucionario latinoamericano, desde José Martí hasta el Che Guevara. Echarlo por la borda en cuanto no nos conviene es una muestra de oportunismo y falta de visión histórica.

A lo anterior hay que añadir que esas son las reglas del juego que la izquierda y los sectores progresistas latinoamericanos han aceptado jugar en nuestros días. No estamos en la época de la Revolución Cubana cuando, de forma explícita y sin tapujos, la izquierda se demarcó de la democracia burguesa y asaltó el poder por la fuerza de las armas. Ahora ha aceptado participar en el juego democrático y no puede ser que se eche a un lado cuando no le conviene.

Ante estos acontecimientos, comprendemos por qué el Foro de Sao Paulo emitió hace pocos días un comunicado general en el que consideraba a la CICIG de Guatemala como un instrumento de injerencia del imperialismo norteamericano en América Latina.

Mal hace la izquierda continental en asumir estas posturas que la desacreditan. La izquierda debe estar siempre al lado de la justicia, de la lucha por la construcción de una sociedad prístina, sin dobleces y sin privilegios para nadie.

¡Enhorabuena salvadoreños por esta decisión de la Corte!

(*) Rafael Cuevas Molina. Escritor, filósofo, pintor, investigador y profesor universitario nacido en Guatemala. Ha publicado tres novelas y cuentos y poemas en revistas.
Es catedrático e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad de Costa Rica y presidente AUNA-Costa Rica.