La Cámara Segunda de lo Civil rechazó ayer una petición de nulidad y ordenó que siga adelante el juicio contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Roberto y la exprimera dama, Vanda Pignato por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo decidieron las dos magistradas del tribunal superior en el primera día de la audiencia preparatoria del juicio, en la cual la Fiscalía presentó 100 de las 270 pruebas contra los encausados.

Enrique Antonio Araujo Machuca, abogado defensor de Funes y su hijo, alegó que el proceso contra el exgobernante se había desnaturalizado y que hubo violaciones a sus derechos.

Planteó además que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ordenó abrir un proceso en contra de Diego Funes.

Lo mismo alegó Jaime Ortega, defensor de Pignato.

Se prevé que la audiencia continúe hoy para recibir el resto de las evidencias.

Continúa investigación penal contra Funes

El Fiscal General, Douglas Meléndez, afirmó que pese al asilo político concedido recientemente por Nicaragua a Funes, el proceso judicial y las investigaciones en su caso continuarán.

“Si consolidamos la investigación (penal) la vamos a llevar a los tribunales, proceso que en su inicio no necesitará de la presencia del expresidente en el país”,

Sin embargo, aclaró que si en el curso del proceso se requiere de su comparencia en los tribunales se le citará. Si no atiende el llamado sería declarado “rebelde”.

El titular del Ministerio Público sostuvo que no ve delito ni apología del mismo en el hecho de que el partido oficial, FMLN, o sus dirigentes le hayan recomendado que se quede en Nicaragua .

“Cualquiera le puede recomendar a alguien que se quede fuera del país o que venga, eso no tiene ninguna implicación delictual”, subrayó.

No obstante, aseguró que si la ayuda va más allá, en lo concreta y material eso es otra cosa, “pero una recomendación o una sugerencia cualquier amigo se la puede hacer a una persona que esté en problema con la ley”, sentenció Meléndez.

Asimismo, el fiscal general se refirió a la audiencia preparatoria contra el expresidente Funes, su esposa e hijo por el delito de enriquecimiento ilícito.

Afirmó que uno de los propósitos de esa audiencia era conciliar, lo que implicaría que un funcionario público puede optar en esta fase por devolver el dinero, “pero en este caso no aplica legalmente ni la Fiscalía está en esa posición”.

Otro escenario es que en la mencionada diligencia se examine y la Cámara admita las pruebas presentadas.

Una tercer posibilidad es sanear o corregir cualquier defecto de los involucrados en el proceso.

Sobre los avances de la investigación que se sigue en el caso Funes, el Fiscal General denunció que fue alterado el documento en el que el expresidente Mauricio Funes dio prestado 700 mil dólares al representante de Mecafé, Miguel Meléndez.

El fiscal manifestó que actualmente los fiscales trabajan en el análisis de diferentes pruebas incautadas en los diversos allanamientos realizados a casas de Funes y Mecafé.
“Tenemos un montón de información que tenemos que analizar”, reiteró.

Por otra parte, ayer, Andrés Amaya, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, señaló que el presunto enriquecimiento de

Funes podría ser superior a los $728 mil determinados por la sección de Probidad de la CSJ.
Amaya dijo que han solicitado a la Cámara donde se ventila el caso el auxilio judicial para realizar el análisis financiero.

El Salvador


Canciller asegura que no fue informado de asilo de Funes

El canciller Hugo Martínez confirmó ayer que el gobierno nunca recibió información por la vía oficial sobre el asilo político que solicitó Mauricio Funes en Nicaragua, aunque dijo que respetan la decisión que tomó el gobierno del vecino país en beneficio del exmandatario salvadoreño.

“No he recibido una consulta oficial y mucho menos por parte del gobierno de Nicaragua durante todo el proceso, no tuvimos ninguna comunicación”, aseguró ayer Martínez a Pencho y Aída.

Según Martínez, hay casos donde el gobierno que asila “pide información” al país de procedencia del ciudadano que solicita protección, algo que tampoco se presentó en el caso de Funes.

Sin embargo, el mismo Funes y dirigentes del partido gobernante han declarado que sí mantuvieron comunicación sobre el tema e incluso el secretario general del partido, Medardo González, afirmó que ellos mismos le recomendaron al expresidente quedarse en Nicaragua y no regresar a El Salvador para que no lo capturen.

Respecto a la celeridad con que fue dado ese beneficio migratorio, Martínez consideró que eso solo depende del gobierno.

“Lo cierto es que la celeridad con la que se resuelven la solicitud y las condiciones por las cuales las determina el gobierno asilante, en ningún momento El Salvador incidió al respecto”, agregó.

El gobierno salvadoreño dijo la semana pasada a través del secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, que Funes se sentía perseguido en el país “por otros actores” externos al actual gobierno y que por ello no le correspondía al Ejecutivo apoyar o rechazar la decisión de Nicaragua.

“Él debe tener los fundamentos para poderse sentir perseguido, no por este gobierno sino por otros actores, las razones que él argumenta tener para sentirse perseguido solo él las puede emplear, solo el las puede explicar, pedir el asilo es una prerrogativa que no necesitaba consultárnosla ni Funes ni Nicaragua”, añadió Chicas.

Martínez dijo que no le corresponde al gobierno darle tratamiento al caso, ya que este se encuentra en instancia judicial y que serán las autoridades fiscales y policiales salvadoreñas las que tendrán que definir criterio al respecto. “No me corresponde a mi calificar ni al gobierno salvadoreño sobre las condiciones por las cuales el gobierno de Nicaragua ha dado asilo, sino que le corresponde al gobierno de Nicaragua dar las explicaciones, no tenemos por qué afectar las relaciones bilaterales con Nicaragua por un caso que se está ventilando en el ámbito judicial”, planteó.

Peña defiende a Funes

Según el ministro, a Funes se le ha dado un asilo territorial (se pide ya internado en el territorio de un país) y que en ese caso “es un poco complicado revertir esa situación o por ejemplo plantear una especie de extradición”.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, salió en defensa deFunes y consideró que “hay un sesgo político” en ese caso.

“¿Qué es este gran escándalo con el expresidente Funes?”, expresó la efemelenista, quien además opinó que el exmandatario está en su derecho de “protegerse” al pedir asilo a Nicaragua, país donde se encuentra desde hace más de tres meses argumentando razón laboral.

A juicio de Peña, las investigaciones en contra de Funes son una “persecución” en la que está detrás el principal partido opositor. “ARENA odia al expresidente Funes”, expresó a canal 12.

Asimismo, indicó que espera que “el Fiscal (General) no siga la agenda de ARENA, ni ceda a las presiones” en el caso contra Funes.

La Fiscalía investiga a Funes por cinco presuntos delitos: peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Además se le procesa por presunto enriquecimiento ilícito.

El Salvador