Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El laberinto venezolano parece no tener salida. En la misma semana se aplazaron los comicios regionales que deberían desarrollarse en diciembre, el gobierno presentó el presupuesto (por decreto) con el aval de Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral suspendió el referéndum revocatorio impulsado por la oposición a Nicolás Maduro por supuestas irregularidades en la presentación de las firmas.

Como era de suponerse, esta situación agudizó el enfrentamiento entre chavismo y anti-chavismo con acusaciones cruzadas y una violencia discursiva que parece recrudecer. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta confrontación? Aquí algunas reflexiones.

La discusión política no es esencialmente negativa. Es parte del juego de la política y del debate de proyectos políticos, económicos, sociales y culturales. Venezuela ha tenido mucho de esto durante las presidencias de Hugo Chávez con el valor agregado del empoderamiento popular gracias a las herramientas constitucionales y la participación del pueblo en las urnas casi una vez al año.

Cuando la oposición nacional e internacional acusaba al chavismo de dictadura, la respuesta estaba sustentada en la cantidad de elecciones ganadas por Chávez y el respeto a los resultados adversos tales como el referéndum constitucional del 2007. Esto siempre fortaleció al gobierno en un contexto de fuerte presión internacional. En este mismo sentido, el gobierno de Maduro recibió un cachetazo electoral en diciembre de 2015 que ubicó a la oposición en la presidencia de la Asamblea Nacional, uno de los poderes del Estado. Contra todas las acusaciones, el gobierno respetó el resultado y el opositor Henry Ramos Allup asumió la presidencia del órgano legislativo. Esto desactivó, por ejemplo, la aplicación de la cláusula democrática en el Mercosur propuesta por Mauricio Macri apenas asumió la presidencia argentina. No obstante, la confrontación política tradicional incorporó un nuevo elemento que nos permiten entender la situación actual: La confrontación entre poderes del Estado.

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla cinco poderes del Estado: El Poder Ejecutivo, el Legislativo (Asamblea Nacional), el Judicial (constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca), el Poder Electoral (representado por el Consejo Nacional Electoral) y el Poder Ciudadano (con el Consejo Moral Republicano -CMR- integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y el Contralor General de la República).

Con la victoria opositora comenzó un proceso en el que la disputa política se trasladó y se expresó en la negación de los poderes del Estado. La Mesa de Unidad Democrática intentó impulsar la Ley de Amnistía para liberar a los que considera “presos políticos”. Especialmente al opositor Leopoldo López, condenado por su responsabilidad en las guarimbas del 2014 que terminaron con la vida de 43 personas. Esta, como otras iniciativas fueron consideradas inconstitucionales por el TSJ. Así ha transcurrido este año, la oposición se paró en la Asamblea Nacional como si presidiera el Poder Ejecutivo, negando el resto de los poderes del Estado y el Poder Ejecutivo ninguneó al órgano legislativo, por ejemplo, con la presentación por decreto del presupuesto, tal vez, anticipando un voto en contra. La Asamblea Nacional acusa de chavista a los otros poderes mientras que el Poder Ejecutivo trata de destituyente a todas aquellas iniciativas opositoras aprobadas en la Asamblea Nacional.

La suspensión del revocatorio agudiza todo, ya que esta decisión del CNE a quien ya acusaban de demorar hasta el último plazo el proceso para que el revocatorio se realice el año que viene, reactivó el discurso opositor sobre el carácter antidemocrático del gobierno de Maduro. ¿Cuánto puede tardar en activarse la discusión sobre la aplicación de la Carta Democrática en la OEA? ¿Cuánto pueden demorar los presidentes del Mercosur en volver pedir la suspensión del país bolivariano del bloque?

Si el chavismo forzó este escenario como parte de una estrategia, a todas luces se puede considerar como pésima. El gobierno ganó 18 de 20 elecciones en estos años, ¿Por qué arriesgar el carácter democrático de un proceso en el mayor contexto de debilidad? Con esto, la oposición tiene una carta en la mano para movilizar, denunciar, atacar y esmerilar, y el gobierno parece construir el escenario ideal para que lo haga. ¿El gobierno querrá dirimir el futuro del país en las calles?

Lo más importante del proceso chavista estuvo centrado en las participación del pueblo en las urnas. Si lo resigna, se mete en el terreno de la violencia que siempre quiso la derecha vernácula, regional e internacional, en un contexto en el que la oposición recuperó capacidad de movilización. De nuevo, como estrategia es pésima, y si se trata de un error es grave.

Hace cuatro años, Hugo Chávez hablaba de “Golpe de Timón”, una serie de puntos claves para el desarrollo del proceso chavista en el ciclo 2013-2019 en el que adelantaba una situación de debilidad en términos económicos y ciertos desgaste al interior del chavismo. Proponía fortalecer el poder comunal y la autocrítica en las bases partidarias. En ningún momento propuso estar al margen de las instituciones, sea nacionales o internacionales y aislarse. ¿Por qué hacerlo en un marco institucional configurado durante el proceso político iniciado en 1999 con la reforma constitucional?

Ahora la oposición utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar un proyecto que contempla declarar la ruptura del orden constitucional y golpe de Estado, abrir un juicio político a Nicolás Maduro, solicitar activación de mecanismos internacionales, denunciar al Estado ante la Corte Penal Internacional por frenar el Revocatorio, designación de cinco rectores y suplentes del CNE, y elección de nuevos magistrados del TSJ. El Poder Ejecutivo considera que con esto la oposición busca dar un golpe de Estado parlamentario. ¿Cómo reaccionará el TSJ frente a la aprobación de esta ley? Es evidente que la oposición busca ganar terreno en los otros poderes del Estado y lograr que esos lugares sean ocupados por funcionarios con más sintonía con el proyecto opositor.

No es nuevo que la derecha venezolana tenga planes destituyentes. Lo lograron en 2002. Lo intentaron en 2004 y 2014. La respuesta del gobierno siempre fue el contundente apoyo en las urnas. Esta no debiera ser la excepción.

Así está dada la disputa política en Venezuela, en la calle con movilizaciones y utilizando jerga militar. En al ámbito político, bajo un nuevo “Teatro de operaciones”. Los poderes del Estado son el nuevo escenario de la disputa frontal entre gobierno y oposición.

Venezuela es una gran incertidumbre, un laberinto del que no es seguro salir. Ni siquiera por arriba.

*Director de Resumen del Sur, periodista. Mar del Plata.

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