Referencia en el ámbito internacional, la Ley 11.340/2006, popularmente conocida como Ley Maria da Penha, cumplió diez años el domingo (7). Según los datos brindados por DataSenado, la legislación tiene un gran éxito en lo referido a la esfera del debate público: más del 98% de las brasileñas afirmaron conocer el texto de la ley.

Ademas de tipificar como crimen la violencia domestica y domiciliar, la legislación creó juzgados especializados, una red de apoyo y amparo a las mujeres y prever medidas de protección para garantizar la integridad física y psíquica de las mujeres.

“Ella abarca la previsión de implementación de políticas para cohibir la violencia domestica y familiar contra mujeres, el soporte, la construcción de un red de apoyo y amparo a mujeres en situación de violencia, el tratamiento jurisdiccional diferenciado para los casos de violencia y la reeducación y reinserción del agresor cuando es necesario”, explicó la abogada feminista Fernanda Martins, vice presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en el municipio de São Carlos, interior del estado de São Paulo.

Jurídicamente los avances fueron muchos: “Antes de la entrada en vigor de la Ley María da Penha, no existía posibilidad de conceder medidas de protección a la mujer en situación de violencia. También no existía la posibilidad del agresor ser preso infraganti o de decretar la prisión preventiva. Y eso hace la diferencia”, dijo la abogada.

Para Keli de Oliveira Rodrigues, coordinadora del Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia (CDCM) “Casa Viviane dos Santos”, en la ciudad de São Paulo, la ley es uno de los principales instrumentos de diálogo con mujeres en situación de vulnerabilidad. La Casa Viviane fue inaugurada en el 2004, dos años antes de la legislación, y era uno de los centros de referencia en la región. La ley, explica Keli, fue fundamental para el enfrentamiento cotidiano de la violencia domestica en Brasil.

Ella afirma que prácticamente todos los centros de atención orientan a las mujeres con base en el texto. “La sociedad, en general, conoce la Ley Maria da Penha, pero las personas no llegaron a conocerla con profundidad. Conseguimos, entonces, profundizar este conocimiento y ellas pasan a tener noción de que significa una medida preventiva. Eso queda más claro para ellas”, afirmó.

Fallas

Los especialistas escuchado por Brasil de Fato son unánimes en la evaluación: pasada una década, la ley aún no fue completamente implementada y aún posee serios problemas de ejecución y estructuras que precisaban avanzar, como la ampliación en el número de casas de protección a la mujer, la expansión de las estaciones de policías y juzgados especializados, y una mejor capacidad de la red de asistencia.

De acuerdo con el “Mapa de la Violencia 2015: Homicidios de Mujeres de Brasil”, en el periodo anterior al año que la Ley Maria da Penha fue sancionada, entre 1980 y 2006, el crecimiento del número de homicidios fue de 7,6% al año. Con la vigencia de la ley, el crecimiento del número de esos homicidios cayó para el 2,6% al año. El crecimiento, sin embargo, aún se mantuvo. Apenas en cinco estados fueron registrados caídas en las tasas: Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo y Rio de Janeiro.

Responsable por la investigación, el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cree que el tenor de la ley es muy avanzado – como muchas otras en Brasil, especialmente la Ley del Estatuto de Niños y Adolescentes y el Estatuto del Anciano. Sin embargo, las estadísticas muestran que todavía ella está en un estado incipiente de implementación, a pesar de completar una década.

“Lo que está atrasado es su realidad. Las comisarías de la mujer, la capacitación de las personas que van a tratar con casos de violencia, los procesos en la propia justicia…. Todo eso aún no está como debería en este momento. Y marca que hay un retorno, digamos, a la expansión de la violencia contra la mueres y de los homicidios, que es lo que los datos están indicando”, afirmó el sociólogo.

