El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga solicitó la vinculación del exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, y de otras 4 personas, a la instrucción fiscal en el caso del secuestro y ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín, ocurrida en octubre de 1985, destaca “El Telégrafo”.

“Han aparecido datos que hacen presumir la participación del exdictador panameño en el hecho”, dice la providencia judicial, informa el diario ecuatoriano.

La jueza Silvia Sánchez, calificó de procedente la solicitud y convocó a la audiencia de vinculación contra: Manuel Antonio Noriega, Fausto Rubén P.,, José Antonio V., Oswaldo Enrique M. y Pedro Antonio C.

En su declaración anticipada el exagente de Inteligencia panameño del G2, Bernardo Narrera, que capturó a Arturo Jarrín, manifestó que por disposición del presidente de ese entonces Manuel Antonio Noriega, el 24 de octubre de 1986 lo entregaron con vida a tres policías ecuatorianos, los que trasladaron al detenido en un avión ambulancia contratada hacia el Ecuador.

En este caso están vinculados hasta el momento 13 ciudadanos: 11 policías y 2 civiles.

La Estrella


Exdictador de Panamá será hoy vinculado al caso de Arturo Jarrín

El mismo día que el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega era trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, en el sector de Calidonia, para una evaluación médica psiquiátrica, en Ecuador, a través de una providencia, era convocado a una audiencia de vinculación a la instrucción iniciada en el caso Arturo Jarrín.

La jueza de la CNJ, Silvia Sánchez, dispuso que hoy a las 15:00 se efectúe en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la audiencia de vinculación, a la que deberán asistir los ecuatorianos Fausto Rubén P.F., José Antonio V.J., Oswaldo Enrique M.C. y Pedro Antonio C.M., y el panameño Manuel Noriega, de 82 años.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, a base de las indagaciones, solicitó a la jueza Sánchez la vinculación de los 5 ciudadanos, implicados en el presunto secuestro y ejecución extrajudicial de Jarrín, exmiembro del grupo AVC, en enero de 1985. Ellos se suman a los 13 imputados, 11 de ellos policías, que constan en la instrucción fiscal.

El exagente de Inteligencia del G-2 de las Fuerzas de Defensa de Panamá, sostuvo -en un testimonio anticipado- que “el general Manuel Antonio Noriega, entonces gobernante de Panamá, dio la orden para la detención de Jarrín”. Él fue entregado con vida a tres representantes del Gobierno ecuatoriano en Panamá.

En 4 días se analizarán restos

Ocho peritos colombianos practican una nueva necropsia a Fausto Basantes Borja, segundo excomandante del movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC). Su cuerpo fue exhumado la mañana de ayer por agentes de la Fiscalía en el cementerio de Los Recuerdos, norte de Quito.

Esta diligencia judicial se cumple después de 30 años del fallecimiento de Basantes, ocurrido en enero de 1986, en las avenidas La Prensa y Juan Holguín, en el norte de Quito, donde fue abatido por agentes de seguridad del Estado.

Después de 24 años del hecho, la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno del presidente Rafael Correa, determinó que Basantes murió en una “emboscada organizada por miembros de la Policía Nacional para ejecutarlo”.

El 4 de enero de ese año Basantes se dirigía a reunirse con una compañera de contacto en un restaurante, ubicado frente al parque de la Concepción, norte de Quito. En el trayecto fue interceptado y abatido.

Los restos de Basantes fueron trasladados al departamento de Medicina Legal de la Policía Judicial, donde hasta el viernes de esta semana los peritos analizarán la osamenta del militante de AVC.

Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, indicó que el caso está en investigación previa. “Se hizo un esfuerzo enorme para contar con el apoyo del Ministerio Público de Colombia. El equipo interdisciplinario ayudará en la investigación de este caso.

Señaló que la historia oficial de la muerte de Basantes deberá ser contrastada con relatos no oficiales. “Este es un caso que se suma a los de ‘Amanda Suárez’, ‘Arturo Jarrín’, ‘González y otros’, ‘Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín’, que la Fiscalía General del Estado busca judicializar después de 30 años de sucedido el hecho”.

Los peritos colombianos analizaran aspectos como balística, informes legales, forenses, entre otras diligencias.

Agregó que los arquitectos analizarán el lugar donde ocurrió la balacera en la que murió Basantes.

El último informe de la Comisión de la Verdad, se registraron 434 víctimas de violaciones de derechos humanos, de estas. “287 fueron del período presidencial de León Febres Cordero”.

El Telégrafo