La industria argentina tuvo su punto más alto a mediados de los años setenta, luego de casi cincuenta años de desarrollo continuo, por supuesto, con diferencias a lo largo de los años. Desde la crisis del 30 y sustitución de importaciones por falta de proveedores, hasta los planes quinquenales del peronismo, pasando por el desarrollismo que planteó una alianza estratégica con el capital extranjero, las estrategias gubernamentales del impulso a la industria fueron varias y diferentes. La conclusión fue que para el año 1974, el desarrollo de la industria nacional llegó a su punto más alto, reflejado tanto en cantidad de obreros industriales como el nivel de integración industrial.

El golpe militar de 1976 cortó con ese proceso. Las medidas económicas apuntaron a privilegiar al sector especulativo y destruir el entramado industrial vigente. La Reforma Financiera fue central para desregular y liberar el mercado de capitales. Al mismo tiempo, se realizó una apertura total de la economía. Es por demás gráfica la propaganda que manifestaba la posibilidad de elegir sillas de todo el mundo, en vez de las nacionales que se rompían al sentarse fruto de no tener competencia y dormirse en los laureles: “comodidad” que las hizo ineficientes.

A partir de ese momento y hasta la crisis del año 2001 se instauró el patrón de acumulación llamado valorización financiera. ¿Qué implicó ese drástico cambio? Que la generación de riqueza ya no saldría de la producción, la innovación productiva, las mejoras técnicas o las nuevas líneas de producción. Sino de la valorización de capitales usando las tasas de interés internas por encima a las del mundo.

El mecanismo era sencillo y por demás rentable: se tomaba deuda en el exterior a una tasa, se ingresaba al país, se valorizaba con altas tasas de interés sostenidas a cualquier costo por el gobierno y, una vez lograda una renta considerable, se fugaba al exterior. Dicho proceso se repitió una y otra vez, generando una gigantesca expansión de la deuda externa en dólares y destruyendo todo incentivo a la inversión productiva.

La única manera de sostener ese modelo fue a través de tres elementos: la deuda externa, la privatización de empresas públicas que permitía el ingreso de dólares y el ajuste constante. Todo observado con satisfacción por los sectores financieros, con el Fondo Monetario Internacional celebrando la correcta -y casi perfecta- aplicación del manual de políticas económicas neoliberales.

A partir del año 1998, los sectores dominantes, que venían conduciendo los destinos políticos y económicos del país, comenzaron a percibir el agotamiento del modelo y experimentó un quiebre entre los que querían dolarizar la economía y entre los devaluadores. Los primeros eran los grandes bancos y los acreedores internacionales, mientras que la fracción devaluacionista estuvo integrada por los grandes grupos locales.

Este proceso, reflejado en la convertibilidad, se mantuvo hasta el año 2001, cuando la crisis de la deuda se hizo insostenible y el sistema económico colapso. La tensión entre los dos sectores derivó en el anuncio del default de la deuda externa y la salida de la convertibilidad determinó la victoria de los grandes grupos locales con la maxidevaluación del año 2002.

Los sectores populares fueron los grandes perdedores de esa jornada por el impacto directo que tuvo el salto cambiario: se paso de un 30% de pobreza a un 50% del total de la población. Las cifras son indiscutibles, 1 de cada 2 argentinos era pobre tras la salida de la convertibilidad. Fue la crisis social más grande de la historia moderna argentina.

El mercado interno como motor

La década kirchnerista marcó un quiebre con el modelo anterior. Argentina protagonizó, al igual que otros países de la región, un proceso de crecimiento sostenido como pocas veces se vio en nuestra historia contemporánea.

Coincidente con el aumento de los precios de los productos exportables -que permitió el ingreso constante de divisas a las reservas- y a partir de la modificación de las condiciones macroeconómicas que fortalecieron las capacidades competitivas de la producción -en detrimento de la especulación-.

