Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Urgente es un mayor control de las administradoras y sus gobiernos corporativos, cuyo valor puede estar encuadrado sin duda en variables de mercado, pero que necesitan claras reglas del juego que eliminen abusos y banalidad, y que no creen redes concentradas de poder que ponen en jaque el funcionamiento sano de la economía y la democracia.

Luego de los anuncios presidenciales, el debate sobre las AFP ha entrado, más o menos objetivado, a la arena de la discusión prelegislativa. La urgencia de las últimas semanas recibió un alivio transitorio, aunque lo más probable es que la virulencia y presión social que se levantó por fuera del control político, se encauce inevitablemente hacia nuevas críticas, esta vez respecto de la insuficiencia de las iniciativas comunicadas.

Más allá de lo técnico, donde los grados de racionalidad se fundan en circunstancias objetivas que no pueden ser omitidas, parte sustancial del debate será en la arena política y, por lo mismo, con importantes elementos subjetivos. Nada se saca hoy, 35 años después de iniciado, con auscultar técnicamente por qué el modelo y sus mecanismos se desviaron de algunos de sus fundamentos iniciales –ya esbozados en el denominado “Ladrillo”– y condujeron a los actuales resultados. Ni tampoco a las modestas mejoras solidarias introducidas durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, principalmente a través de la garantía estatal de una pensión mínima, financiada por los impuestos de todos.

Porque hace ya tiempo que las críticas son hacia el corazón mismo del sistema, que permite concentrar en unos pocos actores político-económicos la enorme cantidad de dinero entregado obligatoriamente y casi a costo “0” por los trabajadores de Chile, a través del mecanismo de capitalización individual, el cual sirve de sangre fresca al mercado de capitales e industria financiera.

No hace bajar la intensidad de las críticas el hecho de que ese bajísimo costo para la obtención de dinero explique parte del crecimiento económico de Chile durante las últimas décadas, generándose millones de empleos, y que el Estado de Chile se haya beneficiado también, vía impuestos, de las utilidades que han obtenido las empresas favorecidas con el flujo desde las AFP.

Para encontrar impulso a su deseo de consenso nacional sobre el funcionamiento de las AFP, la Presidenta de la República debe anclar sus argumentos en esta premisa y entender que no habrá solución viable de largo aliento si no enfrenta la difícil tarea de apuntar a reformas sustantivas en el sistema de administración de los fondos, para que se desagreguen, aumente la competencia, bajen las comisiones y cesen los cobros inútiles o innecesarios. Esto, además de otras medidas relevantes, tales como la cotización por parte de los empleadores aunque es posible que a mediano y/o lardo plazo esto pueda afectar el empleo– y los imprescindibles mecanismos de solidaridad que hay que profundizar.

El problema está en la excesiva concentración de nuestra economía en pocos actores relevantes, quienes gozan de capital capturado, prácticamente –como se ha dicho– a costo cero, lo que puede producir cada vez más concentración, e instalarse con sesgo de rentista, ya que no es menester esforzarse en innovar y competir para acceder a ese capital por los grandes grupos económicos.

En esencia, el sistema ya no está en sus orígenes sino que es un sistema maduro que está produciendo pensiones que presionan a la pobreza, obligando a más gasto social al Estado. Las pensiones, que son un pago diferido en el tiempo del trabajo realizado durante la vida productiva de una persona, dejan claro que el problema son los salarios y la continuidad del empleo, y no el volumen de cotización acumulado.

Pero aquí tenemos una condición estructural del sistema, que se ha producido en un largo período y que no va a mejorar por el hecho de que los empleadores coticen un porcentaje adicional a la cotización individual de los trabajadores; ni tampoco por que bajen los costos de administración.

El problema está en la excesiva concentración de nuestra economía en pocos actores relevantes, quienes gozan de capital capturado, prácticamente –como se ha dicho– a costo cero, lo que puede producir cada vez más concentración, e instalarse con sesgo de rentista, ya que no es menester esforzarse en innovar y competir para acceder a ese capital por los grandes grupos económicos.

El valor político de esa posición es prácticamente incalculable. No es menor que los 170 mil millones acumulados equivalgan a dos tercios del PIB de Chile. Casi la totalidad de las AFP son controladas por accionistas extranjeros, y son tan poderosas que una de ellas, Planvital, se ha negado a informar a la autoridad reguladora quiénes son sus reales controladores y el Estado de Chile no ha podido exigírselo, hasta ahora.

Conclusión: no se trata solo de un poder económico concentrado sino también de un poder político –nacional e internacional– que permite en el interior presionar con enorme fuerza a la autoridad, y en el extranjero la opción de alinearse indirectamente en políticas exteriores que inevitablemente arrastrarán al Estado. Esto ha llevado a los trabajadores a levantar la tesis –bastante real, por lo demás– de que su dinero ha sido el motor de la concentración económica del país y de la construcción de riqueza desigual, con trabajos mal remunerados y donde las pensiones son la expresión más cruda de un acto expropiatorio de poder.

Un proceso de reforma al sistema previsional debiera enfocarse a reglas únicas y universales. Recordemos que aún existe un sistema previsional especial para las FF.AA. y de Orden financiado en un 91% por el Estado, y sobre esto nada dijo la Presidenta. Y, por cierto, debiera descansar en principios de participación y consulta, corresponsabilidad de los gobiernos corporativos, mayor competitividad e instrumentos de solidaridad, que son los que –además de buenos resultados– otorgan legitimidad.

Urgente es un mayor control de las administradoras y sus gobiernos corporativos, cuyo valor puede estar encuadrado sin duda en variables de mercado, pero que necesitan claras reglas del juego que eliminen abusos y banalidad, y que no creen redes concentradas de poder que ponen en jaque el funcionamiento sano de la economía y la democracia.

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