Representantes del movimiento indígena presentarán una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el desalojo de la comunidad Nankints del territorio en el que habitaban. Así lo informaron sus dirigentes la mañana de este 23 de agosto del 2016 en la sede de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el norte de Quito.

Según Luis Tiwiram, síndico de Nankints, el pasado jueves 11 de agosto, policías y militares llegaron a estos terrenos aproximadamente a las 10:00 y los desalojaron de estas tierras. Ocho familias y 32 personas shuar, entre adultos y niños, tuvieron que salir de esta zona y fueron acogidos por “compañeros mestizos” en la parroquia de Panantza.

Tiwiram relató que no tuvieron tiempo de retirar todas sus cosas ni sus animales y ahora desconocen de su paradero. Actualmente, personal de la fuerza pública se encontraría en la comunidad y por eso, dijo, no pueden ingresar a la zona a buscar su ganado.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie, pidió públicamente al Gobierno que retire al personal del ejército y de la policía que se encuentran en el sur de la provincia de Morona Santiago. La semana pasada, explicó, enviaron un comunicado a diversas entidades gubernamentales, entres esas el Ministerio del Interior, donde exigen: que no se defienda a las empresas transnacionales, que permitan el regreso de las familias originarias y anticipan que no están buscando confrontaciones.

Aún no han tenido respuesta sobre el pedido. Responsabilizan al Gobierno de cualquier incidente que se produzca en este territorio, ya que los pueblos indígenas han manifestado que no van a permitir el ingreso de más miembros de la fuerza pública y seguirán en pie de lucha.

Wilson Ordóñez, abogado del movimiento indígena, explicó que a nivel internacional se encuentran reconocidos los derechos de nacionalidades indígenas que podrían encontrarse afectadas por empresas extractivas. En la Constitución del Ecuador también se garantiza el derecho a la consulta previa sobre proyectos de explotación y comercialización de recursos naturales que se vayan a realizar en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas y esto ha sido omitido por el gobierno ecuatoriano, defendió Ordóñez.

Además, sostuvo que el desalojo se desarrolló sin existir una notificación legal y sin la posibilidad de que la comunidad haya tenido la posibilidad de defensa. Hoy crearán un documento que servirá como denuncia para presentarlo ante el Sistema interamericano de Derechos Humanos.

Mañana acudirán a una reunión en la sede de la ONU donde buscan exponer el caso a detalle y presentar una denuncia. También hacen un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales para que se evite que continúe la militarización de terrenos ancestrales.

En esta zona está ubicado el proyecto minero San Carlos- Panantza y está concesionado a la empresa China Explorcobres (EXSA) desde el 2002. Desde 1994, el terreno ya estaba concesionado a otras empresas mineras que después vendieron a EXSA, explicó Javier Córdova, ministro de Minería, en una entrevista que se realizó esta mañana.

En el 2005, según Córdova, lo que ocurrió fue que hubo una invasión de estos terrenos y se suspendió el proyecto hasta la fecha. El desalojo que denuncian las comunidades indígenas ocurrió con una orden judicial que obligó a la Policía a desalojar a quienes habían invadido la zona, dijo el Ministro y recalcó que el proyecto otorgará oportunidades de trabajo a las comunidades del sector manteniendo el respeto ambiental.

El Comercio