“A veces la gente se confunde y le dice turista a cualquier persona que viene de afuera. En realidad, a Nama llega poco turista, más vienen trabajadores de las mineras, de los caminos, pero esos no son turistas. A mí me preocupa la minería porque se va a terminar el agua y va a contaminar los suelos, entonces ¿cómo vamos a vivir nosotros?”, señala Carlos Amalia, indígena de la comunidad de Nama ubicada en la Región de Tarapacá.

Carlos pertenece a una de las 14 familias que constituyen hoy la comunidad indígena. Según la etnopercepción andina, es decir, la percepción que tienen los pueblos originarios de sí mismos, la característica más sobresaliente de esta cuenca es que constituye una quebrada dulce cuyos suelos y aguas permiten el cultivo de frutales.

En 1986 esta comunidad construyó su propio Museo y las colecciones que exhibían en esa época eran hallazgos de las cercanías de su territorio.

“Habían varias cosas de la guerra, hartos botoncitos, pedacitos de uniforme, una chaquetita chilena, otra peruana. Hasta bandera había, hasta un fusil con su cuchillo. Los hijos de Gabriel encontraron a un costado de la capilla peruana, un soldado peruano con su bandera del Perú tapadito, lo encontraron enterradito así. También llevamos al museo puños, ollas, tinkas, cantaritos pintados bonitos, platitos para lamparar, taleguitas antiguas, como inkuñas, harta cosita llevamos. Todo eso que habíamos encontrado en cerro Pukara, cerrito Calvario, Alto Lima, Jupuni, Guayaquil, Angostura, más allá, para arriba, para todas las partes que andábamos”, relata Carlos Amalia.

“Cuando se hizo la inauguración del Museo en el año ‘86 vinieron autoridades, ‘felicitaciones’ decían, ‘qué bonito’ decían. Hasta salió en los diarios dicen. Al tiempo llegaron los del Fuerte Baquedano, ‘eso es del Ejército chileno’ dijeron, ‘es propiedad del Ejército chileno, ustedes no pueden tener eso’. Y se llevaron todo lo de la guerra y también los textiles que estaban enteritos y los cantaritos pintados, lo más lindo. Nosotros no hicimos réplica, porque en ese tiempo no se podía, mandaba el Ejército. Después igual volvieron, trajeron hartos papeles, como mapas de las salitreras. Trajeron una momia que habían encontrado en Miñe-Miñe, ‘para que la pongan en el Museo’ dijeron”, relata Bernardo Flores en una de las sesiones de trabajo participativo para la recuperación de patrimonio en la comunidad de Nama en Tarapacá, propiciadas por el equipo de trabajo del arqueólogo y académico de la Universidad de Chile, Mauricio Uribe.

Patrimonio negociable

Según el Instituto de los Derechos Humanos existen 102 puntos de conflicto socio-ambiental en nuestro país. El mapa elaborado por la entidad especifica que 40 de ellos se dan en el norte grande y la mayor parte son producto de la explotación minera en el sector.

La reforma que impulsara el gobierno de Salvador Allende para estatizar las riquezas mineras duró muy poco, ya que la Dictadura impuso un marco regulatorio que centró la figura en la concesión minera plena. Este marco fue robustecido por medio de la garantía constitucional de la propiedad, un régimen de incentivos económicos y financieros a la inversión extranjera, y el establecimiento de un mercado desregulado para la libre explotación minera.

Rodrigo Mardones, psicólogo y candidato a Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, explica en su estudio Imaginarios Territoriales en conflicto socioambiental que este modelo extractivista se encuentra amparado en la Constitución de 1980 y en el Código de Minería promulgado en 1983 bajo la Ley 18.248. Estas normas definen que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, pudiendo otorgar concesiones judiciales bajo cuatro garantías fundamentales a la inversión privada.

Primero, dado que la concesión minera está protegida por el derecho de propiedad, el titular puede usar, gozar y disponer de ella libremente, pudiendo vender, hipotecar, dar en garantía y/o transmitir hereditariamente. Además, las concesiones pueden tener una duración indefinida, que se va renovando con el pago anual de una patente. También, permite la operación “racional” de una mina. Es decir, ésta opera de acuerdo a la voluntad del titular privado y el Estado no puede imponer controles ni obligaciones de producción. Finalmente, ante una eventual expropiación, el Estado debe pagar al contado por el valor total de las reservas conocidas que tenga el yacimiento en cuestión, el que establece los modos de adquirir y extinguir derechos mineros.