La industria fue el actor más beneficiado a partir de la vigorosa reactivación económica y la mejora en los salarios reales. El Estado pudo impulsar la producción -vía incentivos y gasto- a partir del cobro de nuevos impuestos, como las retenciones, y los impactos en las arcas fiscales de la estatización de la administración de los fondos jubilatorios y de los mayores niveles de empleo y de actividad.

En una concepción keynesiana clásica, se entendió que la mejora de los ingresos populares decantaban en mayores niveles de consumo y, por lo tanto, se los estimuló. La Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar o los diversos programas mejoras sociales tuvieron este doble espíritu: por un lado impulsar un mayor bienestar en las clases populares y, por el otro, un objetivo económico enfocado en una economía en crecimiento, traccionada por la demanda agregada.

El mercado interno, entonces, resultó fundamental y clave para el crecimiento de la economía en general y de la industria en particular. El universo PyME -que es el principal empleador del país- depende directamente de las compras y ventas hacia el mercado interno, por producir los llamados bienes salarios. En un contexto de crecimiento de los salarios reales y de la demanda, se multiplicaron las empresas PyMEs industriales y la producción industrial: 110%.

En resumen, el aumento real de los salarios, de las jubilaciones (3,5 millones de nuevos jubilados), de ingresos de sectores populares (AUH, PROGRESAR, etcétera), y el gasto público (créditos e incentivos fiscales, Pro.Cre.Ar, etcétera) posibilitaron el mejor escenario desde el retorno de la democracia para las PyMEs y los sectores populares.

Sobre el segundo gobierno de CFK el crecimiento de la economía nacional se moderó. El país se topó -nuevamente- con el problema típico de crecimiento de las economías periféricas latinoamericanas: la restricción externa. Esto es, en términos genéricos, la escasez de dólares para continuar en la senda del crecimiento.

Varios elementos aportaron a la aparición de este problema. La existencia de industrias estructuralmente deficitarias (complejo automotriz y electrónico), la falta de sustitución de importaciones en sectores demandados por el consumo masivo, la reticencia inversora de la “burguesía nacional”, la concentración en la producción de insumos difundidos, el déficit en la producción energética y la fuga de divisas por diversas vías (entras las que se pueden nombrar la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones y un constante éxodo turístico hacia el exterior) fueron algunos de los motivos que llevaron a esta situación.

Este problema tiene centralidad si se piensa en un país que busque el desarrollo económico con eje en la producción industrial. ¿Cómo hacemos para que nuestra industria sea competitiva internacionalmente sin caer en pagar salarios “chinos”? ¿Cómo incorporamos a la generación de conocimiento a la industria para dar saltos tecnológicos que aumenten la productividad? ¿Cómo nos paramos frente a las negociaciones con las grandes multinacionales que montan cadenas globales de producción? ¿Cómo potenciamos la integración económica regional?¿Cuáles son los socios financieros existentes que permitan tomar deuda enfocada al desarrollo productivo y sustitutivo de importaciones?

¿Nuevo patrón de acumulación?

El triunfo del gobierno de Mauricio Macri no puso en discusión ninguna de estas preguntas. De hecho no hemos encontrado, hasta el momento, preguntas siquiera parecidas. El primer semestre nos muestra un panorama delicado para la industria nacional.

El impacto en el salario real de la devaluación, que generó una caída entre el 34% y 37% del salario en dólares, la inflación y las políticas gubernamentales apuntadas a frenarla -enfocadas en el ajuste y la restricción del consumo- y los tarifazos generaron una caída pronunciada de la demanda interna. Estos tres elementos derivaron que el salario real privado registrado haya retrocedido un 11% respecto a octubre del 2015 y se ubica en niveles del año 2011. Del mismo modo, el salario mínimo experimentó los mismos efectos y se encuentra por debajo de los niveles del año 2006.

La CAME reveló que desde que Cambiemos gobierna, las ventas minoristas nunca tuvieron una variación positiva. De hecho, en mayo la caída fue del 9,2%. Y la producción industrial, registrada por la misma entidad, muestra que en el mismo mes cayó un 5,2% en un contexto de caída promedio del 4,1% en lo que va del 2016.

