Acompañado de representantes de movimientos sociales y ciudadanía en general, el presidente de la República, Rafael Correa, llegó este lunes hasta la Corte Constitucional para sustentar su propuesta de consulta popular sobre paraísos fiscales, en el marco del denominado ‘Pacto Ético’. El recorrido inició desde la maternidad Isidro Ayora hasta la sede de la corte, frente al parque El Arbolito, en Quito.

En su intervención, el Mandatario explicó que los paraísos fiscales constituyen “una de las peores aberraciones del actual orden mundial”, pues significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado, narcotráfico, sostén del terrorismo y, en definitiva, corrupción.

“Lo acabamos de sufrir en carne propia, en forma muy dolorosa, la corruptela que encontramos en la Refinería de Esmeraldas. No eludimos nuestra responsabilidad y le pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano, pero que quede claro que si no hubiese paraísos fiscales no hubieran tenido tanta facilidad para los cohechos, para las corruptelas y no solo del lado público sino también privado”, apuntó el Jefe de Estado.

Añadió que los paraísos fiscales “facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales (…) son el capital sin rostro, sin responsabilidad, sin patria”, manifestó ante los jueces.

Correa señaló que se calcula que solo con lo que se evade en impuesto a la renta de los capitales latinoamericanos que han estado en paraísos fiscales se podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas en América Latina.

Mencionó que, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, los paraísos fiscales ocultan de 5 a 7 billones de dólares. Mientras que el dinero de los impuestos evadidos supera los $ 255 mil millones anuales, monto que representa el quíntuple de lo necesario para lograr los objetivos del milenio.

También se refirió a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJ), que reveló una base de datos con información de 200 mil empresas off shore a escala internacional, creadas con la firma Mossack Fonseca, en la que constan 3.923 contribuyentes de Ecuador con 3.500 empresas. “Esta información confirmó que la opacidad que rodea a los paraísos fiscales alimenta la corrupción y socava la capacidad de los países para recaudar los impuestos que les corresponden”.

En el caso de Ecuador, apuntó que de acuerdo con cálculos, $ 30 mil millones originados con el esfuerzo de toda una nación, están en paraísos fiscales. Solo en 2014 y 2015 salieron del país $ 3 mil millones, equivalentes a una escuela del milenio por mes.

Sin embargo, Correa puntualizó que desde el inicio de su gobierno se han impulsado varias reformas a las leyes tributarias para combatir las consecuencias de estos paraísos fiscales. “No es que se nos ocurrió ahora, pero cuando pasó lo de los ‘Panama Papers’ si antes era importante esta lucha, se volvió urgente”.

Por todo lo antes expuesto, dijo Correa: “Considero necesario que el pueblo ecuatoriano decida sobre la relevancia de que ningún servidor público debe tener bienes o capitales en paraísos fiscales”.

A continuación, el Mandatario leyó la pregunta:

Además, el Jefe de Estado aclaró que se quiso distorsionar su propuesta dando a entender que se prohíbe la participación de ciertos candidatos en las próximas elecciones. Dijo que nadie será impedido, puesto que en su planteamiento claramente se indica que, de aprobarse la consulta, se da un año para se desprendan de sus bienes o capitales y empresas en esos paraísos fiscales.

Finalmente, Correa indicó a los magistrados que pone a su disposición esta propuesta para que califiquen su constitucionalidad y permitan al pueblo ecuatoriano que decida.

Acto seguido, los jueces dieron la palabra a representantes de distintas organizaciones sociales y asambleístas. Liliana Durán, representante del Foro Nacional de la Mujer Ecuatoriana, subrayó que respaldan el pacto ético, pues “en el país nos deben representar personas éticas, personas que confíen en la Patria, que no evadan impuestos”.

“Los paraísos fiscales son para quienes quieren evadir impuestos, quienes han obtenido recursos de forma ilícita”, dijo de su lado Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que también respalda la propuesta del Presidente de la República.

También intervino José Agualsaca, presidente de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), quien pidió a los magistrados que se apruebe la consulta. “Esta es una lucha por la justicia social”, apuntó.

“Apoyamos mil veces sí al Pacto Ético, pues contribuirá a una mejor redistribución de la riqueza”, manifestó de su lado Franklin Columba, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín).

Además, intervino Sixto Zotaminga, presidente de la Red de Jóvenes de Pichincha, quien indicó que la propuesta fundamenta un Estado más justo y solidario, permite tener gobiernos más transparentes.

Al final de la audiencia, la jueza ponente Wendy Molina indicó que conforme a la normativa correspondiente a este proceso constitucional el proyecto de dictamen será remitido dentro del término de 10 días hábiles.

El Telégrafo