Según lo últimos datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Chile cuenta con una superficie total de 75.610.240 hectáreas (ha), de las cuales 15.285.300 (ha) están concesionadas para efectos de exploración y 15.435.492 (ha) se utilizan para explotación minera. En otras palabras, la concesión minera abarca un 41% del territorio nacional.

Contra esta hegemonización las comunidades han emprendido un duro camino para defender su patrimonio material e inmaterial. Un rol clave en este asunto lo tiene el Estado que ha permitido hasta estos días, que las legislaciones de la Dictadura actúen como mediadores en la negociación entre las comunidades y los privados.

“Al terminar la Dictadura se comienza a producir una apertura del país, con el neoliberalismo llega el multiculturalismo y en ese contexto me tocó ver el despertar de estas comunidades. Comenzaron a expresarse, a reivindicarse, ponerse en una situación de cierta simetría, por lo tanto comenzó a darse una tensión entre ciencia y las comunidades. Nosotros como antropólogos estábamos entre el estado que financiaba y hacia lo que quería con nuestros estudios y las comunidades que no querían olvidar a sus ancestros pero tenían que seguir viviendo en esta lógica occidental”, explica Mauricio Uribe, quien lleva más de veinte años estudiando el norte grande de Chile.

“Para nosotros el patrimonio es el conocimiento, los objetos y vestigios. Ese es nuestro fin, mientras que para las comunidades no es así, porque para ellos es un medio que tiene otro sentido y significado que les permite reivindicarse, entrar en el mercado, negociar con las empresas privadas y el Estado. Entonces estas personas piensan y razonan, no como el indio idealizado, sino que actuando en este presente, consientes de su pasado que ellos lo piensan y lo imaginan de forma muy diferente a la nuestra”, agrega el arqueólogo de la Universidad de Chile.

Resignificando el patrimonio

“Las pircas en cerro Pukara y las chullpas de Markira son bien antiguas, es de antes del Inca, la aldea que está arriba de cerro Pukara también es gentilar. Cerro Putunani tiene mesa inca y por ahí pasa el camino inca. Mi abuelo me decía que en tiempos del Inca se hacía en el Portillo de Putunani, donde hay una cancha, una feria grande. De todos lados a intercambiar cositas venían. Nama era lugar donde descansaba la gente, significa donde se descansa”, explica Carlos Nieves, hoy fallecido, sobre el camino que recorrían las comunidades ancestrales para hacer trueque con sus productos.

El trabajo desarrollado por el equipo de antropólogos dirigido por el profesor Mauricio Uribe y coordinado con la comunidad de Nama generaron trabajos participativos en los que contrastaron las historias de memoria oral con el territorio del camino del Inca que hoy conectan a Chile con Perú.

“El pukara y las chullpas, conocidos en la literatura especializada como el sitio arqueológico Nama (ubicados a 2 mil 990 metros sobre el nivel del mar), se emplazan sobre un cerro flanqueado por las quebradas de Guayaquil y Jupuni que desembocan al costado norte de la quebrada de Nama, muy cerca del poblado actual. El pukara constituye un asentamiento habitacional aglutinado con 558 recintos de piedra o pirkas de planta mayoritariamente subcircular o irregular que abarcan una superficie total de 5,6 hectáreas (7.100 m2 construidos)”, puede leerse en el estudio.

El objetivo del trabajo fue articular la preservación del pukara y las chullpas con el Museo por ellos construido y de esta forma proteger estos sitios como patrimonio. La idea es que con esto se prohíba la proliferación de mineras en el lugar, ya que muy cerca de estos sitios ya existen faenas en ejecución.

“Aymaristas somos los que hablamos aymara. Antes aymarista era como un pecado; siempre hemos estado aplastados, somos menospreciados. Ahora como que nos están valorando un poco, pero antes nada. A mí me gusta hablar aymara, pero la gente se burla, no entiende, ‘indio’ dicen; entonces uno deja de hablar, no le enseña a sus hijos para que ellos no sufran como uno. Y ahí estamos perdiendo cultura”, declara Agustín Mamani, uno de los participantes en el trabajo de reconstrucción de memoria oral en el sector de Nama.

Los estragos que han causado las colonizaciones comenzando por las hispánicas, luego las republicanas y ahora la neoliberal, han terminado por invisibilizar estas culturas.

“Nosotros como antropólogos vamos en contra de esa linealidad porque lo que estamos tratando de quebrar es esta realidad impuesta, esa naturalización de las cosas que ha sido construidas a través de la base de intolerancia, violencia y desigualdad. Nosotros queremos un mundo que primero reconozca eso y que cuestione sus bases para poder hacer de una manera distinta”, concluye Mauricio Uribe.

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