Los abogados del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), preparan una denuncia en contra de las autoridades del Organismo Legislativo que presentarán ante el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por la posible comisión del delito de tráfico de influencias.

En el transcurso de la semana, los sindicalistas del Sintracor se presentarán al MP y CICIG para denunciar que todas las acciones que ha emprendido el Legislativo desde que el presidente del Congreso Mario Taracena está al frente de ese organismo, han sido resueltas a la brevedad en las diferentes instancias, lo que lleva a pensar en la existencia de un posible caso de “tráfico de influencias”.

Las razones para pensar en dicho ilícito, según el secretario de conflictos, Oscar Salic, se debe a que el sindicato mayoritario ha emprendido varias acciones legales en los tribunales de trabajo y en la Corte de Constitucionalidad (CC), pero las respuestas a estas han sido lentas, nulas y tardías, lo que ha permitido que la Comisión Permanente haya implementado acciones que atentan en contra de los derechos de los trabajadores.

La denuncia se planteará porque “nos preocupa que las resoluciones se resuelvan rápido”, afirmó Salic, tras informar que los abogados del Sintracor también preparan otra denuncia penal en contra de las autoridades del Congreso que incluyen a los subdirectores de Recursos Humanos y Dirección General, además, algunas acciones de inconstitucionalidad que se presentarán en la CC.

El Sintracor, según su secretario general, Alfredo Tumax, pidió el 19 de julio un juicio ordinario en el Tribunal de Trabajo en prevención de que la Comisión Permanente pudiera ejecutar el descuento salarial del diez por ciento; y, en junio presentaron una acción en la CC en busca que se disminuyera ese mismo porcentaje salarial a los trabajadores, pero estas no han sido resueltas.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), presentó el pasado viernes una denuncia penal en el MP en contra de la Comisión Permanente del Congreso por el delito de abuso de autoridad tras avalar el descuento salarial; y, un amparo ante la CC en contra del Congreso por gestionar el proceso de destitución del personal sin haberse agotado el procedimiento de despido vigente.

Por todo esto, la fiscal general, Thelma Aldana, declaró: “Hemos recibido algunas denuncias y están en investigación, uno de los sindicatos presentó una denuncia contra la Comisión Permanente invocando abuso de autoridad en el marco de los despidos que se intentan hacer”.

La Hora