El ‘affidávit’, para proceder con la solicitud formal de extradición de Estados Unidos a Panamá del expresidente Ricardo Martinelli, solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Suprema de Justicia, es considerado como dilatorio.

Desde el 26 de mayo la Cancillería tiene en su despacho la petición de Jerónimo Mejía, pero casi tres meses después solicita la declaración jurada elaborada por el fiscal de la causa, en este caso Harry Díaz.

‘Bochornoso e inadmisible que después de tres meses la Cancillería solicite un documento que no está en la norma y se pida en base a experiencias que se han dado en el sistema de justicia inquisitivo y no en el Sistema Penal Acusatorio’, reclama Ernesto Cedeño abogado.

La directora jurídica de esta institución, Farah Diva Urrutia, dirigió una nota al magistrado Mejía con fecha del 4 de agosto del corriente solicitando la documentación y el análisis jurídico de Cedeño es el magistrado Juez de Garantías debe devolver esa documentación, porque ‘lo que se pide no aplica ya que la narrativa está dentro del expediente’.

El presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, cuestionó la actuación de la Cancillería cuatro meses después de haber recibido el documento. Sin embargo, reconoció la importancia del documento para que sea incorporado a la solicitud a fin de evitar algún inconveniente en el proceso por parte de las autoridades de los Estados Unidos, quienes a su juicio ‘van a ser muy rigurosas cuando estudien la solicitud que Panamá presente’.

El presidente del CNA insiste que ‘mientras no exista celeridad y se le dé importancia a esta situación, vamos a estar contemplando con injusticia esta decisión’.

Pos su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal, una de las víctimas y denunciantes en este proceso, precisó que ‘es evidente que no hay la menor voluntad de hacer que este caso prospere’.

La Cancillería aseguró que una vez se reciba el documento de la Corte se continuará con el proceso.

La Estrella de Panamá