Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Alberto Mayol y Carla Azócar*

El Sistema de Pensiones de Chile está compuesto por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s), que son empresas privadas; el Instituto de Previsión Social (IPS); la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA). Las diferencias de sistema se explican del siguiente modo: el Instituto de Previsión Social se hace cargo fundamentalmente de aquellos pensionados que no ingresaron al sistema de AFPs cuando se produjo la reforma en 1981, mientras las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile conservaron siempre un sistema solidario para ellos, no sumándose al nuevo sistema de pensiones. Este factor se ha considerado siempre una ironía o, incluso, la prueba fehaciente de la convicción por parte de las autoridades de la dictadura respecto a las deficiencias en los montos totales de las pensiones que tendría el nuevo sistema de capitalización individual. Finalmente, las AFPs son empresas que administran los fondos de capitalización individual.

Las AFPs se transformaron en el corazón del sistema de pensiones, modelo creado desde el Ministerio del Trabajo, liderado en 1981 por el economista José Piñera Echenique. El fundamento del sistema es que cada trabajador cuenta con un fondo de capitalización individual que se invierte en las empresas que cotizan en la bolsa de comercio de Santiago de Chile. En términos generales, se considera al sistema la viga maestra del modelo económico, pues cada mes inyecta a la bolsa el 10% de los salarios del país en forma de dinero en efectivo disponible para operar como capital. Es decir, se trata de una creación de un mecanismo permanente de lo que Marx llamaba ‘acumulación originaria’.

El modelo neoliberal chileno no se explica sin el ahorro forzado que producen las AFPs. En la práctica, se cobra un impuesto (es decir, un cobro obligatorio) que va por necesidad a un tipo de empresa, las AFPs, que son de propiedad privada, quienes administran los fondos. Los propietarios de ellos, los cotizantes y futuros pensionados, no tienen derecho a uso ni goce de ese monto nunca, sin importar el ahorro conseguido. Cuando la edad de jubilación llegue, cada trabajador pedirá su pensión y se le entregará dividido por la cantidad de meses correspondientes a su esperanza de vida.

Durante años el sistema de pensiones ha sido duramente criticado por la ciudadanía y ostensiblemente defendido por las elites. De modo permanente, las evaluaciones a su funcionamiento eran negativas. En la medición de noviembre de 2013 de la Universidad de Santiago la tesis de terminar con el sistema de AFPs y pasar a un sistema de reparto solidario obtuvo el 48 %. En junio de 2016 la medición con el mismo instrumento había evolucionado a 61,3%, luego de un proceso de politización de la temática en el marco de la promesa incumplida de un plan de reforma a las pensiones. Esta evolución es significativa, aunque no explica la politización que adquirió el caso en Chile justo después de esta medición (que se hizo a fines de junio, considerando que el aumento de conflictividad se produjo en julio).

La siguiente hipótesis intenta otorgar una explicación a las razones que fundamentan la evolución desde un escenario de malestar sin presión transformadora sobre las autoridades, hacia un escenario de alta presión que ha obligado al gobierno a generar una propuesta de reforma que, aun cuando significativa en sus medidas, es considerada insuficiente por la ciudadanía.

Nuestra hipótesis es que el sistema siempre había tenido importantes niveles de desaprobación por las bajas pensiones que procuraba, pero que el incremento en la sensación de que el sistema fomenta la injusticia es la base de la crisis. La catalización de esa sensación de injusticia se produjo en el marco del aumento de la problemática de las pensiones por el descubrimiento de una millonaria pensión vitalicia para la pareja del Presidente de la Cámara de Diputados, lo que habría reflejado una constante: los políticos pueden optar a sistemas ajenos al de los ciudadanos y, en segundo lugar, las empresas privadas que ofrecen pensiones cobran comisiones ocultas por cientos de millones de dólares que demuestran la injusticia. Este escenario generó un aumento radical de la intensidad del fenómeno. Esta intensidad (continuando con la hipótesis) genera una destrucción de las estructuras que han sostenido la institucionalidad del sistema vigente en Chile y esa institucionalidad no es capaz de mostrar mecanismos de sostén por la ausencia de actores capaces de mediar el procesamiento del conflicto. A continuación detallaremos los fundamentos de esta hipótesis.

a) La politización

Las explicaciones de este proceso de politización se pueden comprender gracias a las múltiples herramientas metodológicas que se usaron desde la Universidad de Santiago para estudiar el fenómeno.

En el análisis del discurso de las personas se observa que la crítica a las AFP manifiesta la percepción de que existe una injusticia. Las personas consideran que están presas de un sistema que se aprovecha de su posición para extraer dinero a los trabajadores, cobrando comisiones, usufructuando de los fondos, apropiándose del dinero de los trabajadores. Más aún se señala que el diseño fue hecho precisamente para el beneficio de quienes serían sus dueños y no para otorgar una solución al problema de las pensiones.

b) La intensidad

El análisis de datos de prensa, por su parte, muestra un incremento de cuatro veces en la fuerza de la aparición del concepto en los medios escritos entre la primera y última semana de julio. Esto se debe a que sale a la luz el caso de Miriam Olate, esposa del Presidente de la Cámara de Diputados, quien recibe una pensión de $5.214.000 (US$9000 mensuales), en el contexto de un promedio de pensiones que no supera los $160.000 (US$300). La recepción de la noticia fue elaborada por las personas como la constatación de que quienes detentan poder (militares, empresarios, políticos) tienen la opción de eximirse de las constricciones del sistema. El nombre de Miriam Olate apareció en prensa con la misma intensidad que el del expresidente y presidenciable, Ricardo Lagos.

c) Ausencia de mediadores

En tercer lugar, no existen actores que ejerzan como “mediadores” del conflicto. La defesa de la postura conservadora fue asumida públicamente por José Piñera, creador del sistema. Al aparecer directamente el creador del sistema, los voceros de las AFPs quedaron anulados. El debate se polariza entre el discurso de éste y la organización ciudadana No+AFP, con la vocería de Luis Mesina.  El gobierno queda fuera de la discusión social y genera una propuesta de reforma para ingresar en el debate, cuestión que solo se sabrá en las próximas semanas respecto al juicio de viabilidad.

Los datos muestran que la gestión del gobierno en materia de reformas es inadecuada (pese a que los ciudadanos manifiestan ampliamente demanda de reformas estructurales). La sensación es que más allá de la forma que finalmente éstas puedan haber adoptado, nada beneficioso para los trabajadores puede provenir desde una clase dirigencial que ha mostrado estar orientada a los intereses de ellos mismos y de los grandes empresarios, cuestión que fundamenta la crisis desde el momento en que quedó en evidencia que los grandes grupos económicos financiaban a los políticos y eventualmente generaban los contenidos de las leyes.

La crisis está adquiriendo un escenario de consolidación. La posible caída del sistema de AFPs en Chile sería la derrota final de los sistemas de pensiones por capitalización individual, ya que fue el origen del sistema y el presunto mayor éxito de éste.

*Alberto Mayol, Director CISEC, Universidad de Santiago. Carla Azócar, investigadora CISEC, Universidad de Santiago.