Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El ex presidente brasileño Luis Inazio Lula da Silva fue acusado ayer por la fiscalía de su país, en el marco de la investigación de sobornos en la empresa Petrobras, de propiedad estatal. La imputación presenta al mandatario como el máximo jefe de la trama de corrupción en la petrolera y lo señala por haber recibido comisiones ilegales de la empresa OAS. El paso siguiente es que el magistrado Sérgio Moro decida si el juicio es procedente, cosa que puede darse por segura, habida cuenta de que el juez es enemigo declarado de Lula.

Aunque las investigaciones en torno a las operaciones ilegales conocidas como Lava Jato han puesto fin a la carrera de varios políticos del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha –principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff–, no debe pasarse por alto que es la dirigencia histórica del Partido de los Trabajadores (PT), y particularmente el ex mandatario ahora imputado, el objetivo prioritario del Poder Judicial.

Es significativo que la acusación ocurra días después de que Lula anunciara su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018, lo que otorga a la causa en contra del ex presidente un cariz político inocultable. A ello debe agregarse la poca verosimilitud de la imputación, que contrasta con el nivel de vida del viejo dirigente obrero, muy alejado del enriquecimiento súbito. En contraste, los numerosos integrantes de la clase política tradicional que han sido involucrados en el caso Lava Jato –el ejemplo más grotesco es el de Cunha– ostentan, por regla general, fortunas difícilmente explicables si no es por la corrupción.

En tales circunstancias, la crisis política que vive Brasil acaso deba ser vista como una operación en dos fases: una legislativa, que concluyó con la destitución de Dilma Rousseff, y una judicial, que ahora apunta contra su mentor y antecesor en el cargo. Tal sería, por principio de cuentas, la reacción de una oligarquía que sólo coyunturalmente toleró el ejercicio de la presidencia por un antiguo sindicalista metalúrgico y una luchadora social que participó en el movimiento guerrillero en contra de la dictadura militar en los años 60 del siglo pasado. Pero, más allá de esas animadversiones, es claro que el afán por destruir al gobierno del PT obedecía además al designio de cambiar el rumbo socioeconómico del poder público en la mayor nación de América Latina, suprimir los rasgos soberanistas y populares de la administración y operar una regresión hacia el neoliberalismo, tarea que ya realiza Michel Temer, el presidente impuesto tras la caída de Dilma.

Así pues, la acusación contra Lula parece confirmar que en Brasil se ha operado un golpe de Estado de cuello blanco y que, como ocurría tras los cuartelazos militares de antaño, ha comenzado ya la etapa de persecución de los derrotados.

La Jornada