Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Cuando el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos inició los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) prometió que los acuerdos que se logren en ese proceso estarían sujetos a su aprobación en un plebiscito. Este, uno de los acontecimientos más importantes de la historia latinoamericana reciente, finalmente ha sido programado para el próximo 2 de octubre.

La arriesgada apuesta de Santos por la paz es digna de reconocimiento, pues la ha hecho en un país con más de cincuenta años en conflicto en el que, seguramente, era más fácil continuar con la inercia de la guerra. La apuesta es más arriesgada debido a que la Corte Constitucional ha declarado que el plebiscito será vinculante para el Presidente, por lo que de ganar el NO las conversaciones de paz podrían continuar, pero ya no bajo el liderazgo de Santos.

VOTAR POR EL NO

La campaña por el NO, liderada por expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático), utiliza principalmente tres argumentos para deslegitimar los acuerdos:

El primero es que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra quedarán impunes (justicia transicional). Sin embargo, los acuerdos señalan lo contario:

a. Solo habrá amnistía para los delitos políticos (rebelión y conexos).

Para los crímenes especialmente graves (delitos de lesa humanidad, masacres, desapariciones forzadas o violaciones) las penas dependerán de cómo y cuándo sean confesados esos crímenes que serán juzgados por el Tribunal para la Paz. Así: i) quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana recibirán penas de entre 5 y 8 años bajo un sistema de restricción de libertad con vigilancia y control, pero con flexibilidad para que puedan cumplir con las funciones reparadoras y restaurativas de las penas (contribuir con los desminados, la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros); ii) quienes reconozcan su responsabilidad de manera tardía recibirán entre cinco y ocho años de cárcel; iii) quienes no reconozcan su responsabilidad recibirán hasta veinte años de cárcel. En los últimos dos casos, las penas serán cumplidas bajo el régimen de reclusión ordinario.

Por si hiciese falta mayor explicación, la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha terminado de desmontar esta falacia al señalar expresamente lo siguiente: «noto con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma».

Otro argumento es que se legitimará a las FARC al promover su participación activa en política. Los acuerdos señalan que se brindarán los apoyos necesarios para que las FARC puedan crear un partido político que coloque tres representantes (tres en la Cámara de Representantes y tres en el Senado), con voz pero sin voto, con una participación circunscrita a las discusiones ligadas a la puesta en práctica de los acuerdos. Asimismo, se les garantiza diez escaños (cinco en cada una de las cámaras) para los próximos dos períodos electorales. Estos escaños no se suman en caso obtengan una mayor representación. Son solo diez escaños de un total de 268 (166 en la Cámara y 102 en el Senado).

Contra lo argumentado, la participación de las FARC en política es, más bien, deseable. No se debe olvidar que el origen del conflicto armado es político y que esta participación supone un reconocimiento explícito de que la lucha armada como mecanismo político ha fracasado; más importante aún es que quienes la descartan son los mismos que la propugnaban. Corresponde ahora derrotar a las FARC bajo las reglas de la Democracia: será el voto de la población el que decidirá la permanencia de la guerrilla en el Congreso.

El tercer argumento es que los miembros de las FARC recibirán un beneficio económico indebido o que no merecen. Los acuerdos señalan que los excombatientes reinsertados recibirán dos millones de pesos (USD 685) como asignación única de normalización y una renta básica mensual de 620.000 pesos (USD 212), equivalente al 90% de la remuneración mínima vital, por 24 meses.

Los negociadores consideraron necesaria esta medida para darles tiempo a los guerrilleros —que en muchos casos no conocen más que los campamentos— a que puedan adaptarse a la vida en sociedad, conseguir un trabajo y rehacer su vida. Se busca evitar que las dificultades de la readaptación los empujen a volver a la violencia como forma de subsistencia. Se prevé que este proceso no será fácil en el escenario posconflicto, pero el costo económico para el país, aun asumiendo los gastos de reinserción, son inmensamente menores a los de mantener una guerra.

VOTAR POR EL SÍ

Los argumentos más importantes a favor del proceso de paz son, principalmente, los costos del conflicto. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia existen 7´844,527 víctimas del conflicto armado, lo que representa aproximadamente el 16.27% de la población colombiana. De este total, 6´883,513 de las víctimas lo fueron por desplazamiento; 975,494 por homicidio (266,396 víctimas directas) y 163,446 por desaparición forzada (46,204 víctimas directas). El 49.64% de las víctimas son mujeres; el 49.58%, hombres; el 0,02%, pertenecen al colectivo LGTBI. Un 0.76% restante no ha sido precisado. El 19.13% son menores de 18 años.

De acuerdo con el Global Peace Index 2016, para el 2014 el costo de la violencia ascendió a USD 139´481,000, lo que representa el 30% del Producto Bruto Interno. En otras palabras, la guerra ha generado un costo per cápita de USD 2,919. Algunas estimaciones del costo de estos 52 años de guerra bordean los USD 179 mil millones.

El fin del conflicto y el cumplimiento de los acuerdos traerán un mayor desarrollo al país y mayor equidad, permitirá a las familias campesinas volver a desarrollar sus actividades económicas, fortalecer nuevamente su tejido social y redefinir su identidad cultural. El país podrá además potenciar actividades económicas como el turismo y la industria a través del incentivo de la inversión nacional y extranjera. El estudio «Dividendo económico de la paz» del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha estimado que, como efecto de la paz, la inversión extranjera directa podría llegar a los USD 36 mil millones (frente a los USD 12 mil millones actuales), el PBI crecería entre 1.1% y 1.9%, lo que implicaría un aumento en el PBI per cápita, que pasaría de USD 6,800 a USD 12,000. Estos efectos se verían en un plazo estimado de diez años.

CONCLUSIONES

No debemos mirar el futuro solo con la retórica de la paz; es necesario confiar en que las concesiones hechas en los acuerdos son pocas en comparación con los potenciales beneficios. Un claro ejemplo de estos es la disminución del número de víctimas por homicidio directo, que pasaron de ser 2,871 en el 2011, a 503 en el 2014 y a 11 en el 2016. Si el número de víctimas del 2011 fuese una constante significaría que el proceso de paz ha evitado la muerte de 9,720 personas en cuatro años.

Colombia tiene que concentrar sus esfuerzos y sus recursos económicos en combatir la pobreza, la desigualdad y la marginación. Para hacer sostenible la paz es necesario hacer frente a las variables estructurales que dieron origen al mismo. Combatir estos flagelos es un imperativo y por eso el gobierno, la sociedad civil organizada, la población y la comunidad internacional tienen el deber moral de cumplir los acuerdos y erradicar la violencia. Colombia se lo merece.

*Economista.