Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Quienes durante las pasadas décadas albergaran alguna duda –o no quisieran darse por enterados– de la condición colonial del Estado Libre Asociado (ELA) solo tienen que repasar los mensajes contundentes que ha enviado durante los últimos meses el gobierno de Estados Unidos para quedar convencidos.

El torrente que golpeó a Puerto Rico desde la Casa Blanca, el Congreso y el Tribunal Supremo federal desempañó los verdaderos contornos de la relación política de la Isla y Estados Unidos, y reavivó las voces que reclaman una pronta solución al problema del status puertorriqueño.

Pero, ¿dónde comienza la ruta hacia la descolonización? ¿Es Estados Unidos, con sus amplios poderes sobre el país, el que controla el proceso? ¿O, por el contrario, es la colonia la que debe gestar ese cambio? ¿Son los partidos políticos aliados o detractores en esa misión?

En el fragor del año electoral, algunos partidos políticos utilizan el tema del status como carta de presentación para ganar simpatizantes. Otros, como ficha de tranque.

El candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, ha establecido la lucha por la definición política de la Isla como su norte desde que comenzó a dar sus primeros pasos en la arena política.

Entre sus ideas para adelantar la estadidad, el candidato novoprogresista a la gobernación ha insistido en el Plan Tennessee como la alternativa para encaminar ese esfuerzo.

La propuesta se remonta al año de 1796, cuando los habitantes del entonces territorio, como un mecanismo de presión, aprobaron una constitución y escogieron a sus representantes en el Congreso sin que hubieran sido admitidos aún como estado, lo que eventualmente consiguieron.

En busca de adelantar esa iniciativa, Rosselló creó a principios de año una comisión especial que tendría el objetivo de elaborar un plan estratégico para reclamar la incorporación de Puerto Rico como el estado 51 de los Estado Unidos. No obstante, algunas voces dentro del anexionismo han cuestionado si esa sería una táctica efectiva o suficiente en estos tiempos.

El candidato del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, ha manejado el tema con mayor cautela, y aunque hace unas semanas se comprometió a impulsar el año próximo una nueva consulta centrada en la pregunta “estadidad sí o no”, en tiempos recientes ha reiterado que, antes de pensar en una solución al problema del status, debe ser prioridad estabilizar la economía y las finanzas gubernamentales.

En tanto, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) siempre ha promovido la Asamblea Constitucional de Status como opción preferente. Según la candidata a la gobernación por esa colectividad, María de Lourdes Santiago, la determinación del máximo foro judicial de Estados Unidos en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, que negó que Puerto Rico tuviera soberanía propia, preparó el terreno para reclamar al gobierno estadounidense un compromiso con un proceso descolonizador, y para que los habitantes en la Isla echen a andar un proceso político con ese fin.

El voto presidencial. En el debate sobre el status, el capítulo más reciente fue la inclusión en el programa de gobierno del Partido Demócrata de Estados Unidos de una propuesta para que todo ciudadano americano, aun si reside en un territorio como Puerto Rico, pueda votar por el presidente estadounidense.

Esa posibilidad, que requeriría enmendar la Constitución de Estados Unidos, fue abrazada de inmediato por Bernier y el gobernador Alejandro García Padilla, pero al mismo tiempo, generó críticas y expresiones de rechazo entre algunos populares de la facción soberanista.

La lucha por hallar una solución definitiva a la situación colonial ha cobrado innumerables formas y ha ocupado distintos foros dentro y fuera de Puerto Rico, desde la era del dominio español hasta hoy, 64 años después de la Constitución del ELA.

La inmensa lista incluye infructuosos plebiscitos en 1967, 1993, 1998 y tan reciente como el 2012, reclamos de acción a los gobernantes locales cuatrienio tras cuatrienio, peticiones a figuras en el poder en la capital federal, marchas y otras manifestaciones ciudadanas, y una cita anual ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, entre muchas otras gestiones.

Esas iniciativas fueron recogidas por el escritor Antonio Quiñones Calderón en su más reciente libro, titulado El cuento de nunca acabar. La interminable danza macabra del estatus político, en el que hace un puntilloso repaso de todas las caras de la dominación colonial y los esfuerzos descolonizadores acumulados a lo largo de la historia de Puerto Rico.

El análisis de Quiñones Calderón se nutrió también de las aportaciones de Julio Muriente, Orlando Parga y Juan R. Fernández, quienes desde sus respectivas corrientes ideológicas intentan reabrir una vez más el eterno debate con la aspiración de que pronto se escriba su último capítulo.

Urge la comunión de ideas

Si se persigue adelantar la discusión sobre el status político de la Isla, el escritor Antonio Quiñones Calderón recomienda sacar el debate de las manos de los partidos políticos.

Solo así, según el también periodista y comunicador, se podrá tomar el asunto con la seriedad y honestidad que amerita.

Mantenerlo en el escurridizo mundo de los partidos políticos, abundó, sería perpetuar la trivialización del tema y respaldar su uso oportunista en cada contienda electoral.

