Fallo de la Procuraduría contra Piedad Córdoba “se basó en conjeturas”: Consejo de Estado

Para el Consejo de Estado la Procuraduría General basó su fallo en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz “en conjeturas e indicios”. En el fallo que tumbó la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad por 14 años para ocupar cargos públicos tuvo como fundamento dos testimonios sueltos que nunca pudieron verificarse.

El alto tribunal consideró que nunca se determinó que la entonces congresista financiara con 25 millones de pesos la campaña del candidato a la Cámara de Representantes Ricardo Antonio Montenegro para las elecciones del año 2010 sin contar con el aval del partido Liberal. Esta falla fue considerada por la Procuraduría como gravísima a título de dolo.

En el estudio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la Sección Segunda del Consejo de Estado encontró que el Ministerio Público basó su fallo en un papel encontrado en la libreta del candidato en el que aparecía el nombre de Piedad Córdoba. Para el órgano de control disciplinario esto demostraba el apoyo que recibió Montenegro.

La Procuraduría también le dio validez a la declaración de la contadora del Partido Liberal quien aseguró que Córdoba Ruiz no había recibido aval alguno para apoyar la candidatura política. “Sin ningún documento afirmó de manera suelta que la senadora había donado esos $25 millones”.

“A nivel del análisis de la prueba se encuentra que ello no fue así. Se tuvieron otros documentos que permitieron establecer que no había una prueba cierta, habían indicios que de pronto se había dado una plata en favor de esta persona”, precisó la magistrada Ibarra quien fue la ponente de la decisión.

En este punto aseguró que la Procuraduría General cumplió con sus funciones a la hora de abrir la investigación puesto que consideraba que se había presentado una irregularidad, sin embargo en el desarrollo de la misma incurrió en “conjeturas” que finalizaron con la sanción disciplinaria.

“Para sancionar tanto en materia disciplinaria y en materia penal el indicio no es plena prueba, no es un medo que sea idóneo para ello porque juega con la vida de las personas, con sus derechos y demás”, precisó. Para el Consejo de Estado existió una mala interpretación de los documentos y pruebas recolectadas en la investigación por parte de la Procuraduría General.

La magistrada Sandra Lizeth Ibarra manifestó en rueda de prensa que tras la publicación de la sentencia la exsenadora Piedad Córdoba recobrará sus derechos políticos. La exparlamentaria en este caso no presentó una solicitud de reparación económica puesto que lo único que buscaba era el control de legalidad directo.

“Injustamente inhabilitada”

En su cuenta de Twitter, la senadora publicó una serie de mensajes después de conocer la decisión del Consejo de Estado. Para Piedad Córdoba el fallo emitido este martes le renovó su fe en la justicia colombiana, truncada con las decisiones de la Procuraduría General en 2010 y 2012.

“Felicito al Consejo de Estado con sus recientes fallos empieza a reconstruir daños que otros le hicieron a la democracia y a la justicia”, trinó Córdoba Ruiz quien calificó las sanciones disciplinarias emitidas en su contra como injustas.

Para la excongresista la Procuraduría la buscó inhabilitar de por vida de la política, acción que fue un aliciente para seguir. “Me enseñaron a trabajar por la paz, eso ha sido la más enriquecedora”.

Comunicado del Consejo de Estado

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, decisión que la había destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos.

Según el Ministerio Público, la excongresista incurrió en falta gravísima a título de dolo porque supuestamente había contribuido económicamente a la campaña del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Ricardo Antonio Montenegro Velásquez, en el 2010.

La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, estudió el caso y encontró que dentro del proceso no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria.

La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario.

El Espectador


Piedad Córdoba, la excongresista que vuelve a la arena pública

La arena política vuelve a tener a una de las grandes representantes de la izquierda en el país: Piedad Córdoba. La mujer de 61 años, que fue acusada de ser un enlace político de las Farc bajo el alias de Teodora de Bolívar, según se leía en unos supuestos correos obtenidos del computador del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes –pruebas que fueron desestimadas por la Corte Suprema de Justicia porque se violó la cadena de custodia–, ya tiene las puertas abiertas para nuevamente lanzarse al Congreso y retomar el protagonismo que por muchos años mantuvo en el Senado.

