El magistrado Abel Zamorano –en funciones de fiscal– realizó este martes un allanamiento e inspección ocular a las oficinas principales de Importadora Ricamar, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), como parte de la investigación por las comisiones que recibió la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., en el gobierno pasado.

La diligencia se justificó ” en la necesidad de ubicar y recuperar los libros de contabilidad de la empresa, así como cualquier otro documento contable de la empresa perteneciente a los periodos 2009-2014, y los libros o soportes físicos en los que reposa el control de entradas y salidas de las personas que ingresaban a dicha empresa, para los años 2009-2014″, informó la Corte Suprema de Justicia en un comunicado oficial.

Los documentos serán ahora preservados ” bajo cadena de custodia como lo establece la ley procesal penal”.

La acción también tenía como finalidad ampliar la información respecto a las circunstancias en que supuestamente durante los años 2009, 2013 y 2014 se hizo entrega de los dineros por parte del señor Cristóbal Humberto Salerno Ballestas -principal accionista de Cobranzas del Istmo, S.A., en las oficinas de la precitada empresa allanada, en Monte Oscuro, Río Abajo.

La diligencia fue autorizada por el magistrado Harry Díaz, en funciones de juez de garantías. El propio Zamorano condujo la diligencia, que terminó a mediodía. En el transcurso, se recibió la colaboración de Mario Martinelli Berrocal, hermano del exmandatario y vicepresidente de Importadora Ricamar.

La investigación permitirá corroborar una información suministrada dentro de las averiguaciones. ” Se desmiente que esta diligencia obedezca a cualquier tipo de presión de carácter político, como se manifestó por algunos de los apoderados legales de la defensa, quienes concurrieron a la empresa, pero no participaron de la diligencia, por lo que desconocían la finalidad de la misma”, remarca la Corte. El único abogado de la defensa que acompañó a Zamorano fue Dimas Guevara.

La sede de Importadora Ricamar –administradora de la cadena Súper 99–, permaneció custodiada por agentes policiales, desde primeras horas de la mañana.

La inspección fue confirmada por Marta de Martinelli, ex primera dama y candidata a vicepresidenta en las elecciones de mayo de 2014.

“No creo que es la manera. Si se va a hacer una diligencia por qué impedir que los empleados lleguen, como si aquí hubiese un narcotraficante escondido”, indicó de Martinelli.

Tanto de Martinelli como el abogado Carlos Carrillo recalcaron que la diligencia de Zamorano no guarda relación con las operaciones del Súper 99 o Importadora Ricamar. De hecho, el boletín de la Corte señala que la acción del magistrado fiscal no afectó la parte económica y administrativa de la cadena de supermercados.

“La empresa no es objeto de la investigación… Están viendo informaciones que no guardan relación con la empresa”, indicó Carrillo.

En un comunicado divulgado a través de la cuenta en Twitter @super99_panama, la empresa exhortó a la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas “y demás organizaciones empresariales y comerciales, a que se pronuncien en torno al respeto del ejercicio de la libre empresa”.

Sidney Sittón, otro abogado del exgobernante, dijo a su llegada a Monte Oscuro que de las cuentas de Cobranzas del Istmo en Multibank se alimentó “a muchos de los políticos que hoy están en el poder”.

En mayo de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción compulsó copias del expediente por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico en las gestiones de Cobranzas del Istmo, empresa que en el gobierno pasado tenía la exclusiva para gestionar el cobro de la cartera morosa del Estado.

Martinelli es ligado al caso porque el accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, Salerno Ballestas, declaró en su indagatoria que entregó bolsas con dinero en efectivo al expresidente producto de las comisiones obtenidas por la gestión de cobros.

El expediente fue admitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2015. En febrero pasado, rechazó un recurso de la defensa que pedía anular la admisión de la denuncia.

Martinelli –que tiene varios procesos en la Corte y una solicitud de extradición y detención– abandonó voluntariamente Panamá el 28 de enero de 2015.

Actualmente reside en Miami, Estados Unidos, en un lujoso apartamento frente al mar en la zona de Brickell Avenue.

Mientras se llevaba a cabo la diligencia, copartidarios de Martinelli protestaron en la parte exterior de las oficinas de Importadora Ricamar en señal de respaldo. Ocasionalmente bloquearon la vía en Monte Oscuro, impidiendo el tránsito vehicular por esa zona.

La Prensa