Los representantes de un campamento contra la Junta de Control Fiscal impuesta a Puerto Rico por el Congreso estadounidense para afrontar la millonaria deuda que arrastra la isla caribeña pidieron hoy que se derogue la ley que establece ese mecanismo de supervisión.

“No a la Junta y no a la deuda”, dijo Shelimar Velázquez, una de las portavoces del Campamento Contra la Junta en conferencia de prensa celebrada junto al Tribunal federal de San Juan, donde desde el pasado 29 de junio están instaladas cerca de medio centenar de personas en tiendas de campaña.

Resaltó que la prioridad del grupo, compuesto en su gran mayoría por jóvenes que no superan los treinta años, es que se derogue la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que en su opinión impone medidas que atentan contra el pueblo.

 

“La gente antes que cualquier deuda”, dijo la portavoz de lo que el grupo denomina un “campamento de resistencia”, que con su protesta a las puertas del Tribunal federal de San Juan ha intentado las últimas semanas instruir a la ciudadanía sobre las consecuencias que tendrá la imposición de ese organismo de control sobre el Ejecutivo y las cámaras legislativas locales.

Velázquez defendió que Promesa es una medida antidemocrática impuesta por el Congreso de EE.UU. para cobrar una deuda pública “ilegítima” que se impone a costa de los derechos humanos de las personas y que impide que se presten servicios básicos.

Además, dijo, la deuda se impuso en medio de la desinformación del pueblo y con total conocimiento por parte de los acreedores de que se trataba de algo injusto para la ciudadanía.

Adrián Rosario, otro de los portavoces que participó en la conferencia de prensa, dijo que el campamento exige que las prioridades del Gobierno sean la salud, educación, alimentación y transporte de los ciudadanos, por encima de cualquier pago de una deuda cuya legalidad no reconocen.

Esta agrupación también reclama que se ceda el control de las tierras de la isla y en especial las cultivables para iniciar un proyecto de autosuficiencia alimentaria.

Igualmente, reclama el fin del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que establece una relación con EE.UU. que entienden colonial e impuesta.

La lista de exigencias del grupo incluye el fin de Las Leyes de Cabotaje, que impiden la entrada de barcos que no sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense.

La liberación de Oscar López, independentista puertorriqueño que lleva 35 años en prisiones de EE.UU. por conspiración sediciosa y considerados por algunos en la isla un preso político, es otra de las peticiones.

En cuanto a pasos a seguir para hacer realidad esas demandas, que no especificaron exactamente a quién iban dirigidas, los portavoces dijeron que se manifestarán el próximo día 31 frente al hotel Condado Plaza, donde la Cámara de Comercio de Puerto Rico organiza una conferencia para analizar las herramientas que provee la norma para solucionar el problema de la deuda.

El campamento, según dijeron sus portavoces, continuará instalado frente al Tribunal federal de San Juan sin fecha de desmantelamiento prevista.

El grupo está compuesto por cerca de 50 personas que permanecen en unas 10 tiendas de campaña instaladas en el área, a lo que se suma un espacio que funciona como cantina.

La imposibilidad de saldar una deuda cercana a los 68.000 millones de dólares es la causa de que el pasado 30 de junio el presidente de EE.UU., Barack Obama, convirtiera en ley con su firma el proyecto Promesa.

La ley da un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores puedan demandarlo y a cambio establece la imposición de una junta federal de control fiscal que se establecerá en los próximos meses y que supervisará la actividad gubernamental y las finanzas.

Primera Hora