Hasta el piso 15 del Senado, en Valparaíso, llegaron en la tarde los ministros Nicolás Eyzaguirre (Segpres), Claudia Pascual (Mujer y Equidad de Género) y Javiera Blanco (Justicia). Los secretarios de estado acudieron para sostener una reunión con los tres senadores oficialistas que integran la Comisión de Constitución de la Cámara Alta: el presidente de esa instancia, Pedro Araya (Ind.-DC), además de Felipe Harboe (PPD) y Alfonso de Urresti (PS).

En la cita -convocada por el gobierno, y en la que también participaron asesores de esos ministerios- se abordó la tramitación del proyecto que despenaliza el aborto en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional. Y ya fue aprobada, en su idea de legislar, por la Comisión de Salud.

Así, el encuentro tenía como objetivo definir la estrategia para las siguientes semanas. Asistentes dicen que los legisladores plantearon su inquietud por las urgencias que el gobierno le aplicó a varios proyectos que se encuentran en esa comisión, lo que -manifestaron- complicaría la posibilidad de tiempo para avanzar en la despenalización del aborto.

Pero los ministros ya venían con un plan diseñado. Debido a que las presiones desde sectores del oficialismo por acelerar la tramitación venían produciéndose, en privado, desde hace varios días, Eyzaguirre notificó a los parlamentarios que el gobierno decidió aplicarle suma urgencia al proyecto de aborto.

Incluso, agregó en la reunión que serán retiradas las urgencias que tienen las otras iniciativas de la comisión, salvo la que establece entrevistas videograbadas para casos de niños víctimas de delitos sexuales. Esto último, a petición de los integrantes de la instancia.

El martes pasado, Araya, como presidente de la comisión, le había enviado un oficio a Eyzaguirre presionando sobre este tema.

El documento pedía al titular de la Segpres informar si “el gobierno hará uso o no de su facultad legal y constitucional de fijar urgencia legislativa al proyecto”.

Además, solicitaba que el Ejecutivo señale “cuáles son los tiempos que el Ejecutivo visualiza para la tramitación y despacho” de la iniciativa.

La decisión de La Moneda de apurar el avance del proyecto va en contra de la petición que ha planteado la Democracia Cristiana, colectividad que ha resentido un daño interno por la postura que han asumido.

Luego que la semana pasada el texto se aprobara en la Comisión de Salud -con el voto favorable de la timonel de la DC, Carolina Goic-, algunos militantes de la falange renunciaron al partido con duras críticas.

El escenario provocó que la directiva de la DC se pronunciara el lunes pasado, pidiendo respetar la libertad de cada parlamentario para votar en conciencia.

Pese a esto, la discusión del proyecto en profundidad se producirá después de las elecciones municipales de octubre, algo que ha dejado tranquilos, en parte, a algunos sectores de la DC que han buscado evitar que sus candidatos paguen costos frente al electorado de centro.

La Tercera