Funes y familia reciben asilo político de Nicaragua

El expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, investigado por supuestos actos de corrupción, recibió asilo político de parte del gobierno de Nicaragua para él, su pareja, Ada Mitchelle Guzmán y tres de sus hijos por considerarlos perseguidos políticos, según publica este martes La Gaceta, diario oficial del país vecino.

Funes es procesado e investigado por la Fiscalía General de la República de El Salvador, por supuesto enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos cometidos en su mandato 2009-2014.

De acuerdo con el documento oficial de Nicaragua, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgó el asilo a Funes “por considerar estar en peligro su vida e integridad física y la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”.

El documento señala además que Funes tramitó el asilo el pasado 1 de septiembre y le fue otorgado un día después por el gobierno nicaragüense, que entre otras cosas, expresa que la ley determinará la condición de refugiado o asilado político de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua.

El pasado 23 de agosto el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que tenían información de que el exmandatario estaba tramitando un asilo político en Nicaragua, algo que Funes entonces lo desmintió en las redes sociales.

Luego de la divulgación del documento sobre su asilo, Funes aseguró a través de sus redes sociales que no mintió sobre su situación laboral y solicitud de asilo a Nicaragua.

Mauricio Funes fue presidente de El Salvador durante el quinquenio 2009-2014 y actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias, derivado de un proceso civil que enfrenta él, su hijo Diego Funes y su exesposa Vanda Pignato, ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por enriquecimiento ilícito al no poder justificar 728,000 dólares en su declaración patrimonial al dejar la presidencia en 2014.

Documento del Diario Oficial nicaragüense

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ContraPunto


Funes justifica su asilo y dice que quieren anularlo

El expresidente de la República, Mauricio Funes, señaló ayer que “la derecha, el partido ARENA y los grupos de poder” “usarán las instituciones del Estado” para provocar su “muerte civil y política” y, si es posible, aseguró, su “anulación física”.

En un mensaje divulgado en la red social Facebook, aseguró que tiene razones para pensar “que sectores de la extrema derecha salvadoreña están planeando atentar” contra su “integridad física”. No especificó quiénes.

Funes asegura que estos grupos “no toleraron” perder su “capacidad de incidencia” en el órgano Ejecutivo, durante su mandato. “Estaban acostumbrados a utilizar los resortes del gobierno para favorecer sus intereses”, indicó.

El exmandatario, investigado por seis delitos relacionados a la corrupción, por la Fiscalía General de la República, expresó que la Fiscalía debe hacer su trabajo “apegada a derecho” y respetando sus garantías constitucionales. “Puedo demostrar mi inocencia y desmontar un proceso de acusaciones arbitrarias en mi contra que inició la Sección de Probidad de la Corte”, señala. Funes dijo que labora “desde hace más de tres meses” en una “consultoría sobre integración centroamericana”.

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El Mundo


Gobierno dice que Funes se siente perseguido por “otros actores”

El Gobierno dijo este martes que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien recibió asilo político en Nicaragua, se siente perseguido por “otros actores” distintos al Gobierno de su copartidario Salvador Sánchez Cerén.

“Él debe tener los fundamentos para poderse sentir perseguido, no por este gobierno sino por otros actores”, dijo este martes, sin precisar, el portavoz oficial, Eugenio Chicas.

Chicas aseguró en una rueda de prensa que “no le corresponde” al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén “apoyar o no” la decisión de solicitar el amparo de Nicaragua y los argumentos utilizados por Funes, el primer presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e investigado por corrupción.

“Las razones que él argumenta tener para sentirse perseguido solo él las puede emplear” y pedir el asilo “es una prerrogativa que no necesitaba consultárnosla” (al Gobierno), aseguró Chicas.

El Estado nicaragüense otorgó asilo al expresidente, investigado en El Salvador por supuesta corrupción, porque lo considera un “perseguido político”, según publicó hoy La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.

Funes fue el primer mandatario en llegar al poder de la mano de la otra guerrilla del FMLN, actual partido de Gobierno y afín al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el Gobierno de Nicaragua.

De acuerdo con la información oficial, junto a Funes fueron asilados Ada Michell Guzmán, pareja del exmandatario, y sus hijos de 34, 25 y 2 años de edad.

La decisión de Nicaragua se basó en que su Constitución Política “asegura el asilo para los perseguidos políticos, amparando a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”.

Funes aseguró hoy mismo en su cuenta de Twitter pidió el asilo el 31 de agosto, “después de constatar la persecución política” en su contra, sin detallar las circunstancias en que ésta se da.

El ex jefe de Estado es investigado penalmente por enriquecimiento ilícito y “posible” lavado de dinero durante su gestión,un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el Supremo en relación al incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares.

La Fiscalía también acusa a Funes de favorecer con contratos a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez, por lo que allanó sus empresas y la casa del expresidente.

El exgobenante, que no posee orden de captura, ha calificado el proceso judicial en su contra como “show” político, porque las autoridades salvadoreñas “no han encontrado ninguna prueba” en su contra.

Éste también fue citado el pasado 3 de febrero a declarar en la Fiscalía por una investigación por supuestas negociaciones que su administración entabló con las pandillas entre 2012 y 2014 para disminuir los índices de asesinatos.

El Mundo