La activista ambiental Sonia Sánchez ganó recientemente dos demandas frente al Grupo Roble, una de las más poderosas corporaciones privadas de El Salvador, resultado de la firme la lucha por la Madre Tierra.

La mujer había denunciado la tala masiva de 28 hectáreas de bosque para construir 426 viviendas exclusivas en el municipio Santo Tomás, uno de los últimos pulmones verdes del área metropolitana de San Salvador, pese al desacuerdo de sus pobladores.

En entrevista con Prensa Latina su hija, Marcela López, aseguró que, aunque su mamá ganó estas batallas, continuarán junto a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas del municipio luchando porque se respete el entorno natural que les da vida.

Desde esas organizaciones iniciaron la lucha en defensa de los bienes naturales a partir de que la citada empresa inició a deforestar el bosque de carga hídrica en Santo Tomás para la construcción de un residencial, comentó.

‘Estuvimos unos cuatro meses desplegando acciones comunitarias directas frente a uno de los territorios en peligro lo que generó un proceso de persecución y criminalización a las defensoras ambientales como es el caso de mi mamá’, explicó.

Detalló que Sonia Sánchez, enfrentó una primera demanda por coacción, y fue absuelta y unas tres semanas después la volvieron a demandar por difamación y calumnia.

La empresa aseguraba que no había impacto ambiental, ni persecución y criminalización a las defensoras y que los permisos ambientales estaban debidamente legalizados, añadió.

A partir de eso enfrentamos ese proceso judicial y la semana pasada también fue absuelta, acotó.

Le pedían 25 mil dólares por los supuestos daños ocasionados a la empresa que forma parte del conglomerado empresarial Grupo Poma, uno de los conjuntos empresariales e industriales más grandes de la región con operaciones en Centroamérica, el Caribe y Suramérica.

Marcela López aseguró que seguirán trabajando por la defensa ambiental, pues dicha empresa busca la ampliación de un proyecto urbanístico.

‘Seguiremos luchando, estamos en el fortalecimiento de la Red Ambientalista de Santo Tomás, porque con la unificación de varias organizaciones y ciudadanos de la localidad enfrentaremos cualquier amenaza a nuestra tierra’, enfatizó.

Uno de los principales problemas ambientales de El Salvador es la deforestación causada principalmente por la tala de bosques para la agricultura, construcción de maquilas, residenciales y también por la quema generada en gran medida por los sucesivos bombardeos del ejército en el período del conflicto armado (1980-1992), entre otros.

Aunque desde hace unos siete años, comenzaron tomarse medidas para frenar este problema, aún es insuficiente, al presentarse hechos como el que enfrentan los pobladores de Santo Tomás.

El pasado año, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, reafirmó el compromiso de su gobierno con el cumplimiento del Desafío Bonn, en el que El Salvador junto a otros países del mundo asumen el reto de restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el año 2020.

‘El país se ha comprometido en reforestar un millón de hectáreas, eso significa la mitad del territorio nacional, es una enorme responsabilidad y estamos trabajando en lo inmediato con reforestar 100 mil hectáreas’, aseguró el gobernante en la primera Reunión Regional para Latinoamérica de esa iniciativa.

Sánchez Cerén señaló que la recuperación de los ecosistemas degradados ‘es fundamental para el bienestar de toda la humanidad’.

Recordó que el país viene tomando acciones en esta materia desde el gobierno anterior, en un esfuerzo que él lideró desde la Vicepresidencia para convertir a la región del Trifinio -compartida por El Salvador, Honduras y Guatemala- en una reserva de la biósfera transfronteriza reconocida por la UNESCO.

Organizaciones ambientalistas acompañan este esfuerzo, pese a situaciones como la que sufrió Sonia Sánchez, su hija, y quienes en Santo Tomás buscan proteger la floresta, el país, y el planeta.

Prensa Latina