En contexto
Luego de un año de proceso judicial, un tribunal paraguayo condenó a 11 campesinos con penas de entre cuatro y 30 años de cárcel por la denominada Masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012. Ese día, más de 300 policías desalojaron a unos 70 campesinos de unas tierras en litigio entre el Estado y una empresa. En el enfrentamiento fallecieron 11 campesinos y seis policías. El hecho sirvió de pretexto para que se diera, una semana después, el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. La Justicia paraguaya solo investigó la muerte de los policías, lo que generó un fuerte repudio en amplios sectores del Paraguay.

Tomaron la Sala de Juicio Oral y habrá movilización permanente

Los sectores sociales que piden la nulidad de la condena a los 11 campesinos en el caso Curuguaty, tomaron de manera simbólica la sala donde fue leída la sentencia y anuncian una movilización permanente, principalmente frente a la sede del Poder Judicial.

La medida fue adoptada ayer inmediatamente después de la lectura de la sentencia, rechazadas por los manifestantes que se movilizaron desde tempranas horas con una marcha y una protesta en inmediaciones del Palacio de Justicia.

Antes de la lectura de la sentencia, se desarrolló una marcha desde la plaza Italia hasta el Poder Judicial, con participación de familiares de víctimas y procesados por el caso Curuguaty.

Se generaron algunos inconvenientes con la Policía que custodiaba el lugar, aunque no fueron graves.

Los manifestantes siguieron el desenlace en dos frentes. Un grupo ingresó hasta la Sala de Sentencia y poco antes de la lectura el procedimiento fue interrumpido por 10 minutos, por los cánticos y gritos contra los magistrados. Una vez concluida la diligencia judicial, los que piden la absolución de los campesinos decidieron “tomar” la sala. Tras varias negociaciones con autoridades de la Corte Suprema de Justicia se dispuso no desalojar el lugar.

Mientras tanto, en inmediaciones del Palacio, otro grupo seguía con la vigilia que inició hace varios días. Se anunció, en ese sentido, que la protesta seguirá en el lugar así como con otras movilizaciones en Asunción y el interior del país.

La Nación


Entre gritos, dictaron duras penas a acusados por masacre

Los 11 campesinos fueron condenados ayer por la matanza de Curuguaty. A pesar de los gritos del público, el fallo judicial fue leído ante todos, dando condenas de 30 años de cárcel y 5 de medidas de seguridad para el principal acusado, Rubén Villalba.

Los demás recibieron sanciones de entre 20 y 4 años de encierro. Según los jueces, se probó la existencia del homicidio doloso, además de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Así, se puso fin al juicio donde se investigaba la muerte de 6 policías –pero no la de 11 campesinos–. El hecho ocurrió el 15 de junio del 2012, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

En la audiencia se dio una breve explicación y luego se leyó la parte resolutiva. Explicaron que el próximo lunes 18 de julio, a las 11.00, se dará el fallo completo.

Sin embargo, cuando se leía el veredicto, al declarar culpables a los acusados, los gritos del público y de los abogados evitaron que siguiera.

Los abogados Amelio Sisco y Víctor Azuaga gritaron que recusaban al tribunal, pero esto no fue tenido en cuenta.

RECESO. Con ello, el tribunal dispuso un receso de 10 minutos, para que se desalojara al público, en especial a la activista de derechos humanos Guillermina Kanonnikoff.

En ese momento, dentro de la sala, los gritos seguían, por lo que una dotación de cascos azules ingresó por la parte de atrás de las salas de juicio oral.

No obstante, sin cumplirse la orden, ya que todos quedaron en la sala, de nuevo ingresaron los jueces y la actuaria, a los gritos, leyó la resolución.

Con ello, declaró culpables a los acusados de asociación criminal e invasión de inmueble. Después, a Rubén Villalba y Luis Olmedo, de homicidio doloso consumado y tentado.

Asimismo, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, de homicidio doloso tentado, al igual que a las tres mujeres.

LAS PENAS. El tribunal condenó a Rubén Villalba a la pena de 30 años de prisión, más 5 años de medidas de seguridad. Mientras, Luis Olmedo recibió 20 años de cárcel. Ambos por matar al subcomisario Érven Lovera.

Además, también condenó a 18 años a Arnaldo Quintana y Néstor Castro, mientras que las mujeres Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López, tuvieron 8 años.

Cuatro de ellos, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Adalberto Castro, recibieron 4 años de cárcel.

