Honduras y Guatemala se han convertido en los países más peligrosos y mortales para los activistas ambientales y para los defensores de los bienes y recursos naturales, denunció este jueves el organismo civil Amnistía Internacional (AI).

En un informe, AI indicó que una oleada de amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios contra activistas ambientales y del territorio, llevados a cabo en los últimos meses, ha agudizado la precaria situación en Guatemala y Honduras.

Publicado seis meses después del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, en Honduras, el documento explora el aumento de la estigmatización, las amenazas, los ataques y homicidios, así como la falta de justicia para los activistas ambientales centroamericanos.

Titulado “Defendemos la tierra con nuestra sangre”, el documento asentó que los defensores ambientales en Guatemala y Honduras luchan por proteger el medio ambiente frente a proyectos en gran escala de minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.

“La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora para América de AI.

AI destacó que el 65 por ciento (122 de 185) de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente registrados en el mundo en 2015 tuvieron lugar en Latinoamérica, según el organismo Global Witness.

Precisó que ocho de estos asesinatos ocurrieron en Honduras y 10 en Guatemala, lo que convierte a estos países en las naciones con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región. “El trágico asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado un mortal punto de inflexión para quienes defienden los derechos humanos en la región”, lamentó Guevara-Rosas.

Añadió que la falta de una investigación transparente y efectiva sobre el homicidio de Cáceres “ha transmitido el abominable mensaje de que disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a poderosos intereses económicos está, en la práctica, permitido”.

El organismo recordó que Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevaba años trabajando para proteger el río Gualcarque del impacto potencialmente negativo de una represa que se planea construir en la zona.

Desde que se inició la campaña contra la represa en 2013, Cáceres había recibido varias amenazas de muerte, que no se investigaron adecuadamente, asimismo el gobierno tampoco le ofreció protección, tal como pidió Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, en Guatemala los activistas ambientales y que trabajan sobre el derecho a la tierra han sido objeto de constantes campañas de difamación dirigidas a estigmatizarlos y desacreditarlos para obligarlos a abandonar su trabajo legítimo, de acuerdo con AI.

Berta CaceresProtesta de indígenas Lencas por la impunidad en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres.
Asimismo, el organismo resaltó que los “mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro existentes en ambos países han demostrado su ineficacia”.

“¿Cuántos defensores y defensoras más de derechos humanos, como Berta, tienen que morir para que las autoridades actúen para proteger a las personas que defienden nuestro planeta? La falta de justicia contribuye a la atmósfera de miedo e impunidad que facilita estos crímenes”, dijo Guevara-Rosas.

Hondudiario