Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Más allá de la resolución que la Corte Suprema de Justicia adopte en las próximas horas acerca del aumento de tarifas de gas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, hay un dato de la realidad del que nadie debería dudar: no hay posibilidad alguna de contar con servicios públicos de calidad con tarifas que en los últimos 12 años prácticamente no se habían movido pese al dramático proceso inflacionario y a la desvalorización del peso del mismo período.

No es razonable que quienes ponemos el grito en el cielo cuando se corta la luz o escasea el gas añoremos las ridículas tarifas de la era kirchnerista, mantenidas artificialmente a costa de subsidios del Estado que llevaron a límites extremos el déficit de las cuentas públicas, al tiempo que desalentaron la inversión y la producción energética.

Entre 2006 y 2015, el gobierno kirchnerista gastó el equivalente a aproximadamente 139.000 millones de dólares en subsidios a la energía y el transporte. Se trata de una cifra que representa el 22% del PBI del año pasado. Lo más grave es que gran parte de esos recursos ni siquiera fueron a los sectores sociales de menos poder adquisitivo. Por el contrario, fueron empleados para subsidiar la electricidad y el gas de red en hogares de altos ingresos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, e incluso para calefaccionar las piscinas climatizadas en grandes residencias. Así, no pocas familias pudientes que poseen conexión al gas de red se beneficiaron de una década de precios irrisorios, mientras que los grupos más humildes de la población debieron pagar por la utilización de garrafas o de leña proporcionalmente mucho más para enfrentar los inviernos.

Estudios privados comparativos de las tarifas de gas vigentes a abril de este año demuestran que en la Argentina son notablemente inferiores a las de otros países de la región. En tal sentido, un trabajo del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano da cuenta de que, tomando un consumo de 250 metros cúbicos anuales, un usuario residencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abona en promedio 29 centavos de dólar por metro cúbico contra 1,14 dólares en Chile, 1,24 dólares en Brasil y 1,49 dólares en Uruguay. Así, en la capital argentina se paga el 35% del valor medio de la región, aunque si se toman consumos anuales de 1000 metros cúbicos la diferencia con el promedio regional alcanza los niveles más elevados, al representar apenas el 32%. De esta manera, un residente en la ciudad de Buenos Aires abona una tarifa 3,5 veces menor que en Chile; 5,5 veces menor que en Uruguay y cerca de 6 veces inferior a la de Brasil.

El esquema populista de manipulación de las tarifas en la era kirchnerista no sólo exacerbó el consumo energético, sino que también destruyó la capacidad de generación energética, provocando una caída en la producción de gas que entre 2004 y 2015 se redujo de 52.000 millones de metros cúbicos anuales a sólo 43.000 millones, un nivel similar al producido en 1999. De este modo, con tarifas ridículamente bajas, el aumento del consumo y la reducción de los incentivos para producir no podían arrojar otro resultado que el desabastecimiento.

Queda claro que en este contexto donde resulta imposible mantener tarifas tan bajas en forma artificial sin subsidios estatales que se han tornado insostenibles, si la cuestión del aumento tarifario ha llegado a la Justicia ha sido en parte por una serie de errores de procedimiento y de comunicación que el gobierno de Mauricio Macri debió haber evitado.

La primera equivocación gubernamental fue no haber convocado a audiencias públicas, una omisión de la que se aprovecharon sectores opositores y algunos jueces para impugnar una decisión que no debió llegar a la Justicia. Desde el Gobierno se insiste en que las audiencias públicas son obligatorias para definir el margen de ganancias de las empresas distribuidoras y transportadoras, pero no el precio del gas a los consumidores. Aun así, la decisión posterior del Poder Ejecutivo de admitir el llamado a audiencias indica que pudo haberse hecho mucho antes y evitar las consecuencias judiciales de la omisión inicial.

Un segundo error del Gobierno fue la deficiente comunicación original de una medida que, más allá de lo justificado del reajuste tarifario, iba a impactar en el bolsillo de no pocos usuarios residenciales y en la mayoría de las empresas. Una información adecuada y precisa sobre los alcances prácticos de los aumentos hubiera permitido a usuarios y empresas prever los mayores costos y mitigar su descontento.

Pero al margen de que a nadie le agrada pagar más es vital que la sociedad entienda que nada resulta en realidad gratis en la supuesta cultura de la gratuidad que pretende vendernos el populismo.

La Nación