El Estado de Prevención decretado por el presidente Jimmy Morales por un plazo de quince días, también restringe las manifestaciones con carácter político y se pide evitar publicaciones que inciten a la alteración del orden público, según se lee en los incisos g y j del artículo seis que establece las medidas del acuerdo.

La inclusión de estas restricciones no son vistas de manera atinada por diversas fuentes consultadas, que coinciden en afirmar que “no son necesarias y no tienen nada que ver con la lluvia”.

El constitucionalista Mario Fuentes critica la decisión tomada “es improcedente decretar el Estado de Prevención, es un tema que se puede manejar de manera ordinaria” y sobre las restricciones a las manifestaciones y publicaciones opina “preocupa que se restrinjan derechos constitucionales que no tienen nada que ver con las lluvias”.

El politólogo, José Carlos Sanabria, comparte la idea del Estado de Prevención “es importante desde la perspectiva de la prevención” pero no cuestiona las limitaciones “llama la atención la inclusión de estas medidas, no lo veo oportuno” señaló.

Según el Ejecutivo, el Estado de Prevención servirá para adoptar medidas urgentes de reconstrucción y rehabilitación de zonas vulnerables y evitar posibles desastres.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó en su cuenta de Twitter que las primeras acciones son las reuniones con las autoridades departamentales para conocer la situación de cada región.

Adquisiciones

El acuerdo también autoriza al ministerio de Finanzas Públicas a identificar partidas presupuestarias que puedan ser utilizadas para las adquisiciones que se permiten a raíz del Estado de Prevención.

Gabriel Wer, integrante del movimiento JusticiaYa, considera que la medida un reflejo de la tónica “se usan los estados de prevención y excepción para compras anómalas, usar la fuerza innecesariamente y restringir derechos básicos. Es importante prevenir, pero debe ser un esfuerzo bien fundamentado y transparente”.

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