Empezó el conteo regresivo para lograr un nuevo acuerdo de paz con las Farc. Ese es, al menos, el mandato que recibió ayer el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, quien antes de viajar a La Habana ratificó el compromiso que recibieron las partes en la mesa de negociaciones con las Farc el 2 de octubre: el triunfo del No en las urnas “nos obliga a hacer ajustes y precisiones al acuerdo”.

El jefe de la delegación viajó hacia la isla caribeña acompañado de Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz. Con ellos llevaron varias decenas de propuestas enviadas por distintos sectores políticos y sociales que manifestaron reparos al actual acuerdo, incluidas las del Centro Democrático, y con ellas buscarán salvar el pacto firmado con la guerrilla. “Propuestas que nos han parecido responsables y constructivas, sin que necesariamente estemos de acuerdo con ellas”, dijo De la Calle sobre los planteamientos del uribismo. También incluyeron las de la Fundación Víctimas Visibles, del expresidente Andrés Pastrana; del exprocurador Alejandro Ordóñez, de la exministra Marta Lucía Ramírez y de diferentes grupos religiosos.

Del primer encuentro que arranca hoy con las Farc no se espera una solución concreta y eso lo tienen claro ambas partes. Jaramillo y De la Calle estarían de regreso entre jueves y viernes de la próxima semana con el claro compromiso, eso sí, de informar cómo transcurren las conversaciones y sobre sus resultados, como lo prometió ayer De la Calle. Por lo pronto, el de hoy será un viaje “exploratorio” precedido de un encuentro con familiares de los diputados del Valle para continuar con la planeación del momento simbólico en el que esa guerrilla les pedirá perdón públicamente como un acto de reconocimiento temprano de responsabilidades. Luego sí se encontrarán las delegaciones para empezar a estudiar las primeras propuestas.

Para De la Calle, se debe partir de la base de que el Acuerdo Final era un buen acuerdo con temas fundamentales. “No debemos abandonar el compromiso de recuperar el campo, limpiar la política, contribuir a la superación del problema mundial de la droga, reparar a las víctimas e impartir justicia”, señaló. El cese bilateral del fuego también será clave, si se tiene en cuenta que “la situación es frágil”, según palabras del jefe negociador.

Por ahora, la fecha de orientación, según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, es el 31 de diciembre, lo que significa que puede ser prorrogable. Sin embargo, el reto será frenar la incertidumbre y consolidar un nuevo acuerdo más pronto que tarde, como lo espera la mayoría de los colombianos. Para eso, la primera tarea que esperan sacar en los próximos días Gobierno y Farc es, al menos, construir una matriz con todas las propuestas, revisar las viables y discutir muy bien las que tienen mayor grado de dificultad.

El Espectador


Delegación de paz del Gobierno viaja a la Habana

La delegación de paz del Gobierno para los diálogos con las Farc viajará este viernes a La Habana para iniciar con el grupo guerrillero la discusión de las propuestas de ajuste al acuerdo final.

Según confirmó este viernes el jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, todas las propuestas y reparos que se recibieron de distintos sectores y organizaciones ya fueron “clasificadas y estudiadas minuciosamente”.

De la Calle resaltó las propuestas del Centro Democrático fueron “responsables y constructivas sin que necesariamente estemos de acuerdo con todas ellas”.

Tras el rechazo en el plebiscito al acuerdo logrado en La Habana con las Farc, el Gobierno escuchó durante las últimas tres semanas las propuestas que presentaron algunos de los impulsores del ‘No’, entre los que se encontraban organizaciones de víctimas, el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordoñez y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez.

A pesar de que la idea es discutir con las Farc cuáles de las propuestas se pueden acoger o qué precisiones se pueden hacer en el acuerdo, De la Calle destacó que tampoco se puede perder gran parte de lo que ya se había avanzado.

“Sin perjuicio del examen abierto, no debemos olvidar que lo acordado, más allá de los temas bilaterales para superar el conflicto, contiene iniciativas muy útiles para Colombia. No debemos abandonar el compromiso de recuperar el campo, limpiar la política, contribuir a la superación del problema mundial de la droga, reparar a las víctimas e impartir justicia”, dijo el jefe negociador.

El Tiempo


Los puntos en los que no cederán las Farc ni el Gobierno

Ante las propuestas presentadas por los representantes del No, para modificar los acuerdos de La Habana, tanto el Gobierno como las Farc han señalado cuáles son las líneas rojas que no pueden ser tocadas en un nuevo acuerdo.

El presidente Juan Manuel Santos cerró ayer el buzón para recibir propuestas por parte de los representantes del No. Hoy los negociadores de Gobierno partirán a La Habana para llevar las observaciones y que sean discutidas en la mesa de diálogos con las Farc.

El uribismo, por su parte, ha rechazado lo que considera una actitud desafiante del presidente Santos y denuncia que lo que se quiere es desconocer el resultado del plebiscito del 2 de octubre, así como se ha reafirmado reafirman en sus propuestas de modificar sustancialmente el acuerdo final, firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena.

