La Corte Constitucional ordenó a Minas Paz de Oro que en un máximo de seis meses cree políticas que eviten que se presente una grave contaminación en el sector El Banco, del municipio de Tasco (Boyacá), donde pretende adelantar una explotación minera a cielo abierto.

“La Sala concluye que es una obligación para todos los particulares, en especial para los que realizan actividades que de una u otra forma puedan causar impactos ambientales, dar cumplimiento al deber de protección y conservación del ecosistema, tomando las medidas de precaución necesarias para evitar la ocurrencia de un perjuicio o no al ambiente o para disminuir o mitigar las consecuencias generadas” agregó la sentencia.

Señaló la Corte que en este caso se deben proteger los derechos de una familia que vive cerca al manantial de agua donde la empresa pretende realizar dichas exploraciones, pues argumentaron que dicha exploración implica actividades tales como perforaciones y voladuras que generan un grave impacto ambiental.

La mujer argumentó que sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, en conexidad con el derecho al agua, fueron presuntamente vulnerados por la empresa.

Indicó que desde hace mucho tiempo existe un nacimiento o manantial de agua del que se abastecen su familia y otras familias del sector, y que es allí donde se pretende adelantar una explotación minera.

Señaló que los residuos sólidos provenientes de la explotación elevan la capa de sedimento de los ríos, diques y lagunas.

“De ello se colige que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a gozar de un entorno sano y el correlativo deber de velar por la conservación de este” señaló la Corporación Judicial.

La Corte solicitó además que se le entregue una vivienda a la tutelante pues se evidenció la existencia de grietas en la vivienda, que la han hecho inhabitable.

“La accionante se encuentra incluida en un programa de vivienda para damnificados pero que no se le ha asignado inmueble alguno. Se ordenará a la Alcaldía Municipal de Tasco que en máximos dos meses, tome las medidas pertinentes a la protección del derecho a la vivienda, procurando la asignación del inmueble” precisó el fallo.

Caracol