Panamá espera no aparecer en la lista de paraísos fiscales que está preparando el G20 y que será publicada previsiblemente en septiembre de 2017, porque el país ha cumplido con dos de los tres requisitos sobre transparencia que exige la comunidad internacional, dijo hoy un alto funcionario del Gobierno.

En primer lugar, explicó el asesor en temas financieros de la Cancillería panameña, Gian Castillero, Panamá se ha comprometido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a compartir información bancaria de manera automática a partir de 2018 con aquellos países con los que ha firmado un acuerdo al respecto.

Y, por otro lado, añadió Castillero, el país centroamericano ha solicitado recientemente adherirse a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por su sigla en inglés), un organismo dependiente de la OCDE que promueve el intercambio de información financiera entre los países miembro previo requerimiento.

“Haber cumplido con el elemento numero 1, lo que se conoce como Common Reporting Standard (CRS), y con la convención multilateral nos asegura como país que no vamos a entrar en la lista de países no cooperadores que va a ser promulgada en 2017”, explicó el asesor en la inauguración del XX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales que se celebra hasta el viernes en la capital.

En el punto “donde estamos un poco más cojos y donde sí tenemos que trabajar” es en el que tiene que ver con la revisión paritaria, reconoció Castillero en este foro que reúne a más de 800 especialistas de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos, entre otros.

El G20, que agrupa a las economías emergentes y a las más avanzadas del mundo, acordó el pasado febrero “identificar a los paraísos fiscales que no cooperen en la divulgación de datos para la transparencia de las empresas offshore”, la primera gran respuesta mundial tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá.

La publicación de 11,5 millones de documentos procedentes de la base de datos del despacho panameño Mossack Fonseca revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades “offshore” en distintos paraísos fiscales.

Al poco de estallar el escándalo, a principios del pasado abril, el Ministerio Público de Panamá anunció una investigación que aún no ha concluido pero que avanza con “paso firme” y “prudencia”, según apuntó en el mismo foro hemisférico la fiscal panameña, Kenia Porcell.

“Los tiempos de una investigación no son los tiempos con los que yo quisiera que las cosas se resolvieran, pero sí deben tener la certeza y la tranquilidad de que una vez terminada la acreditación del delito, el Ministerio Público aplicará las acciones que tenga que aplicar”, prometió la procuradora general.

Los papeles de Panamá desataron todo un vendaval de críticas por la supuesta falta de transparencia del país centroamericano, donde operan empresas dedicadas a la gestión de patrimonios a través de sociedades offshore.

El Gobierno de Panamá lleva desde entonces tratando de convencer a la opinión pública de que ha tomado medidas al respecto y de que el escándalo se refiere en su gran mayoría a sociedades creadas por el bufete panameño hace años o en otras jurisdicciones.

Entre las medidas que se han adoptado recientemente, y que han propiciado entre otras cosas la salida del país en febrero de este año de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), se encuentra la aprobación de la Ley 23, conocida como “Ley Antiblanqueo” y mediante la cual se creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No financieros.

La institución, que empezó a funcionar en abril de 2015, supervisa 16 industrias distintas que comprenden cerca de 30.000 empresas y entre las que se encuentran las casas de remesas, las casas de empeño, los casinos, las zonas francas, las inmobiliarias, las tiendas de autos o las firmas de abogados como Mossack Fonseca.

“No en todos los países existe una supervisión así. La intendencia tiene la obligación de fiscalizar al abogado cuando realiza la función de agente residente”, una figura jurídica a la que se recurre cuando una sociedad no tiene apoderados que residan de forma permanente en el país donde está constituida, explicó la intendente de Supervisión Carlamara Sánchez.

La Estrella de Panamá