El juicio por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y la destitución del presidente Fernando Lugo, culminó hoy en Asunción y el tribunal fijó el próximo lunes para dar a conocer la sentencia del histórico proceso.

En el juicio se procesa a 11 campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso, y la Fiscalía pide para ellos penas de prisión de entre 5 y 30 años, mientras que la defensa reclama que sean absueltos.

La acusación refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty para pedir que se integraran a la reforma agraria. Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó la muerte de los once labriegos.

El tribunal manifestó que, debido a la complejidad del juicio, en el que declararon más de un centenar de testigos, y la cantidad de documentos como pruebas periciales o vídeos exhibidos en el proceso, resolverá el caso de cada procesado “uno a uno” y comenzará a leer su veredicto el próximo lunes 11 de julio. Antes del cierre del proceso, los once acusados pidieron la palabra al tribunal y exigieron su puesta en libertad después de cuatro años de prisión preventiva; recordaron a algunos de sus familiares muertos en la masacre y pidieron que se esclarezcan las muertes de las 17 víctimas de la matanza.

Uno de los acusados, Rubén Villalba, el único que permanece en prisión condenado por una causa de 2008 y a quien la Fiscalía pretende imponer una pena de 30 años de cárcel y diez años de medidas de seguridad, exigió además que no se le condene por su “ideología” o por “pensar diferente”. La Fiscalía sostiene que los campesinos, un grupo de alrededor de 70 personas, tendieron una emboscada a los más de 300 policías especializados y provistos de armas largas que intervinieron en el desalojo.

“Hemos explicado de manera detallada las circunstancias, nos referimos con precisión a los hechos y con una correlación con las pruebas desplegadas en el proceso”, declaró a Efe Nelson Ruiz, uno de los fiscales de la causa. Ruiz admitió que en la obtención de algunas evidencias, como los casquillos de las balas disparadas en la masacre, no se respetó la “cadena de custodia”, por lo que la Fiscalía no pudo utilizar determinadas pruebas por ser “ilegítimas”, pero que esto no implica debilidades o nulidad de la actuación fiscal.

Por su parte, el abogado Marcos Shirakawa, defensor de uno de los campesinos y que fue quien cerró este lunes los alegatos finales de la defensa, ratificó la “inocencia rotunda y categórica” de los procesados. “Desde la investigación, la Fiscalía se equivocó, cometió errores y violaciones del proceso, y durante el juicio no pudo sostener los hechos ni las acusaciones, no pudo probar la actuación ni los presuntos delitos de los acusados”, afirmó Shirakawa.

Reiteró que los acusados soportan “cuatro años de un proceso injusto y viciado, que violenta sus derechos humanos”, y agregó que tienen “esperanzas en que el tribunal sea imparcial y objetivo” al examinar las pruebas del proceso, y declarar la absolución de los campesinos. La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y Unasur.

ABC Color


Caso Curuguaty: Mujeres se encadenan y piden absolución de acusados

Cinco mujeres se encadenaron frente al Palacio de Justicia para pedir la absolución de los once campesinos procesados por la masacre de Curuguaty, el proximo lunes se conocerá la sentencia para los acusados.

La protesta coincidió con el final del juicio, tras casi un año de duración y a la espera de que el lunes se conozca la sentencia del proceso.

Tres de las mujeres encadenadas son familiares de los campesinos procesados en el juicio: Carmen Paredes, madre de Arnaldo Quintana; Angelina Paniagua, madre de Alcides Ramírez; y Élida Benítez, madre de Néstor y Adalberto Castro, y de Adolfo Castro, fallecido en la masacre.

Las otras dos mujeres son activistas que han acompañado el proceso judicial a los campesinos, iniciado hace casi un año: la historiadora Margarita Durán, y Guillermina Kanonnikoff, víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Se está dilatando excesivamente un proceso por una injusticia que ya costó 17 vidas, y que no queremos que cueste ninguna más. Hasta que tengamos la absolución, no vamos a salir de aquí”, declaró Kanonnikoff.

Miembros de organizaciones en apoyo a los campesinos acusados prevén acampar durante toda esta semana frente al Palacio de Justicia junto a las activistas encadenadas, como medida de presión para pedir la absolución.

“Este juicio parte de una farsa creada para echar a un presidente de la República (Fernando Lugo). Los grandes latifundistas, los poseedores de las tierras productivas más importantes del país, son los responsables morales de masacre”, declaró la senadora Esperanza Martínez, que era ministra de Salud cuando se produjo la masacre.

Martínez opinó que el juicio busca criminalizar la lucha de los campesinos por la tierra en Paraguay, uno de los países con mayor concentración en la tenencia de tierras de todo el mundo.

Por su parte, el escritor Ticio Escobar, extitular de la Secretaría Nacional de Cultura, tildó de “monstruosidad jurídica” el hecho de que “personas inocentes corran el grave riesgo de ser condenadas”, mientras que “quienes idearon estos asesinatos siguen impunes”.

El sacerdote español Francisco Oliva agregó que “quienes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados son los que usaron a la Fiscalía y a la policía para defender los intereses de un latifundista”.

Recordó que instancias internacionales como la ONU ya han cuestionado a Paraguay por las investigaciones sobre el caso Curuguaty, y que colectivos de paraguayos en ciudades como Buenos Aires, Madrid y capitales estadounidenses se han sumado al pedido por la absolución de los procesados.

“En mitad de la incertidumbre, la pena y el dolor de los familiares, estamos contentos porque va a venir la absolución. Esperamos que haya justicia”, concluyó Oliva.

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