Ayotzinapa: a 2 años, 130 detenidos sin sentencia

La mayoría de los 130 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pretenden alargar el juicio en su contra por medio de amparos; algunos están en curso, otros en periodo de revisión y no se tiene alguna sentencia condenatoria del Poder Judicial de la Federación.

A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, alrededor de 60 de los involucrados como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de Los Ángeles Pineda; Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Patricio Reyes Landa El Pato; Jonathan Osorio Gómez El Jona, y Agustín García Reyes El Chereje —identificados como autores materiales de la desaparición— buscan otra vía para abandonar la prisión alegando tortura o detenciones arbitrarias.

Al hacer un balance, Mario Patrón, director del Centro Prodh, consideró que sería lamentable que por malas prácticas, algunos de los que se encuentran en prisión puedan obtener su libertad, lo que pondría en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas.

“El GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] documentó 17 casos de tortura; la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 32 investigaciones por el mismo delito; la CNDH, más de 60 casos de quejas. Sería preocupante que algún detenido saliera por tortura y eso sería una responsabilidad de la PGR”, advirtió.

En entrevista, detalló que 90 % de las acusaciones de la PGR están vinculadas con delincuencia organizada y secuestro, por lo que consideró muy difícil que pueda convertirse en un riesgo para su liberación, siempre y cuando no se compruebe que hubo tortura.

El representante de los familiares de los normalistas señaló que el balance, a dos años de la desaparición de los normalistas, es preocupante, porque de acuerdo con los informes del GIEI se pudo documentar una serie de irregularidades en el caso.

Entre ellas, escenas del crimen que no fueron certificadas, levantadas y procesadas; detenciones arbitrarias de personas y traslados irregulares de equipos de PGR a zonas presumiblemente vinculadas que generaron manipulaciones de evidencias.

Enfatizó que si bien “se tiene un cúmulo grande de personas detenidas, no se ha dilucidado la verdad y, sobre todo, no se sabe el paradero de los estudiantes”. Acusó que la Procuraduría General de la República intentó construir una teoría oficial basada en declaraciones y no en pruebas científicas.

“Es una investigación que se basó en una teoría oficial de caso que a la postre, a través de pruebas científicas y contradicción de testimonios, se pudo ubicar que no tiene argumento de que el basurero de Cocula representaba el destino final de los estudiantes [normalistas]”, explicó.

Después de dos años, Mario Patrón dijo que existen los elementos científicos que dan cuenta que no pudo haber existido un incendio de la magnitud para incinerar 43 cuerpos humanos al grado de la carbonización.

Destacó que la indagación presenta un rezago importante en investigación de la macro criminalidad, en la que se tendrían que determinar actos de acción u omisión de las distintas corporaciones que pudieran estar vinculadas con los hechos.

“Era una región en la que el poder político trabajaba para el crimen organizado, esa línea de investigación no está determinada; no hay duda que hubo autoridades estatales en algunos hechos. Otras corporaciones como Huitzuco, que la policía federal estuvo presente en tres de los episodios y el Ejército también”, enfatizó.

Además de las irregularidades que fueron evidenciadas, se desmintió la teoría de la PGR, que sin razón afirmaba que los 43 estudiantes fueron incinerados junto con sus celulares. Esto se pudo determinar debido a que siete de los aparatos presentaron actividad en la misma noche y días posteriores.

“La investigación empieza a presentar algunos avances, pero a dos años es tarde. Los estudiantes normalistas no estuvieron juntos; estamos hablando de dos o tres grupos de jóvenes, así como de dos o tres rutas para su desaparición”, sostuvo Patrón.

Reconoció que con el entonces procurador Jesús Murillo Karam hubo una buena relación, pero la dependencia no tuvo la capacidad institucional para la investigación: “Estiraron una sola línea de investigación hasta que construyeron una supuesta verdad que terminó por determinarse que era una mentira histórica.

“Con la procuradora Arely Gómez se tuvo trabajo fluido, mediante un mecanismo de reuniones mensuales con los padres; pero el mecanismo ya está interrumpido por la necesidad de que la PGR dé cuenta de la investigación de control interno sobre el ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y otros funcionarios”, indicó.

Sobre la desaparición forzada en México, agregó Mario Patrón, en el último informe sobre México de 2015 y el seguimiento en 2016 del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, reiteró que hay un patrón generalizado de casos de desaparición en el país.