El cóctel que hizo entrar en crisis a la industria se completa con: 1) la apertura comercial y el fin de las DJAI, 2) la fuerte suba de costos por los tarifazos, los alquileres, el combustible y las importaciones, 3) que el crédito se volvió prohibitivo, anclado en una tasa de interés que beneficia más a la especulación que a la producción y 4) la crisis de crecimiento brasilera, que lleva tres años de caída de su producto y sin novedades de reversión ante la actual crisis política.

Esta situación general de la economía y particular de la industria impactó en el mercado laboral de manera manifiesta: 180.000 despidos al cabo de sólo un semestre de gobierno. El 40% de la destrucción del empleo privado formal fue de la industria, a razón de 15.000 por mes, aproximadamente. Del mismo modo y según la AFIP ya son 1700 las firmas que dejaron de existir en el primer semestre del año.

Los industriales PyMEs señalan que se ven forzados a tomar caminos diferentes a los de la década pasada. Por un lado, tienen que reemplazar productos nacionales por importados, dada la falta de controles en el comercio exterior y la suba de precios en los bienes nacionales. Según el INDEC, en los primeros cinco meses se importaron 10,1% más de bienes de consumo, rubro liderado por alimentos y bebidas elaborados para el hogar (+17,1%).

Asimismo, las importaciones de vehículos automóviles de pasajeros aumentó 40,3% en el mismo período, lo que impacta directamente en el entramado PyME proveedor de la industria automotriz. Es decir, en un contexto recesivo las cantitades importadas vinculadas a bienes de consumos e intermedios crecen, mostrando una relación muy diferente a la historia reciente, donde se evidenciaba la relación que decía: a mayor crecimiento, mayores importaciones.

Y por el otro lado, los empresarios locales utilizan las herramientas financieras que el Gobierno fomenta como el ingreso a LEBACs. Si bien la tasa está bajando levemente, mantiene niveles que posibilitan renta en dólares como en ningún lugar del mundo.

Ninguna de las dos salidas fomenta el empleo o la producción. Muy por el contrario, tienden a generar capacidad instalada ociosa y bajar los niveles de inversión productiva.

Las promesas de un segundo semestre con crecimiento de desvanecieron. Ya se habla de reactivación recién en el próximo año por parte de los funcionarios de primera línea del Gobierno y en el 2018 por parte de economistas cercanos o líderes de centrales empresariales.

La transición de una economía con basamento en la producción y el consumo a una donde la valorización financiera sea el eje no puede ser resuelta en tan poco tiempo. Las empresas, por más grandes y dinámicas que sean, no pueden reconvertirse en sólo seis meses. Entonces si el gobierno no activa resortes que permitan que los salarios superen a la inflación anualizada en el orden del 45% y no recompone un deprimido mercado interno, entrará en crisis con un sector que hizo campaña por el actual gobierno.

El factor democrático no es menor, pues por primera vez la derecha tiene que resolver disputas al exterior y al interior sin botas ni impunidades. Si bien cuenta con complicidades y aliados con poder y medios, es un juego de suma cero: donde unos ganan, pierden los otros.

Pareciera que el conflicto al interior del se del capital no está terminado. La posibilidad de una nueva devaluación es un buen indicador de ello: mientras los sectores exportadores (del agro y la industria) pretenden un tipo de cambio más “competitivo”, los sectores financieros se ven favorecidos por un tipo de cambio apreciado y estable.

Las batallas que tiene que dar el campo popular en toda América Latina son de una complejidad enorme. El tiempo pondrá las fichas en su lugar. Por lo pronto, el ciclo de gobiernos populares en la región llega a su ocaso con muchos logros y también con derrotas.

Nuestro país no es ajeno a este proceso y será momento en el que el bloque popular discuta y se reorganice, generando argumentos y alternativas que antepongan los intereses de los trabajadores frente a otras opciones para nuestro país.

* Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)