Desde los años 80 mostró su temple en la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde se graduó de derecho, y en las calles de Medellín, cuando trabajaba con comunidades marginadas de esa ciudad y defendía el derecho a la igualdad. Abrió un bar para ayudarse a pagar sus estudios. El negocio era reconocido como la taberna Mi viejo San Juan, atendida por ella misma y sus tres hermanos, pero un petardo acabó con el lugar.

Cuenta que su vida universitaria fue muy accidentada. “Venía muy mal recomendada del bachillerato, por haber organizado a mis compañeras contra las directivas del colegio y porque me reconocía como una fiel seguidora de Jesucristo, el primer revolucionario. De verdad la vida se me hizo imposible en la universidad; afrodescendiente, revolucionaria, con peinado afro y minifalda en un claustro, como la Universidad Bolivariana, una institución absolutamente confesional. Ahí aprendí a resistir, a prepararme para vivir una vida accidentada en la política, a no dejarme sacar del juego. Lo intentaron de todas las formas, sin embargo logré terminar titularme como abogada”, le contó a este diario.

Tuvo su primer cargo público como guarda de Rentas Departamentales. De ahí, pasó a ser jueza de renta departamental, cargo al que renunció porque “no soportaba la corrupción”. En 1984 fue nombrada subcontralora municipal de la capital antioqueña. Piedad Córdoba dice que sus inicios en la política fueron muy ingenuos: “Me habían acostumbrado a escuchar los grandes discursos del Congreso de la Republica a través de la radio, escuché los debates contra la corrupción de William Jaramillo y me entusiasmé muchísimo, lo busqué, lo encontré en la izquierda liberal y ahí me quede recorriendo Medellín y Antioquia y luchando para terminar con la corrupción y las injusticias”.

Fue esa alianza con William Jaramillo la que la catapultó en la política. Su proyección comenzó cuando al dirigente liberal lo designaron como alcalde de Medellín en 1986, quien nombró a Piedad Córdoba como su secretaria privada. Dos años más tarde dio el primer salto a unas elecciones: fue elegida como edil y luego como concejal de Medellín.

Su próximo objetivo fue la Cámara de Representantes, pero salió derrotada en las elecciones de 1990. Sin embargo, Piedad Córdoba tendría su revancha en las elecciones de 1991, cuando salió electa como representante después de establecida la nueva Constitución. Paralelamente, su mentor político, William Jaramillo, era uno de los congresistas más fuertes de Antioquia.

En 1994 Jaramillo anunció que no buscaría la reelección y le entregó las banderas de su campaña a Piedad Córdoba, quien fue elegida como senadora para el periodo entre 1994 y 1998. En ese momento, era una fuerte crítica de la Alcaldía de Medellín por supuestos vínculos con la mafia. Al poco tiempo le pusieron tres bombas a su negocio.

Su rápido ascenso en la política y sus debates por la defensa de los derechos humanos y, especialmente, por buscar una solución pacífica al conflicto, la pusieron en el radar de Carlos Castaño, máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese entonces era una de las congresistas que más acercamiento buscaba con las guerrillas para generar un espacio de confianza y poder sentarse a negociar la paz, tanto así que se llegó a hablar de una zona de despeje para el Eln y de liberación de secuestrados.

Sus ideas le costaron su libertad: el 21 de mayo de 1999 fue secuestrada por los paramilitares bajo órdenes de Castaño.

Fueron 16 días que marcaron la vida de Piedad Córdoba y su futuro político. Hombres de la banda la Terraza, comandada por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, la retuvieron ilegalmente en un centro médico del barrio El Poblado en Medellín. La llevaron luego hasta Córdoba, a una finca de los hermanos Castaño, donde se enteró de que su secuestro era porque la habían señalado de ser jefe de finanzas del Eln.