Explicó que en 26 de las 32 entidades se presenta este patrón y que a partir de Ayotzinapa se destapó un “cementerio clandestino” y una práctica generalizada en la región de Iguala.

Operadores

De acuerdo con la investigación, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, eran los cerebros financieros de la organización criminal Guerreros Unidos, a cargo de Sidronio Casarrubias Salgado.

Esa organización controlaba la policía de Cocula y otros municipios aledaños; incluso formó un grupo de reacción inmediata dentro de la policía de Iguala llamado Los Bélicos, que tenía el director de esa corporación, Francisco Salgado Valladares.

Ubicados por ir encapuchados y utilizar armas de grueso calibre, el grupo de Salgado Valladares utilizó los días 26 y 27 de septiembre de 2014 las patrullas 024, 026 y 027 para perseguir a los autobuses en los que viajaban los normalistas, cerrarles el paso, atacarlos y luego levantarlos. En Protección Civil también logró penetrar; los elementos operaban como halcones.

El Universal


Caso Ayotzinapa: La PGR quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero de Cocula

La fiscalía mexicana quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero donde según la primera versión oficial fueron calcinados los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Aunque varios estudios han desechado esa hipótesis, calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”, el fiscal especial del caso Alfredo Higuera dijo que un nuevo análisis “podría ser lo más pertinente” para aclarar definitivamente un asunto que ha sido “controvertido”.

Higuera indicó que el nuevo peritaje, que sería el quinto que se realiza en el basurero localizado a 30 kilómetros de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los jóvenes, tendría que hacerse tras un acuerdo con los padres de las víctimas.

“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “Pero este es un apartado… no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello”, añadió en una entrevista con The Associated Press.

El fiscal indicó que no están “aferrados a una hipótesis aunque admitamos que tiene que esclarecerse cada cosa de lo que se dijo al respecto y ahí el trabajo de la ciencia es fundamental”.

Nuevos datos oficiales contradicen algunas de las afirmaciones del exprocurador, por ejemplo las referidas a que los teléfonos de los alumnos fueron quemados junto con los cuerpos en el basurero. Higuera indicó que alrededor de una docena de celulares se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.

Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre las posibles rutas que tomaron los atacantes cuando detuvieron a los jóvenes, lo que unido a la utilización de tecnología de rastreo terrestre ha ubicado cerca de 40 puntos donde se iniciarán en breve nuevos operativos para buscar indicios sobre el paradero de los alumnos o fosas clandestinas.

Los estudiantes de magisterio fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de una localidad cercana, Cocula, donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la fiscalía cuestionaron la versión oficial. Dijeron que fue sustentada en testimonios de personas con “serios indicios de tortura” y con elementos sin sustento científico y que se modificaron a lo largo del proceso sin justificación.

Los expertos también cuestionaron el trabajo del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General Tomás Zerón, a quien los padres de las víctimas acusaron de manipular pruebas. Zerón renunció el 14 de septiembre después de que se le abriera una investigación interna por presuntas irregularidades.

Higuera, que asumió la investigación en junio y cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de las víctimas, subrayó que su objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hasta ahora por la fiscalía, los expertos internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y basándose en pruebas sólidas e irrefutables.

Luego de dos años todavía están prófugos actores clave del crimen y hay pruebas en poder del ejército que no fueron entregadas a la fiscalía.

Un total de 128 personas han sido detenidas y de ellas 70 están bajo proceso aunque ninguno por desaparición forzada sino por secuestro, delincuencia organizada o lavado de dinero.

La gran mayoría de los procesados son policías locales pero también está el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y miembros del cártel de Guerreros Unidos.

Los expertos internacionales cuestionaron también la actuación de funcionarios estatales, policías federales y militares que estuvieron al tanto de los ataques en el momento en que ocurrían. Higuera dijo que miembros de esas tres corporaciones están bajo investigación pero hasta ahora ninguno ha sido procesado. También hay abierta una pesquisa interna en la fiscalía sobre la actuación de sus funcionarios y los tribunales deben todavía pronunciarse sobre las acusaciones de tortura.

Agregó que el FBI estadounidense colabora en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona donde fueron secuestrados los jóvenes para determinar si pudieron ser manipulados.

Animal Político