Muerte, narcotráfico, guerra sucia y negocios alrededor de un grupo a contramano de un frágil sistema democrático

Por José María Amarilla (*)

En Asunción y sus alrededores, la violencia es más bien como en Europa Occidental: entre tres y seis homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. El norte de Paraguay, sin embargo, esos indicadores parecen de México o Centroamérica, con tasas que van de 75 a 90 homicidios por 100.000 anualmente, el quinto lugar entre las regiones más violentas del mundo.

El norte de la Región Oriental paraguaya, de frontera seca con el Brasil, el narcotráfico ha privatizado para sí el uso de la fuerza y muchas de las funciones básicas del Estado. El que rompe las rígidas normas del silencio, sabe que más temprano que tarde acabará boca abajo en una zanja con un tiro en la nuca. El policía enviado a la zona, pronto descubre que si no se amolda, no volverá.

Nombres como los brasileños “Primer Comando Capital” o “Comando Vermelho” significan la ley a ambos lados de una larga frontera. Del lado paraguayo, los campos y fundos producen ganado, y marihuana. Y albergan pistas aéreas donde operan aviones sin matrícula, ni marca, ni plan de vuelo conocido. Del lado brasileño, inexplicables mansiones señalan la presencia de los “chefes da fronteira”.

Alrededor, los agentes estatales de la Justicia, la Policía, y los organismos de control (de ambos estados) prefieren no hacer olas, por complicidad, desinterés, o por mera supervivencia. Todo periodista está sentenciado a muerte, salvo que mantenga la boca cerrada sobre lo esencial.

En este escenario, opera el más reciente de los movimientos armados en América Latina: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que el pasado fin de semana llevó a cabo el atentado más sangriento de su historial, masacrando ocho militares que iban a bordo de un desvencijado camión. Dos bombonas de gas enterradas en el camino hicieron el trabajo, detonando al paso del vehículo; luego sus ocupantes fueron pasados por las balas y bayonetas.

EL FOQUISMO TARDÍO

Por su carácter mediterráneo, Paraguay ha recibido tarde muchos de los fenómenos regionales, desde la democracia (que se instauró a tientas en 1989) hasta el neoliberalismo o la New Age.

La guerrilla “foquista” propia de los años 70, también. Se instaló clandestinamente en Paraguay desde 1997 desde el interior de un minúsculo partido de izquierda, como un proyecto político – militar dirigido contra los gobiernos del reciente historial de elecciones abiertas, el periodo democrático más extenso en la historia paraguaya desde su independencia en 1811. Su objetivo: derrocar al gobierno para establecer una “dictadura del proletariado”.

Como todo proyecto tardío, la legitimidad de sus acciones fue desde siempre, dudosa. Una cosa era levantarse en armas contra la dictadura de Alfredo Stroessner –quien gobernó Paraguay con mano cruel entre 1954 y 1989—invocando el derecho de los pueblos a rebelarse contra la tiranía, y otra muy distinta es atacar a gobiernos electos por las urnas en procesos democráticos largamente esperados por el común de los paraguayos.

Esta disfuncionalidad de la guerrilla tardía se hizo especialmente notoria durante el gobierno del ex obispo Fernando Lugo, electo en mayo de 2008 como el primer presidente no perteneciente al conservador Partido Colorado. Los colorados gobernaron Paraguay ininterrumpidamente durante 61 años, incluyendo el tiempo de la dictadura de Stroessner. Por entonces, el tridente de poder era Gobierno, Partido Colorado y Fuerzas Armadas.

Aunque durante la gestión de Lugo fueron abatidos varios de los principales militantes armados del núcleo del EPP, la mayoritaria derecha del espectro político paraguayo instrumentó la existencia del grupo para desatar lo que domina a profundidad desde la dictadura militar: la guerra sicopolítica y la “caza de brujas”. En la propaganda de desgaste, todo el gobierno era presentado como una solapada “expresión política” del EPP.

A la larga, Lugo acabó defenestrado en el 2012, un año antes de la finalización de su mandato, tras un fallido operativo policial contra una ocupación campesina de tierras usurpadas al Estado paraguayo, en el cual murieron seis policías y 11 labriegos.

Contrariamente a lo que pudiera esperarse, el EPP no tomó postura respecto a esta matanza, que fue la más grave desde el final de la dictadura, ni ha establecido acciones postura en contra de las poderosas facciones minoritarias que usurpan tierras públicas en beneficio propio en todo el país. La tenencia de la tierra en Paraguay es tan irregular, que se estima que los títulos de propiedad duplican sumados duplican en extensión a la superficie territorial de la nación.

El EPP tampoco disputa el control territorial con los productores de marihuana que dominan la economía de la frontera con el Brasil, ni se pronuncia políticamente en contra de los acopiadores o distribuidores de drogas ilícitas, con los cuales no ha propuesto debates ni acciones armadas.

En contrapartida, no existe noticia de que los muchos sicarios que ejecutan la ley del Talión para los traficantes brasileños se hayan enfrentado con exponentes del EPP. Al contrario, informaciones de las fuerzas de seguridad y de las autoridades zonales indican que el EPP se beneficia de “impuestos revolucionarios” de la producción de marihuana en la zona, en una relación de convivencia simbiótica con el crimen organizado.

En cualquier caso, el territorio en que opera el EPP comprende unos 5.000 Km cuadrados, que representan poco más que el 1% del territorio paraguayo, en las fronteras internas entre los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, donde vive gente muy rica y muy pobre.

