Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, advirtieron dos importantes expertos de Naciones Unidas y del sistema interamericano. En lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido información sobre el asesinato de por lo menos 8 defensores en el país.

“El Gobierno de Honduras debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato”, indicaron el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de la ONU, Michel Forst, y el Relator interamericano sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez.

Este llamado urgente se hace tras el asesinato de otro reconocido dirigente, Kevin Ferrera, el día 9 de agosto de 2016, abogado y presidente de la Juventud del Partido Liberal (‘Juventud Liberal’) y miembro fundador de la organización Oposición Indignada. El Sr. Ferrera trabajaba con el objetivo de empoderar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción e impunidad, y ayudó a organizar las recientes caminatas de protesta en contra de las propuestas de reelección del actual Presidente de Honduras.

“Estamos sumamente preocupados que su asesinato pueda estar vinculado con el trabajo legítimo del Sr. Ferrera en la defensa de los derechos humanos e instamos al Estado a llevar a cabo una investigación para establecer responsabilidades tanto de los perpetradores materiales como de los autores intelectuales de este atroz crimen”, enfatizaron. “La investigación debe ser exhaustiva, seria, imparcial y tomada con la debida diligencia”.

“La violencia y los atentados contra personas defensoras de derechos humanos no sólo afectan las garantías básicas de cada individuo. También socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática”, subrayaron los expertos.

Los Relatores Forst y Orozco Henríquez hicieron referencia a la creación de un mecanismo de protección para defensoras y defensores y otros grupos en 2015, así como también a los esfuerzos del Estado para que el mecanismo sea totalmente operativo. “No obstante”, señalaron, “aún no se ha puesto a prueba la implementación del mecanismo”.

“Los crímenes cometidos contra los defensores de derechos humanos, especialmente asesinatos a sangre fría, no deben quedar impunes, ya que la impunidad es el enemigo – y el mayor desincentivo de cualquier esquema de protección, no importa cuán comprehensivo sea éste”, los expertos concluyeron.

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