La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales y estableció que para la fijación de nuevos valores son obligatorias las audiencias públicas.

En un fallo unánime, el máximo tribunal confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que frenó el tarifazo en el gas y dispuso que las tarifas deben retrotraerse a los cuadros previos a las resoluciones del ministerio de Energía, es decir a los vigentes al 31 de marzo. Además, ordenaron mantener la tarifa social y reclamaron al Congreso “la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.

“La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas”, argumentaron los magistrados y apuntaron que “no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2014, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia”.

Si bien la Corte reconoce en su fallo que la obligatoriedad de las audiencias en principio está legislada para el transporte y distribución del gas, que son fijados monopólicamente por la autoridad estatal, el tribunal consideró que “desde el dictado de la Ley de Emergencia del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal”. Añadió que desde el decreto 181 del 2004, el Poder Ejecutivo intervino en la fijación del precio del gas en pozo.

Por ello, los jueces conisderaron que “es razonable que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública”. “A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24078”, completaron.

En un apartado sobre la “división de poderes y funciones”, la Corte recordó que corresponde al Poder Ejecutivo la fijación de tarifas y la implementación de la política energética; al Legislativo la determinación del marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias, y al Poder Judicial “controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad”.

En cuanto a que el freno al aumento se limite solo a los usuarios residenciales y no abarque a los comercios e industrias, el máximo tribunal esgrimió que para los procesos colectivos “deben existir intereses individuales homogéneos”.

“En el caso, el único grupo homogéneo que reúne los elementos (…) es el de los usuarios residenciales”, sostiene el fallo. “Se trata de los ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva. Por esta razón, la sentencia de la Corte únicamente tiene efectos respecto de ese colectivo”, explica la sentencia firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Héctor Rosatti.

Por último, la Corte Suprema dispuso que “las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables se mantienen”. De acuerdo a lo resuelto, el fallo “en ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social”.

De cara al aumento que pueda surgir de las audiencias públicas, que el Gobierno convocó para octubre, la Corte advirtió que el reajuste debe tener el “criterio de gradualidad” y evitar una tarifa “confiscatoria”. “El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”, remató el tribunal.

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Tarifas: Garavano señaló que el Gobierno espera el fallo de la Corte “para poder fijar reglas claras”

“Para el Gobierno es importante que la Corte se pronuncie” sobre el tema tarifas, porque “el sector energético en general está en una situación de crisis que viene desde hace años y requiere de definiciones para poder revertirla, lo que no pasa sólo por las tarifas sino por las inversiones que hay que hacer”, aseguró Garavano en una entrevista concedida a Télam.

Respecto a si es correcto que la Corte tenga un rol determinante en la definición de las tarifas de los servicios públicos, el ministro respondió que “en realidad la definición sobre el tema de las tarifas es algo que la Constitución Nacional le asigna al Poder Ejecutivo, incluso a organismos muy específicos, como los entes de control de gas, con lo cual ese es uno de los temas que es importante que defina” el máximo tribunal.

En cuanto al rol que juega la justicia, sobre todo el fuero Federal, en la política cotidiana, Garavano destacó que “venimos de una década de mucho conflicto entre la justicia y el poder político”, donde “la política exacerbó que esos conflictos se lleven a los tribunales. Esto es lo que tenemos que comenzar a cambiar”, agregó.

“Ineludiblemente la Corte va a tener siempre conflictos que resolver, y estos van a tener trascendencia, pero tienen que ser temas puntuales y abordados institucionalmente. Y el resto de la justicia tiene que cumplir con su tarea, creo yo que con un perfil más bajo”, aseguró.

Esta situación, señaló, no es de solución inmediata, “pero la forma tiene que ver con corregir los niveles de sobreexposición y focalizarse mucho en los trabajos y en los resultados. Por eso desde el gobierno, ante muchos allanamientos y diligencias, siempre hablamos de la elevación de juicio oral y público, que es lo razonable y lógico, porque se da un mensaje de que quien viola la ley es juzgado y condenado”.

El problema, señaló, es que como en Argentina ha habido muy pocos juicios orales y públicos, “la difusión queda en las medidas preliminares, en las diligencias de la instrucción, que luego pueden terminar de cualquier manera, incluso en la nada”.