Aunque la decisión del plebiscito obliga a construir un nuevo acuerdo, esto no significa que se tengan que partir de cero en la negociación y tumbar los pilares que sostienen el acuerdo que se edificó durante más de seis años de negociación. De hecho, Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo guerrillero, ha dicho en recientes entrevistas que los representantes del No han propuesto elemento que atentan contra esas bases.

¿Cuáles son los puntos que sin inmodificables por parte de las Farc y el Gobierno?

Propiedad privada

Enrique Santiago recomendó que lo mejor en este punto era despejar las dudas y ser más precisos en la redacción para evitar ambigüedades. ya que este ha sido uno de los puntos más criticado por los opositores. Pero así como las Farc consideran que es posible hacer precisiones en esta materia, también han manifestado que existe un inamovible: el concepto de propiedad privada entendida como un derecho para todos los colombianos, no solo para los grandes terratenientes.

Es decir, que se garantice el derecho a la tierra de quienes la consiguieron legítimamente para hacer inversiones, así como también para aquellos que sufrieron el despojado de sus parcelas en desarrollo del conflicto armado.

Según Santiago, el uribismo pretende eliminar el análisis de contexto como prueba el despojo, que no solo ataca el acuerdo sino la Ley de Restitución de Tierras

El punto genera debate, sobre todo, desde el Centro Democrático se radicó un proyecto de ley que pretende ordenar “la titulación de la tierra adquirida de buena fe, estimula la formalización y protección de derechos adquiridos”. Desde el Gobierno se denunció que la verdadera intención de esta es la de acabar con miles de procesos adelantados por el antiguo Incoder para recuperar terrenos ocupados de forma ilegal.

Justicia Transicional

Una de las críticas de la oposición al acuerdo de paz es la implementación del sistema de Jurisdicción Especial para la Paz. Especialmente en lo que tiene que ver con que el tratamiento especial para los excombatientes, ya que según el uribismo, estos deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.

La implementación de este sistema ha sido llamada por la oposición como una “feria de impunidades” y exigen que los responsables de graves delitos o de crímenes de lesa humanidad paguen ´sus sanciones en cárceles ordinarias. En este punto, el presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático al señalar que tal pretensión desconocería que en Colombia existe un conflicto armado y la utilización del Derecho Internacional, especialmente la justicia transicional.

Por su parte, Santiago puntualizó que la justicia transicional hace parte de todos los procesos de paz del mundo, en los que los Gobierno deben ceder ante las pretensiones de la otra parte del conflicto, ya que esta herramienta sirve “transitoriamente” para que una sociedad pase de un conflicto armado, a un escenario de posconflicto.

Participación política

Enrique Santiago también sostuvo que no se trata de garantizar la elegibilidad de los máximos comandantes de las Farc y que ese es un punto que puede ser reconsiderado. Lo que no se puede reemplantear es el postulado de la negociación política, según la cual se van a cambiar las balas por los votos. Es decir, las Farc no va a renunciar a su aspiración de convertirse en un partido político.

Bien sea con otros candidatos o con miembros excombatientes de la misma guerrilla, el partido político de las Farc tendrá que ser una realidad y deberá contar con las condiciones de garantía y seguridad para tener la oportunidad de participar de la lucha democrática por el poder, tal como ha pasado con los grupos guerrilleros de los años noventa, como el M-19, el EPL o el PRT.

En este asunto, el Centro Democrático ha presentado sus reservas frente a las curules directas que contempla el acuerdo final, que son cinco en Cámara y cinco en Senado durante dos períodos constitucionales, e incluso ha criticado las Circunscripciones Transitorias Especiales que crea el acuerdo para que las comunidades más golpeadas por el conflicto armado tengan representación en la Cámara baja del Congreso de la República.

Conexidad

Explica Santiago que no existe en el derecho internacional una consideración sobre el narcotráfico como un delito de lesa humanidad. Partiendo de este, dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen sentencias que determinan que se le podría aplicar la conexidad al delito político, solo en aquellas conductas en las que se demuestre que su ejercicio y los recursos conseguidos a través de este fueron destinados para la financiación de la guerra y no para el beneficio individual. En decir, si los dineros conseguidos con esta actividad ilegal entraron a la estructura financiera de las Farc, podría ser considerado como un delito conexo al delito político.

Negociación y tiempo

Las Farc también han dejado claro que la negociación es entre el Estado y la insurgencia. Por lo que no es posible negociar con partidos políticos ni fracciones de otras tendencias y han descartado la posibilidad de una mesa tripartita, lo que no significa que no se puedan crear espacios de comunicación con representantes del No para escuchar sus propuestas pero siempre teniendo en cuenta que la mesa de diálogos es entre dos partes enfrentadas en el conflicto armado: el Estado y la guerrilla.

Otro factor inamovible es el tiempo. Desde varios sectores que apoyaron el Sí y la movilización ciudadana se ha acusado al uribismo de querer dilatar el proceso, con miras a las elecciones presidenciales de 2018, por eso tanto para las Farc como para el Gobierno el asunto tiene que resolverse en pocos meses y la fecha límite es 2016. Es decir, antes de finalizar el año debe estar listo el nuevo acuerdo de paz.

El Espectador