Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La muerte del viceministro de Interior, Rodolfo Illanes ha generado un profundo clima de tensión y violencia en Bolivia. Resulta obvio mencionar que no es común que un conflicto político termine con un funcionario asesinado. Esto demuestra la gravedad del hecho y la magnitud de una disputa política que parece tener puntos irreconciliables.

En ese contexto, el conflicto entre el gobierno de Evo Morales y los mineros no es nuevo. Luego de una alianza táctica durante la primera parte del mandato de Evo en 2014, el gobierno boliviano comenzó la discusión en torno a la Ley de Minería y Metalúrgica que terminó de aprobarse por el Senado en abril de ese año. El conflicto de esta ley oficial se centró en el artículo 151 referido a Contratos de Cooperativas Mineras. Su objetivo era garantizar un marco regulatorio. Lo que generó una fuerte disputa entre el gobierno y las empresas interesadas en el sector. A partir de allí se desataron una ola de movilizaciones y violentos cortes de ruta que marcaron la agenda política de los últimos meses. Las posturas son claras. La Federación de Cooperativas Mineras denuncia que el gobierno pretender limitar el asociativismo permitiendo la sindicalización y no respeta la seguridad jurídica. Por su parte, el gobierno denuncia a los mineros de tener prácticas empresariales y busca defender uno de los recursos más importantes del país frente a la intención de los mineros de asociarse con empresas privadas o transnacionales.

¿Qué dice la ley?

El artículo más controvertido es el 151 que impide el ingreso de “socios” privados o extranjeros. El texto dice: “Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean estas nacionales o extranjeras”.
Asimismo el párrafo II del mismo artículo, establece: “En caso de avenirse a lo dispuesto en el Artículo 306 y el Parágrafo III del Artículo 351 de la Constitución Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a cuyo efecto, adecuarán su razón social, sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas”. (1)

¿Qué piden los mineros?

Para los cooperativistas ese artículo coarta su libertad de acción, viola la seguridad jurídica y los afecta internamente por el hecho que la realización de convenios de asociación modifica la naturaleza jurídica y los convierte en empresarios. Por otro lado, la Comibol les impone mayor presión tributaria debido a que las empresas mineras pagan 25% de Impuesto a las Utilidades más una alícuota de 12,5%, además de IVA, IT y otros tributos. (2)
“Si hacemos convenios de asociación, según el Gobierno perderíamos nuestra naturaleza jurídica y nos convertiríamos en empresarios y es algo que no va a ocurrir jamás; mucho menos vamos a asociarnos con la Comibol por las condiciones tributarias, que son bastante fuertes y nadie de nuestra organización se puede afiliar en esas condiciones”, dicen las principales autoridades.

Disputa de poder

Lo que está en juego es una fuerte disputa por el recurso. La minería es la segunda industria de extracción de Bolivia, por detrás de los hidrocarburos. En la década del 50’ el sector minero se vio beneficiado por las políticas estatistas del gobierno de Víctor Paz Estenssoro y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). De esta manera comienza el proceso de desarrollo de una minería con fuerte regulación del Estado e impulso del sistema cooperativo.

Luego, en la década del 80’, el mismo Estensoro impulsó políticas de flexibilización laboral que tuvieron como emergentes miles de despedidos del sector estatal. Terminaron agrupados en diferentes cooperativas que se potenciaron durante la etapa neoliberal de Gonzalo Sánchez Losada y su proceso de apertura de económica, desregulación estatal (con la destrucción de la Comibol) y entrega del recurso a las transnacionales. Esta situación cambia con la asunción de Evo Morales en 2005 y la recuperación del control de los hidrocarburos y la minería por parte del Estado. Durante ese proceso de recuperación, amparado por la constitución del Estado que establece que “los recursos naturales son de pueblo y serán administrados por el Estado”, las cooperativas se fortalecieron y recibieron (y siguen recibiendo) el 20 por ciento del total de las exportaciones mineras. Se hicieron fuertes en regiones como Potosí, La Paz y Oruro, en las que se encuentran el estaño (Bolivia es cuarto productor mundial), plata, cobre, tungsteno, antimonio, zinc, entre otros recursos. También, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, donde se encuentran los yacimientos más importantes de hierro y oro (cerro San Simón).

De esta manera el sector creció, se empoderó y ha dado un importante salto político que le permite presentar candidatos y tener un bloque propio en el parlamento. El divorcio comenzó cuándo el gobierno puso en discusión la ley de minería que establecía menos autonomía para las cooperativas a la hora de asociarse con empresas privadas o transnacionales y mayor poder de regulación al Estado a través de la Comibo. Los cooperativistas tienen firmados contratos con 31 empresas privadas, entre ellas, algunas transnacionales como Comsur, propiedad de Sánchez Lozada.

¿Conspiración?

El gobierno habla de una conspiración opositora sobre la base de dos hechos: una falsa orden de aprehensión que radicalizó la postura de los mineros en la negociación con el gobierno y el asesinato de dos mineros en circunstancias que aún no han sido aclaradas. De todas formas, si existiera una conspiración nacional o internacional, se podría decir que salió el tiro por la culata, ya que con el asesinato de Illanes no hay manera de responsabilizar al gobierno ni de defender una acción de estas características.

Lo que existe en Bolivia es una fuerte disputa de poder sobre un recurso estratégico en un contexto de crisis internacional. Frente a este contexto los cooperativistas mineros demostraron estar dispuestos a todo para incrementar su posición de poder en regiones ricas en recursos , incluso a través de metodologías violentas de parte de una estructura que se cree dispuesta a todo, condicionar, extorsionar, secuestrar y hasta asesinar. A eso se enfrenta el gobierno de Evo Morales. El conflicto cruzó una línea de la que difícilmente se pueda retroceder.

*Periodista. Director de Resumen del Sur.

Resumen del Sur