Tiempo después, según ella, se enteró que el responsable había sido el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez –investigado por este caso y por el homicidio de Jaime Garzón–, quien entregó a los paramilitares una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que ella sostuvo con jefes de la guerrilla sobre una posible negociación de paz. Piedad Córdoba le explicó a Carlos Castaño que esas conversaciones se dieron porque en ese momento era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Tras ser liberada no solo tuvo que salir al exilio, sino que los señalamientos en su contra por ser una supuesta colaboradora de la guerrilla se hicieron más frecuentes. Junto a sus cuatro hijos se fue a vivir a Canadá hasta 2001, año en que se cansó de huir y decidió regresar a hacer política y dejar de limpiar casas ajenas. Cuando volvió a Colombia fue víctima de dos atentados más que no la hicieron desistir de su idea de volver al Senado.

Para las elecciones del año 2002 no pudo hacer política en sus zonas tradicionales. En Antioquia los paramilitares le cerraron la puerta, sus mejores votaciones se esfumaron, pero Bogotá fue su salvación. Los votantes de la capital fueron los que le permitieron regresar al Congreso. Volvió a ser la piedra en el camino del gobierno y de los partidos de derecha.

Sus intensos debates –como el que le hizo al entonces ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos en 2003 por corrupción– la llevaron a ser elegida como presidenta del Partido Liberal.

En 2005, por petición de la Procuraduría en respuesta a unas denuncias de fraude electoral en el Valle del Cauca y Atlántico, se modificaron los resultados de 2002 y Piedad Córdoba perdió votos. Salió del Congreso. Para las elecciones de 2006 se presentó nuevamente y salió electa. En 2007 fue designada por el entonces presidente Álvaro Uribe como mediadora ente las Farc para lograr la liberación de secuestrados y adelantar negociaciones para un acuerdo humanitario.

Su tarea la realizó junto al presidente venezolano, Hugo Chávez. Entre enero y febrero de 2008, la senadora logró que seis secuestrados recuperaran la libertad. Por ejemplo, el 10 de enero de ese año, las Farc liberaron a la excongresista Consuelo González y a Clara Rojas, quien fue la fórmula presidencial de Ingrid Betancur.

Los siguientes en ser beneficiados por las labores de Piedad Córdoba fueron Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Gechem, el exgobernador del Meta Alan Jara, el exdiputado del Valle Sigifredo López, los policías Walter José Lozano Guarnido, Alexis Torres Zapata y Juan Fernando Galicia, y el soldado del Ejército, William Domínguez.

Su gestión la hizo ganar gran reconocimiento a nivel nacional. Llegó incluso a ser tenida en cuenta para ser candidata presidencial, pero una decisión de septiembre de 2010 acabó con su idea de seguir en la política. El procurador Alejandro Ordóñez la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. Cortó de raíz su ascenso y los señalamientos en su contra –algunos con tintes raciales– por ser supuestamente guerrillera no cesaron. Las aguas turbias se calmaron cuando la Corte Suprema dejó sin validez las pruebas que la vinculaban con el grupo guerrillero.

Antes de que el Consejo de Estado tumbara las dos decisiones que la inhabilitaban para hacer política, continuó trabajando por la liberación de secuestrados y por buscar una salida negociada al conflicto. Se le vio muy activa en el proceso de paz con las Farc, pues fue una de sus principales defensoras. Asimismo, siempre fue reconocida por apoyar minorías, como la comunidad LGBT, y promover políticas públicas en favor de las mujeres.

Ahora, sin sanciones en su contra, esta mujer hija de un hombre negro y una mujer blanca, que trabajó junto a sus abuelas en escuelas para gente pobre, espera volver a luchar por los ideales que la llevaron ser política: “En esas escuelas conocí el hambre y la pobreza, la falta de oportunidades y esto me buriló en la rebeldía. Supe de las discriminaciones por el hecho de que mi padre era negro, al igual que toda mi familia paterna”. Dice que espera que la deslealtad, la corrupción y los intereses personales de alguien en el poder no la vuelvan a sacar del camino.

El Espectador