UNA TIENDA DE CONVENIENCIA

La existencia del EPP es también una conveniencia para una diversidad de actores económicos, sociales y sobre todo políticos oportunistas que se benefician del río revuelto.

Ha permitido, por ejemplo, que el gobierno de Horacio Cartes (electo en 2013, nuevamente por el Partido Colorado) obtuviera fondos extraordinarios por más de 132 millones de dólares en tres años, para el combate al EPP.

Compras directas sin licitación por montos injustificables en materia de softwares espía, operaciones especiales de las cuales nadie rinde cuentas, y hasta alianzas con capos narcotraficantes presos que ofrecen “colaborar en la lucha contra antiguerrillera” a cambio de privilegios surrealistas en prisión, han sido consecuencia directa de la existencia del EPP.

A fines de julio de 2016, la prensa paraguaya sorprendía a propios y extraños con la noticia de que uno de los mayores “chefes” del narcotráfico fronterizo, el brasileño Jarvis Chimenes Pavao tenía por celda en la cárcel de Asunción un departamento de tres ambientes con biblioteca, decorado de luces, sala de reuniones, paredes con revestimiento térmico, aire acondicionado y lujos propios de un hotel 5 Estrellas.

La excusa “sotto voce” es que Pavao gozaba de tales privilegios por ser “uno de los aportantes a la campaña del gobierno contra el EPP”… Su celda fue desalojada y luego demolida en cuestión de horas, y Pavao fue trasladado a otro lugar de detención a fin de julio, sin mayores explicaciones, tras un aparentemente abortado intento de fuga.

Otras 20 celdas del mismo rango de lujo siguen allí, ocultas tras los muros de la cárcel de Tacumbú, en un barrio asunceno. Todas son ocupadas por narcotraficantes de peso pesado, que nadie sabe si son también “cooperantes” en la campaña de contrainsurgencia.

ENCRUCIJADA

El EPP también ha sido útil a diversos discursos autoritarios que muchos añoran de las muchas décadas de dictadura. Entre esos muchos, los principales estrategas del gobierno, quienes a fines de 2013 –al inicio del mandato del presidente Horacio Cartes—consiguieron ampliar las leyes de Defensa para emplear las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interna, en contra de los dictados de la Constitución de 1992, que prohíbe su intervención en asuntos de orden interior.

La operación se denomina Py’a Guapy (“Tranquilidad”, en guaraní) y la fuerza ejecutora está integrada por 1.200 efectivos del Ejército, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada y la Secretaría Nacional Antidrogas. Se denomina Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y es la mayor operación militar del Estado paraguayo desde 1980, cuando un comando sandinista ejecutó en Asunción al dictador nicaragüense Anastasio Somoza y todo el aparato represivo salió de cacería. Pero esta misión es más cara. La más cara desde la guerra contra Bolivia (de 1932 a 1935).

La nueva ley daba la razón a quienes gritaban que a gobierno de Lugo le faltaba “voluntad política” para acabar con el EPP y que el remedio que esos rebeldes necesitaban era la manu militari como en los buenos viejos tiempos de Stroessner.

Tres años después, los datos son contundentes: 19 civiles, 13 militares y 8 policías fueron asesinados por el EPP desde el inicio de la operación “Tranquilidad”. Los asesinato del grupo se triplicaron y sus secuestros se cuadruplicaron respecto a los gobiernos anteriores. Por primera vez, la agrupación mantiene tres secuestrados al mismo tiempo. Uno de ellos, el policía Edelio Morinigo, con más de dos años de cautiverio.

Tres años después, la FTC está en una encrucijada: mantener el mismo tipo de operación sería un error y un riesgo de otras tragedias como la que costó la vida de 8 jóvenes combatientes el sábado 27 de agosto, a plena luz del día… Pero retirarse del terreno, sería la peor derrota de los tiempos recientes para un estamento militar cuya acción más notoria ha sido intentar dos fallidos golpes de Estado en tiempos de la transición democrática.

En 1996, el entonces hombre fuerte del ejército, el hoy fallecido general Lino Oviedo, se dio con un palmo de narices al intentar resistirse a su paso a retiro, en la última acción directa de un jefe militar contra una orden presidencial. En mayo de 2000, sus seguidores pretendieron una reacción tardía y más bien patética contra el juicio político que había destronado en 1999 al presidente Raúl Cubas, un delfín del partido militar “oviedistas”.

Todo terminó en una nadería: un disparo de tanque contra el Congreso y una rápida retirada de los golpistas a sus cuarteles. A la larga, y tras pasar un periodo en prisión, el propio Oviedo se amoldó a las nuevas reglas en sus últimos años de vida y fundó un partido político escindido del Partido Colorado. El proyecto, que descansaba en su liderazgo de mano dura y carisma, murió con él en un accidente aéreo durante la campaña presidencial del 2013.

El amor a las botas y la idolatría de la autoridad, sin embargo, siguen obnubilando a muchos actores de la política paraguaya. Aquí, la Guerra Fría parece no haber terminado del todo.

Quizá a causa de eso, el gobierno de Cartes parece no entender el escenario actual. Su reacción reflejo a las críticas a la FTC ha sido el viejo recurso de tiempos del Operativo Cóndor: El que critica, es EPP; el que se queja, es EPP… El que no aplaude, es EPP. Toda la izquierda, es EPP; los obispos, son EPP; los liberales, son EPP…

Muy oportuno, el EPP.

(*) Sociólogo, periodista, especialista en inteligencia