En este sentido, el ministro señaló que el complemento al cambio de actitud es el funcionamiento de las instituciones: “Es importante respetar los roles de los distintos actores en estos temas. Eso me da la sensación de que en los últimos años se había perdido bastante, como que era todo lo mismo”, dijo.

Para Garavano “el Consejo de la Magistratura tuvo un rol de domesticación de los jueces durante el anterior gobierno, como una apéndice del Poder Ejecutivo, que es una de las cosas que se han corregido. Hoy el Consejo es un cuerpo mucho más equilibrado y no es claramente un apéndice del Poder Ejecutivo. Por eso es importante corregir esta lógica que imperó durante los últimos años. También sé que es cultural y que va a llevar mucho tiempo”, agregó.

-¿Los privilegios, como el hecho de que un juez no pague el impuesto a las ganancias, no complican la relación con el ciudadano al que debe juzgar?, preguntó Télam.
– Sí, son muchos los temas que complican una relación que ha sido mala. La justicia tuvo alta confianza pública en el momento del Juicio a las Juntas y desde entonces ha caído sustancialmente su imagen ante la población. Dicen los expertos que lo que más garantiza la independencia judicial es la confianza que los ciudadanos tengan en esos jueces. La legitimación del Poder Judicial es de ejercicio”, respondió.

Para el ministro en la relación entre el Poder Judicial y los ciudadanos hay tres ejes: cómo se resuelven los conflictos, cómo se atiende al público que recurre al servicio de justicia y cómo se relaciona la justicia mostrándose en un plano de igualdad ante la sociedad, que es donde entra, entre otros temas, el del no pago del impuesto a las ganancias.

“En ese punto en Justicia 2020 está previsto el tema de la discusión sobre el pago de ganancia de los jueces para el año entrante, aunque la Corte ya adelantó la discusión, pero para nosotros la verdad es que hoy más importante que eso es avanzar con los otros dos puntos de esta legitimidad, que tienen que ver con cómo resuelven y cómo atienden a la gente, porque aunque los jueces paguen ganancias, si el servicio de justicia no funciona bien, si la gente no cree que es un lugar al que pueda ir y confiar en cómo se va a resolver, atender y tratar, no solucionamos nada”.

“El problema es que la justicia no termina de ponerse en su lugar; siempre ha estado pensando más en la política, con una mirada endogámica, que en mirar hacia la sociedad, hacia el prójimo”, sentenció.

“Lo que estamos intentando en Justicia 2020 es cambiar ese enfoque, que se mire primero y más a la gente y a partir de eso empezar a corregir la legitimindad mediante el ejercicio saludable de la función que tiene que cumplir en la sociedad, que es central. Sin justicia a la larga no hay progreso económico sustentable, no hay ejercicio de derecho, no hay nada, porque todas esas cuestiones terminan en los tribunales, en pronunciamientos judiciales sobre derecho a la salud, a la educación”.

Sobre el tema de la flexibilización de las normas de detención sobre los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, el ministro negó que haya en ese sentido un cambio de política.

“Hay casos emblemáticos, como el de (Miguel) Etchecolatz, que lo tendrán que evaluar los jueces. Creo que sabiamente decidieron mantener su situación de prisión. Por lo que me han dicho muchos jueces, durante el gobierno anterior hubo presiones para que personas no pudieran gozar de un beneficio que está en el Código Penal, que es el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años o con problemas de salud”.

“Mi sensación es que con la salida del gobierno anterior cesaron esas presiones y lo que están haciendo algunos jueces es otorgar lo que establece la ley. Ahora, eso no lo podemos tomar como un cambio de política, porque algunos intencionadamente lo que están intentando es buscar algunas cosas para señalar que hay un cambio de política”, agregó.

“Me parece que hay muchas cosas hechas en lo que va de gestión, con estilos y mirada diferentes, pero parece que muchos organismos que tenían una relación simbiótica con el gobierno anterior lo que intentan es sobreactuar esas diferencias al marcar que hay políticas totalmente opuestas a las que antes se sostenían, y eso no es así”, aseguró.

Télam