La asociación “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” denunció que “la Justicia es prácticamente inoperante” en relación a la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura en Uruguay (1973-1985), manifestaron hoy a Efe fuentes de la asociación.

“La situación actual es que no hemos avanzado mucho. La Justicia es prácticamente inoperante y no hay información oficial que permita avanzar en saber qué pasó con nuestros familiares”, indicó el integrante de la plataforma, Ignacio Errandonea, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Distintas organizaciones estiman que son unos 200 los uruguayos de los que nunca más se supo, que fueron detenidos y desaparecidos durante el Plan Cóndor, una operación represiva coordinada por las dictaduras suramericanas en las décadas de los 70 y 80.

En el marco de esta conmemoración, este grupo realizará una actividad que tendrá como consigna “Por el derecho a no ser desaparecido”, que tendrá lugar en Montevideo, en la que integrantes de este grupo darán lectura a una proclama.

La cita se cerrará con la proyección del documental uruguayo “Todos somos hijos”, dirigido por Esteban Barja y Carlos Conti.

Esta organización comenzó el pasado septiembre una campaña en la que solicitaban que se les remitiera cualquier información que los ciudadanos pudieran tener acerca del paradero de sus allegados desaparecidos durante la última dictadura uruguaya.

“Hubo un intercambio de prisioneros y sabemos de muchos, por gente que estuvo presa que lo vio acá en Uruguay. Si bien el origen de su detención fue en Argentina o Paraguay, sabemos que fueron trasladados”, recalcó Errandonea.

En febrero de 2015, el gobierno uruguayo creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, con la intención de esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura militar uruguaya.

Entre los cometidos de este equipo se encuentra el análisis de los archivos existentes, la búsqueda de la información relevante y la reconstrucción de los delitos a partir del testimonio de las víctimas, sus familiares o simples testigos.

Sobre el trabajo realizado hasta la fecha por esta asociación creada por el Gobierno, Errandonea expresó su disconformidad debido a que “es gente bien intencionada pero el avance ha sido muy lento”.

“Han ordenado archivos, han abierto otros que estaban en la secretaría… Pero en cuanto a acceso a nueva información no han tenido”, concluyó.

El pasado mayo, la Justicia argentina condenó a los involucrados en el Plan Cóndor, un proceso que inició en 1999 y que resultó en penas de entre 8 y 25 años de prisión para 15 implicados por asociación ilícita para reprimir al menos a 106 personas

Entre los sentenciados hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano.

Uno de los condenados fue el militar uruguayo Manuel Cordero, el único miembro de la dictadura uruguaya que pudo ser juzgado en Argentina por la causa, ya que en ese país no se pueden realizar juicios en ausencia y las extradiciones de los demás responsables fueron negadas por la Justicia uruguaya.

El País