Como estos últimos ya están hace más de cuatro años y un mes presos, fueron puestos en libertad, luego de dictarse la sentencia. Apenas concluyó la lectura, los jueces y los fiscales se retiraron bajo fuertes medidas de seguridad.

NULIDAD. La lectura se dio mientras Guillermina Kanonnikoff gritaba, subida a su silla, y los abogados protestaban que el fallo era nulo.

Al salir, el abogado Víctor Azuaga refirió que los jueces causaron la nulidad del fallo, ya que la acusada Dolores López se sintió mal y fue llevada a la enfermería, por lo que no estuvo en la lectura de la sentencia. Además, alegó que fueron recusados por lo que el juicio era nulo porque no se dictó todo el fallo.

Después, los asistentes al acto decidieron “tomar” la sala de juicios orales, ante la presencia de los policías. Indicaron que se iban a quedar en la sala hasta decidir qué realizar. Pasaron la noche en el lugar. Los abogados dijeron que estudiarán qué harán ahora, si acudirían directamente a la Corte.

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Curuguaty: recurrirán a instancias internacionales

El abogado de uno de los campesinos condenados a prisión por la masacre de Curuguaty, Víctor Azuaga, anunció que recurrirán a estamentos internacionales por las series de supuestas irregularidades que se presentaron durante el juicio oral y público.

“El juicio en sí está viciado de toda nulidad, desde dónde se mire. Todas las pruebas de nitrito y nitratos que se hicieron a los procesados dieron negativo. Todas las armas incautadas en el lugar, según el informe de la propia Fiscalía, no dispararon”, manifestó Azuaga, en comunicación con la 970 AM.

Además, las armas de los campesinos eran para matar conejos y palomas, por lo que no le pueden causar la muerte a ningún policía. El Ministerio Público nunca solicitó la filmación de un helicóptero que sobrevoló y filmó todo el procedimiento, según el abogado.

Otro de los cuestionamientos de la defensa es sobre el caso del comisario Erver Lovera, el abogado aseguró que no se extrajeron las balas del cuerpo del uniformado fallecido en el procedimiento en las tierras conocidas como Marina Cué.

“Creo que tenemos que reflexionar cuál es la función del Poder Judicial y el Ministerio Público. No puede ser que presenten acusación en base a presunciones y sin sustento jurídico”, añadió.

A cuatro años del caso no pudieron demostrar el homicidio doloso en grado de tentativa y cambiaron a homicidio doloso consumado, lo que invalida el juicio, según el profesional del derecho.

“Vamos a recurrir ante los organismos internacionales. No nos vamos a quedar parados. Acá murieron 17 personas y las investigación solo se abrió en base a seis de ellas”, dijo.

En junio de 2012 ocurrió un enfrentamiento en Curuguaty, en las tierras conocidas como Marina Cué, entre policías y campesinos. Fallecieron 17 personas, 11 labriegos y seis uniformados.

El hecho derivó en un juicio político al presidente de la República de aquel entonces, Fernando Lugo.

La Nación


Mintieron: La muerte de campesinos no es investigada por la Fiscalía

El fiscal Santiago González, de la Unidad de Derechos Humanos, confirmó que no se encuentran investigando específicamente la muerte de los 11 campesinos abatidos en la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012.

El representante del Ministerio Público explicó que existe una denuncia, de 4 años atrás, presentada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) por tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los campesinos, a manos de los agentes policiales.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una causa que investiga específicamente la muerte de los campesinos, echando por tierra las declaraciones del juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del Tribunal que hoy sentenció a los 11 procesados por la muerte de los 6 policías, a penas privativas de libertad de entre 4 y 30 años.

Tras dar a conocer la sentencia, el magistrado hoy fue consultado sobre por qué no se investigó la muerte de los campesinos al igual que de los policías, y este aseguró que dicha investigación está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos, según le había comunicado el entonces fiscal del caso, y hoy viceministro de Seguridad Interna, Jalil Rachid.

González indicó, a la RPC, que recién a última hora de este jueves recibieron una nueva denuncia “bastante abarcativa” sobre el caso de los campesinos fallecidos en Curuguaty, con varios tipos penales. Dijo que aún le queda realizar la consulta al respecto al fiscal adjunto, para “desdoblar” la denuncia, y fue contundente al afirmar que a la unidad de Derechos Humanos “no le compete investigar homicidios”.

Paraguay