“Se me sancionó por un delito de opinión en el que no había pruebas”: Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba se mostró conforme con la decisión del Consejo de Estado que tumbó una de las sanciones impuestas por la Procuraduría General, y anunció que buscará que ese mismo tribunal revoque la segunda sanción que le impide formalmente participar en política.

“Quienes nos oponemos a un régimen o a políticas públicas no somos terroristas o delincuentes, somos personas que pensamos distinto y a mí prácticamente se me sancionó seis años por un delito de opinión porque pruebas no había”, dijo Córdoba.

La exparalamentaria aseguró que ella nunca murió políticamente, dado que ha venido trabajando con diferentes movimientos políticos de oposición, para impulsar diferentes causas, entre ellas el proceso de paz con las Farc.

“Me parece que mi nombre ha sido pisoteado, el honor mío y de mi familia que ha sido arrastrado por todo el país, espero que sea puesto en el lugar donde debe estar. Simplemente soy una luchadora de la paz con justicia social, por la lucha contra toda forma de opresión y discriminación”, manifestó.

Córdoba les agradeció a los magistrados del Consejo de Estado por tomar esa determinación en su caso, y dijo que buscará que la misma corporación revoque el fallo de la Procuraduría que la inhabilitó por catorce años en un segundo caso, por presuntamente entregar 25 millones de pesos a la campaña del entonces candidato a la Cámara Ricardo Montenegro.

Para la excongresista, la decisión del alto tribunal administrativo es de suma importancia, dado que marca un precedente para la conformación del Estatuto de la Oposición, en una eventual firma del proceso de paz con las Farc.

“A pesar de que nosotros criticamos tanto la justicia de este país, este fallo del Consejo de Estado nos devuelve la fe en la justicia. Actuaron en estricto derecho y es un acto de paz que en este momento es bien importante para la reconciliación y la convivencia”, expresó.

Piedad Córdoba descartó por el momento interponer algún recurso contra la Procuraduría General de la nación, y del jefe de esa entidad Alejandro Ordóñez.

El País


Colombia: anulan sanción a Piedad Córdoba

El Consejo de Estado anuló el martes la sanción que hace seis años le fue impuesta a la entonces exsenadora Piedad Córdoba por sus supuestos nexos con la guerrilla de las FARC, se informó oficialmente.

La oficina de prensa del Consejo, una de las cuatro altas cortes de Colombia, informó que 17 de los 23 consejeros de Estado estuvieron de acuerdo con anular la sanción que la Procuraduría General impuso en 2010 a Córdoba.

La dirigente política fue sancionada porque su nombre apareció en varios correos electrónicos en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien fue muerto tras un bombardeo en marzo de 2008 en territorio fronterizo ecuatoriano.

Con la sanción, Córdoba perdió su escaño en el Congreso.

Telemetro


Consejo de Estado tumba inhabilidad de 18 años a Piedad Córdoba

La Sala Plena del Consejo de Estado acaba de anular una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le impuso a la exsenadora y que la dejó por fuera de la política.

Desde hace dos meses el Consejo de Estado venía estudiando la posibilidad de declarar nula una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos nexos con las Farc. Este martes 9 de agosto la Sala Plena le dio la razón a Piedad Córdoba y tumbó el fallo que la dejaba por fuera de la política durante 18 años.

Aunque la a exsenadora la Corte Constitucional ya le había negado una tutela con la que intentó tumbar su caso, 17 magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado fueron los que le dieron la razón a Piedad Córdoba.  El magistrado William Hernández fue el encargado de presentar el proyecto de fallo en el que se argumentaba que en el proceso disciplinario el Ministerio Público incurrió en una falla en la valoración de los elementos probatorios.

Según el Consejo de Estado, la Procuraduría cometió el error de validar las pruebas que se recogieron del computador del abatido jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”, pues los documentos habían sido declarados como prueba nula por la Corte Suprema de Justicia. El magistrado William Hernández recordó que la cadena de custodia de ese material probatorio había sido violada por lo tanto los archivos que demostrarían los nexos de Piedad Córdoba con las Farc carecían de veracidad.

El 27 de septiembre de 2010 se conoció que el procurador Ordóñez había destituido a Córdoba, entonces senadora, y la había inhabilitado por 18 años para ocupar cargos públicos. La razón, según el organismo de control: “por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, Farc”.

Para ese año, Córdoba era reconocida especialmente por su trabajo de mediación ante las Farc para liberar secuestrados, aunque su cercanía con personajes como el presidente venezolano Hugo Chávez era frecuentemente criticada. Gracias a su gestión, víctimas en poder de la guerrilla como Sigifredo López, Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas, así como militares y policías, recuperaron su libertad.

La Procuraduría, sin embargo, insistió en que las acciones de Córdoba iban mucho más allá de una mediación humanitaria. Señaló haber establecido “con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”.

Para el Consejo de Estado, sin embargo, primó lo que se sabía desde 2008, cuando Raúl Reyes murió mientras su campamento era bombardeado por la Fuerza Pública colombiana: que las pruebas del computador de Reyes no eran válidas. Para 2010, cuando Córdoba fue sancionada por Ordóñez, la invalidez de esas evidencias era clarísima. Le tomó seis años que un alto tribunal reconociera que ella, y no Ordóñez, tenía la razón.

La razón por la cual Córdoba no puede volver aún al ruedo político es porque permanece una segunda sanción disciplinara en contra de ella: 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos porque, según la Procuraduría, le entregó $25 millones a un candidato a la Cámara de Representantes. Esa acción, según el organismo de control, se trataba de participación indebida en política. Para Córdoba, hacía parte del repertorio de “sevicia” del procurador en contra de ella.

El Espectador