Un exmilitar acusado de participar en la masacre de más de 160 personas en 1982 durante la guerra civil, fue deportado el miércoles de Estados Unidos a Guatemala después que una Corte denegó su pedido de permanecer en territorio estadounidense.

Santos López Alonzo, de 64 años, fue enviado por avión y entregado a las autoridades guatemaltecas tras el aterrizaje, informó la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

López fue parte de una unidad de elite del Ejército guatemalteco y es uno de cuatro sospechosos de la masacre en la aldea Dos Erres que fueron arrestados años después en Estados Unidos. Dos purgan condenas en cárceles estadounidenses por delitos migratorios y otro fue deportado a Guatemala, donde lo condenaron a más de 6,000 años de prisión.

En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, López dijo que durante la masacre le tocó vigilar a mujeres y niños, pero que no mató a nadie. Agregó que teme represalias de las autoridades guatemaltecas o de otros presos por ayudar a los investigadores estadounidenses a procesar a uno de sus antiguos camaradas.

“Yo tengo miedo de que voy a ser torturado y me van a matar en mi país, por la razón de lo que yo di un testimonio en un gran jurado”, dijo, “como yo hablé sobre ellos todo lo que ellos habían hecho y todo”.

Más de una docena de exmilitares, López entre ellos, están bajo pedido de arresto en Guatemala por su presunta participación en la matanza. Tuvo lugar en el momento más intenso de la guerra civil del país centroamericano, que duró tres décadas y reclamó al menos 200,000 vidas hasta terminar en 1996.

El Ejército, respaldado por Estados Unidos, fue responsable de la mayoría de las muertes, de acuerdo con una Comisión de la Verdad creada para investigar la matanza. En diciembre de 1982, un grupo de soldados fue enviado a Dos Erres en busca de armas que habían desaparecido.

Los soldados acorralaron a hombres, mujeres y niños, violaron a las niñas y mataron a los aldeanos a golpes de mazo para luego arrojar los cuerpos a un pozo. López relató que era panadero en el Ejército y lo mandaron a montar guardia mientras otros perpetraban la masacre.

Los soldados salían con gente y volvían solos, recordó, y solo entonces le comentaron que habían matado a los habitantes. “El que nada debe nada teme. Que si yo hubiera hecho algo, hubiera matado, yo estuviera con un temor, pero me siento limpio”, aseguró.

Más de 10 años después, el gobierno guatemalteco inició una investigación de la masacre y desenterró 162 esqueletos. Las autoridades emitieron órdenes de arresto para 17 militares, entre ellos López, pero los casos quedaron estancados.

Después de dejar el Ejército, López se dedicó a la agricultura en su país y migró a Estados Unidos sin autorización para trabajar en la construcción, en Texas. En 2010 lo arrestaron y acusaron de regresar ilegalmente tras ser deportado.

Pero en esta ocasión no lo deportaron, ya que quedó detenido como testigo de cargo en el juicio a un excompañero de armas por mentir en la solicitud de naturalización acerca de la masacre. López trató de evitar la deportación, pero los jueces del Tribunal Federal de Apelaciones en San Francisco denegaron su pedido el mes pasado.

“Las órdenes son órdenes que da el gobierno”, dijo, “por hablar también me hubieran matado”.

El Periódico