Hace un año el Ministerio Público (MP) logró demostrar ante Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, de que existían indicios suficientes para que el expresidente Otto Pérez Molina, enfrentara proceso penal y ser enviado prisión preventiva al ser señalado como cabecilla de la estructura criminal denominada La Línea, dedicada a la defraudación aduanera y por otros dos casos de corrupción.

A raíz del caso La Línea, se desprendieron más investigaciones contra Pérez Molina, las cuales están a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se logró determinar su participación en dos casos más; el supuesto contrato ilegal con la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el otro denominado Cooptación del Estado, en la cual el Partido Patriota lo llevó a la Presidencia de la República, recaudaron fondos de manera ilícita para su campaña política en el 2011 y al llegar al poder en 2012 habrían incurrido en actos de corrupción.

El 8 de septiembre de 2015, en el caso La Línea, el expresidente quedó ligado por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo; en la resolución la judicatura ordenó la prisión preventiva. El 6 de mayo de 2016, también quedó ligado a proceso judicial por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, en el caso denominado TCQ. Por Cooptación del Estado, el 27 de julio de 2016, por cohecho pasivo y Lavado de Dinero, son los tres casos que enfrenta Pérez Molina.

Con base a lo anterior se iniciaron diligencias en materia de extinción de dominio que han llevado a materializar medidas cautelares consistente en cuentas bancarias propias del expresidente y de su familia, una vivienda ubicada en el municipio Zaragoza, Chimaltenango y tres lanchas.

Embargo de cuentas

El 4 de abril de 2016, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero u Otros activos del Ministerio Público solicitó el embargo de seis cuentas bancarias, a nombre de Rosa María Leal Flores de Pérez y de Lissette Pérez Leal, esposa e hija respectivamente del ex gobernante.

La petición se efectuó en el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, una cuenta a nombre de Leal Flores de Pérez le inmovilizaron las cantidades de Q1 millón 603 mil 745.06 y US$. 441 mil, 541.23, aproximadamente unos Q3 millones 377 mil 790.40; el total de esta cuenta es de Q4 millones 981 mil 535.46. Las otras cuatro cuentas vinculadas a la ex esposa estaban a plazo fijo y monetario. Mientras que a Lissette Pérez Leal le inmovilizaron una cuenta a plazo fijo por Q500 mil. Las cuales suman un total de Q5 millones 481 mil 535.46 además de un vehículo tipo pick up.

Lo entregado

El 27 de junio de 2016, la Unidad de Extinción de Dominio del MP entregó a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), la mansión de Pérez Molina, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango. El fin de este traspaso es para que el Estado de Guatemala pueda recuperar a su favor los bienes obtenidos producto de actividades ilícitas, y con ello fortalecer a las instituciones involucradas en el combate a la delincuencia organizada.

Esta medida cautelar fue decretada el 16 de septiembre de 2015. El inmueble consta de 16.79 hectáreas y está a nombre de la empresa, Vista Servicios Electrónicos, S A. Entre lo localizado en el interior de la casa había caballerizas, un helipuerto y grandes extensiones de cultivos de aguacate. Dos meses de haber entregado la mansión en Zaragoza, Chimaltenango, nuevamente la Unidad de Extinción de Dominio del MP materializó otra medida cautelar y entregó a Senabed tres bienes vinculados al expresidente.

La diligencia fue realizada el 14 de julio de 2016, en aldea Fronteras, Río Dulce, municipio de Livingston, Izabal, donde se entregó una lancha marca Trhopy, color blanco, una lancha Sea Ray, color blanco, y un Dingui, marca Ápex. De acuerdo a la Ley de Extinción de Dominio, la medida fue solicitada ante juez competente el 13 de julio de 2016, con la finalidad de dar posesión de los bienes a la Senabed.

MP tramita solicitud de Antejuicio

El proceso judicial de Pérez Molina inició el 25 de agosto de 2015, cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad resolvieron darle trámite a la solicitud de antejuicio presentado por el Ministerio Público y la Cicig, que después de las investigaciones preliminares detectaron de su posible participación como cabecilla de la estructura criminal denominada La Línea. El expediente es remitido al Congreso de la República y el 1 de septiembre con 132 votos a favor de diputados deciden retirarle la inmunidad a Pérez Molina.

MP solicita captura

El dos de septiembre, La Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, informó que se dictó la orden de captura contra el exmandatario para que enfrente a la justicia por su presunta implicación en la defraudación aduanera. Ese mismo día el ex gobernante presentó su renuncia al Congreso de la República y su abogado César Calderón, entregó un memorial ante el juzgado e indicó que Pérez Molina se pone a disposición de la justicia, y que está dispuesto a acudir a las citaciones que se le hagan.

Se entrega a la justicia

La mañana del 3 de septiembre de 2015, el ex presidente apareció por primera vez frente a el juez Miguel Ángel Gálvez, para rendir su primera declaración al ser señalado de ser el cabecilla de la estructura la “Línea” que supuestamente defraudó más de Q28 millones al Estado de Guatemala. Las pesquisas efectuadas lograron descubrir a través de 17 allanamientos su participación a través de documentos incautados e interceptación de llamadas telefónicas, que lo llevaron a considerar su probable participación en la comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera.

Para comprobar la participación del exmandatario en los actos anómalos, la Fiscalía cuenta con diversos medios de prueba, entre estos la declaración de Salvador González, alias “Eco”, quien el 7 de marzo de 2016, fue declarado por el juzgado de Mayor Riesgo, como colaborador eficaz en los procesos judiciales.

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