Quiñones Calderón censuró cómo todas las determinaciones que han moldeado el gobierno del país a lo largo de su historia han tenido sus cimientos en los Estados Unidos. Criticó aún más que, en esa coyuntura, todavía haya quienes niegan o cuestionan la condición colonial de la Isla y su estado de sumisión ante la voluntad del gobierno estadounidense.

“No hay nada de la hechura de los puertorriqueños, no nos permiten hacer nada, y todavía hay gente que dice que Puerto Rico no es una colonia”, sostuvo Quiñones Calderón.

El escritor también objetó la “inconsistencia” con la que los gobernantes han atendido el problema, pues según dijo, su visión del ELA y sus facultades han variado incluso bajo un mismo término.

“Lo que más se necesita en este momento es una comunión de ideas, no un consenso, sino un debate honesto, intelectual, entre las tres opciones no coloniales ni territoriales y permanentes, que son la independencia, la estadidad y la libre asociación”, puntualizó.

Potencial para unir y crecer

Entre las fórmulas de status, el exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico apuesta por la libre asociación soberana por entender que es una alternativa que cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas, y que ha sido probado con éxito desde hace años por países como Nueva Zelanda e, incluso, por Estados Unidos para atender su relación con las islas de Micronesia.

El también excomisionado de Vieques destacó, además, que la posibilidad de un pacto de libre asociación soberana permitirá igualmente aglutinar tras una misma causa a puertorriqueños que interesan preservar algún vínculo con los Estados Unidos y a quienes reclaman poderes soberanos para el país.

“Una gran ventaja que tiene la libre asociación es la flexibilidad que tiene, permite que se pueda negociar un pacto que sea aceptable en Estados Unidos y en Puerto Rico. No hay el rechazo que se percibe que tiene hoy la estadidad (en Estados Unidos) y no tiene la dificultad que ha tenido la independencia en cuanto a la poca aceptación entre los votantes puertorriqueños”, apuntó

Destacó que, en el plebiscito de 1998, la opción de libre asociación obtuvo poco más de 4,000 votos, y en el de 2012 contó con el apoyo de cerca de 450,000 electores. No obstante, reconoció los retos que aún tiene la fórmula que promueve por no estar respaldada por ningún partido político.

“La solución es nuestra”

El profesor universitario Julio Muriente afirmó que la situación colonial representa un problema para Puerto Rico, y no para Estados Unidos, pues es la Isla la que está sujeta al dominio de otra nación.

El copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) planteó que la secuencia de sucesos acontecidos los pasados meses en Washington D.C. sobre el sistema político de Puerto Rico refuerza la idea de que el país es un territorio del que Estados Unidos “puede disponer a su antojo”.

A juicio del catedrático universitario, por ser la colonia un problema de Puerto Rico, es en la Isla que debe gestarse su solución, pero es igualmente necesario que Estados Unidos admita la situación y le reconozca al país las facultades necesarias para que puedan tomar una decisión sobre su destino político.

“Ellos (Estados Unidos) son simplemente los dueños del territorio, y para ellos no supone una contradicción. No tienen el problema del colonialismo. El problema colonial es nuestro, y la búsqueda de la solución al problema colonial es nuestra”, dijo Muriente.

Opinó que el dominio colonial de Estados Unidos se disfraza con una estructura gubernamental de apariencia democrática. “La democracia llegaría el día que tengamos la prerrogativa soberana de decidir qué hacer con nuestras vidas. Mientras haya otro que esté decidiendo nuestras vidas a su modo, sin contar con nosotros, esa es una realidad totalmente ajena a la democracia”, aseveró.

Hora de exigir la estadidad

Para el exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Orlando Parga, es momento de que el pueblo puertorriqueño exija con fuerza la anexión a Estados Unidos. El analista político afirmó que Puerto Rico tiene un “derecho inalienable a la estadidad” que no admite negativas ni cuestionamientos.

“Ya Puerto Rico adquirió un derecho inalienable a la estadidad. No es meramente que aquí hay un territorio que está solicitando admisión como estado, es que Estados Unidos, después de 118 años ya de haber asumido el control de Puerto Rico, asumió unos deberes y unas obligaciones morales, políticas, económicas, y es tiempo de que las honre”, subrayó Parga.

El exlegislador señaló que el cambio de la relación política actual tiene que originarse con el clamor de la ciudadanía, y aunque no puede desligarse de los partidos políticos, no puede estar regido por estos.

Opinó que, cuando las organizaciones políticas toman las riendas del tema del status, comienza a degenerarse el asunto con debates como el actual sobre el voto presidencial que, a juicio de Parga, solo busca sumar votos ante la proximidad de los comicios generales de noviembre.

“Esto no es cuestión de que nos la ofrezcan (la estadidad) ni que nos la regalen, es cuestión de que hay que lucharlo. Todos los territorios, para dejar de ser territorios y convertirse en estado, tuvieron que lucharlo, tocar las puertas del Congreso”, señaló.

El Nuevo Día