El Ministerio Público pidió la detención preventiva del empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el denominado caso Focas, informó la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura.

“En este caso el Ministerio Público solicitó detención preventiva para Samuel Jorge Doria Medina, situación jurídica que se analizará en la audiencia pública del día jueves 3 de noviembre”, sostuvo Suntura.

Después de haber recibido la imputación formal en los casos denominados ENFE y Focas la Sala Penal del TSJ fijó fecha y hora para la audiencia cautelar de Doria Medina y otros implicados en los mencionados casos.

Focas era un sistema de préstamos de EEUU a Bolivia que posteriormente ese país condonó a cambio de que se conforme una fundación privada. Doria Medina, siendo ministro de Planeamiento en 1992, aceptó esa condición de EEUU ya que era más favorable que pagar el crédito. Sin embargo, la Fiscalía lo acusa de “haber traspasado fondos públicos a una entidad privada”.

La audiencia que podría definir que Doria Medina sea detenido se llevará a cabo el 3 de noviembre, en Sucre; el caso de ENFE, que involucra a dos docenas de exautoridades, se realizará el 9 de noviembre en esa ciudad.

En un reciente comunicado, UD, liderado por Doria Medina, dijo que “han pasado 10 años del gobierno del MAS y 24 años desde que Samuel fungió como autoridad. Inventaron esta investigación que no soporta ninguna prueba, como una herramienta de persecución a la que estamos sometidos todos los ciudadanos que desempeñamos funciones políticas en Bolivia. Este es el juicio número 16 contra Doria Medina”.

Además de Doria Medina, la Fiscalía presentó, por el caso Focas, imputación formal contra Fernando Illanes, Reynaldo Peters, Arturo Beltrán, Raúl España, Juan Demeure, Antonio Céspedes, Enrique Ipiña, Hernán Antelo y Germán Quiroga, sindicados en los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Los Tiempos