El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en distintos estados del país, las autoridades deben hacer uso de la fuerza pública de forma inteligente.

“Si la fuerza pública se decide combinarse con inteligencia y negociaciones, también que se usen todas las herramientas que tenga el Estado, pero la actividad económica educativa y la vida diaria deben restablecerse”, subrayó.

Después de estar presente en el aniversario 142 de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo, indicó que la fuerza pública tiene que emplearse siempre para poner orden.

“Claro, con todo el uso profesional para mantener el orden, pero también en defensa de los derechos humanos del resto de las personas y es lo que demandamos”, dijo.

Indicó que no se pretende que para este conflicto haya una resolución parcial y que vuelva a brotar en dos años, pero que tampoco las personas y empresas estén atrapados en las negociaciones políticas.

El presidente del CCE pidió que las acciones de la Secretaría de Gobernación sean más efectivas.

Milenio


‘Chantaje’’ de la Concamin, decir que se suspenderá una inversión millonaria: CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó de ‘‘chantaje’’ el anuncio del sector empresarial sobre suspender una inversión de 50 mil millones de pesos en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca –donde se crearon las zonas económicas especiales– por las marchas y bloqueos del magisterio disidente. Se trata de una medida, afirmaron dirigentes magisteriales, que ‘‘sólo acentúa el odio y la fobia contra los maestros’’.

Asimismo, llamaron a la cúpula empresarial a actuar con “más sensibilidad y prudencia”, pero también a “no provocar actos de represión”.

En entrevista con La Jornada, Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la coordinadora, afirmó que habría una contribución mayor si en vez de amenazar buscaran junto con los educadores una salida efectiva al conflicto.

‘‘No podemos olvidar que se trata de uno de los sectores económicos que por décadas ha sido el más beneficiado por la políticas neoliberales. Basta recordar la privatización de empresas paraestatales y de la banca para descubrir que estos mismos empresarios que hoy nos denuncian han sido los que más se han enriquecido con el trabajo de los mexicanos’’.

Por su parte, Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9, advirtió que ‘‘si ellos (los empresarios) buscan presionar mediáticamente o generar las condiciones para algún tipo de represión, creo que a este país no le conviene’’.

Luego de que las cámaras empresariales interpusieron una denuncia de amparo por las ‘‘omisiones’’ del Estado en las movilizaciones magisteriales, el dirigente afirmó: ‘‘Hemos actuado responsablemente porque estamos sentados en un diálogo buscando todas las rutas para solucionar este proceso de abrogación de la reforma educativa’’.

Agregó que los empresarios están en ‘‘todo su derecho de interponer amparos y exigirle al gobierno que solucione el conflicto, pero también es un derecho aumentar los salarios de sus trabajadores’’, sostuvo.

Ayer, maestros disidentes marcharon desde las inmediaciones de Los Pinos para arribar por segunda ocasión en menos de una semana al Zócalo capitalino. Ahí, Enríquez Ibarra destacó que la advertencia del sector empresarial de que presentará en ceros sus declaraciones de impuestos es una ‘‘amenaza, porque en realidad lo que ellos desean es no tener pérdidas en sus ganancias. Habría que recordarles que también han sido beneficiados por créditos fiscales’’.

Por la mañana, más de 2 mil profesores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México se concentraron en las inmediaciones de Los Pinos, de donde partieron en marcha antes de mediodía.

Al llegar al Palacio de Bellas Artes había una valla con cientos de granaderos, quienes en un primer momento impidieron el avance del contingente, aunque luego de una breve negociación con funcionarios capitalinos se permitió el paso a los docentes.

Durante el mitin, Pedro Bámaca, de la dirección política de la sección 7 de Chiapas, anunció que en esa entidad se acordó que no habrá regreso a clases este 22 de agosto si no hay un respuesta a sus demandas.

Agregó que el magisterio disidente se declaró en ‘‘fase de alerta máxima’’, y aclaró que por decisión de asamblea, en Chiapas se analizan medidas como la toma de pasos fronterizos, instalaciones petroleras y bloqueos carreteros.

La Jornada