Aunque según el Mapa de la Violencia, los feminicidios cayeron un 3,7 % entre mujeres blancas, entre las mujeres negras ocurrió lo opuesto, las tasa aumentó un 35% durante el mismo periodo. En 2013, a cada 5 mujeres asesinadas, tres eran negras.

Los números revelan, para el sociólogo, que el problema esta en la estructura. “Si victimiza selectivamente. Ademas, las blancas, muchas veces, son mejor atendidas, mientras las negras son dejadas de lado. Hay toda una estructura de segregación y selectividad de la violencia. Las tasas de violencia contra blancas tienden a bajar mientras que la violencia contra negras tienden a aumentar, lo que aumenta también la brecha de protección que existe entre blancos y negros en la propia Justicia”, criticó el sociólogo.

La Ley Maria da Penha dispone de estudios, investigaciones y estadísticas realizadas con la perspectiva de género y raza. Pero, según Fernanda, en cuanto a la cuestión de clase no existen datos oficiales elaborados por el gobierno. “La violencia contra la mujer tiene color y clase. Negar eso es intentar tapar el sol con las manos. Es preciso un enorme avance en esta cuestión. La discusión y cobranza en relación a políticas de combate a la violencia y protección orientadas específicamente a mujeres negras y/o periféricas es urgente, afirmó Fernanda.

Otra fragilidad, apunta Keli, es la red de asistencia. “Aún faltan espacios en los centros de acogimiento, existe una precarización de este servicio. Creo que también hay maneras erradas de acoger a las mujeres en situación de violencia domestica”, afirmó. Según ella, la exigencia del Boletín de Ocurrencia (B.O.), que no está previsto en la ley, es realizada por los equipamientos para que las mujeres acceden a estos espacios.

La red de apoyo debe amparar cualquier mujer que procure sus servicios y eso no debe estar condicionado al registro del B.O, explica la abogada Fernanda Martins. “Es en esa parte que la aplicación de la Ley es extremamente fallida”, dijo. Ella pondera que también se debe atender según las especificidades de cada mujer en situación de violencia, que en muchos casos dependen de la renta del agresor. “Y ella sabe que el Estado es omiso y casi nunca va a ayudarla. Es esa amplitud en la atención que la ley prevé y es mal ejecutada.”, afirmó.

La abogada indicó que encontrar una solución para el caso, que va desde la punición, puede ser más efectiva, en algunos casos. El direccionamiento del agresor para el tratamiento psicológico y psiquiátrico en casos de alcoholismo, por ejemplo, tendría más impacto en la vida de una mujer que la prisión del agresor.

La Ley Maria da Penha puede ser alterada debido a un Proyecto de Ley en tramitación en el Congreso Nacional. Caso la propuesta, inicialmente elaborada por el diputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES), sea aprovada, los delegados podrán expedir medidas de protección de urgencia. Hoy, esta responsabilidad cabe exclusivamente al Poder Judicial.

La justificativa del PL es que las medidas deben ser metidas con mayor rapidez para evitar nuevas agresiones y tornar mas ágil el envío del pedido para apreciación del juez. El punto, sin embargo, viene siendo cuestionado. Feministas acreditan que la acción puede generar un efecto contrario.

La coordinadora de Casa Viviane se posiciona contra el cambio, según ella, por causa de los problemas que las comisarías enfrentan. “Ellas ya tienen dificultades para atender a las mujeres, inclusive para hacer un simple Boletín de Ocurrencia. Existe selectividad de las autoridades policiales y eso dificulta el acceso de las mujeres pobres y periféricas, por ejemplo”, dijo.

Ella afirma que el articulo es un retroceso en una ley pensada colaborativamente. “La Ley Maria da Penha fue construida por muchas manos y es fruto del movimiento feminista, entonces ella está muy bien elaborada. Lo que falta es cambiar culturalmente la sociedad. La Ley por si sola no da cuenta. Los cambios que están siendo propuestos sin escuchar a la sociedad en general pueden, inclusive, ser equivocadas”, sentenció la coordinadora.

Brasil de Fato