Durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), efectuada ayer en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia integral para actuar en los 50 municipios del país de mayor incidencia en los delitos de alto impacto y determinantes en el repunte del índice de homicidios dolosos registrado este año.

Ahí mismo, el titular del Ejecutivo federal hizo un nuevo llamado a los gobernadores del país para ocuparse del problema de la seguridad pública con sus propias corporaciones, porque las fuerzas federales –insistió– actuarán invariablemente de manera subsidiaria y temporal, pero no para suplir ni remplazar a las policías locales.

En su mensaje al final del encuentro, ante los presidentes de las Cámaras del Congreso, el mandatario llamó a concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública; anunció el inminente inicio del número único de emergencias 911 en 17 entidades; convocó a corregir las deficiencias del nuevo sistema de justicia penal acusatorio ‘‘y evitar que se genere una percepción de impunidad’’ con el mismo.

‘‘Si en algo estamos de acuerdo los mexicanos es que queremos vivir en un país en paz y tranquilidad, de libertades y derechos, de leyes e instituciones’’. Ese debe ser compromiso de quienes conforman el CNSP, alentó. Enseguida, pidió privilegiar el diálogo propositivo y los acuerdos constructivos ‘‘para ofrecer una respuesta integral a la legítima demanda de seguridad de la población’’.

Aseguró que el gobierno de la República seguirá siendo un factor de encuentro, de unión, de trabajo conjunto en favor de la tranquilidad de las familias.

Durante su intervención, el presidente Peña admitió el aumento en la comisión de delitos respecto de 2015. El fenómeno ‘‘ocupa y preocupa’’ al gobierno federal, y por ello las indicaciones al gabinete de seguridad para coordinarse con las autoridades locales y aplicar una ‘‘estrategia de atención integral’’ en el medio centenar de poblaciones ‘‘que concentran 42 por ciento de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país’’. Éstos representan 2 por ciento de los ayuntamientos de México.

También dio a conocer la entrada en funcionamiento del número 911 para emergencias, a partir del 3 de octubre, en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo (cuyo gobernador Roberto Borge no acudió a la sesión), Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Para las restantes entidades la fecha de conclusión del proceso será el 1º de junio de 2017.

Respecto de la reforma legal en materia de seguridad pública –actualmente en el Congreso–, el apremio presidencial fue la necesidad de contar con un mejor modelo policial, pues ésta es una demanda ‘‘reiterada y aún no lograda’’ por parte del Estado mexicano. Por lo anterior, instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para trabajar con las legislaturas hacia ese fin.

También saludó los acuerdos adoptados ahí mismo para desplegar una estrategia hacia el cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Peña se refirió también a los señalamientos formulados momentos antes por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sobre la puesta en práctica del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y resaltó la importancia de una actuación de la policía apegada al debido proceso en las detenciones y mejorar la calidad de sus investigaciones.

Dijo que si bien la gran mayoría de los procesos se podrán enfrentar en libertad, esto no significa absolución. En ese contexto pidió a las procuradurías locales trabajar con diligencia, porque se está acumulando un número creciente de carpetas de investigación y al mismo tiempo usan limitadamente los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Acuerdos alcanzados

Como resultado de la 40 sesión del CNSP, se acordó impulsar una reforma jurídica para establecer el registro único nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada, así como acciones de verificación y certificación del personal.

Asimismo, se elaborará un registro biométrico nacional para identificar a las personas privadas de la libertad, mediante huellas dactiloscópicas, fotografías con calidad biométrica e iris ocular.

En cuanto a la prevención de la violencia y la delincuencia, se elaborarán diagnósticos regionales y estatales para identificar áreas de oportunidad y atender oportuna e integralmente las acciones en materia de prevención social y que los centros estatales de prevención de la violencia y la delincuencia cuenten con un modelo homologado de atención.

Finalmente, en el ámbito municipal, se acordó que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la oficina del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elaboren un modelo homologado de justicia cívica y buen gobierno, que incluya una norma tipo, perfiles y procesos de capacitación de operadores y programas de cultura de la legalidad para los municipios de México.

La Jornada